El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha presentado este jueves en una comparecencia pública para los periodistas, en la sede del tribunal, en la calle General Castaños, la Memoria 2022, donde se recoge la actividad de los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid en el pasado ejercicio.

Como cada año, el máximo responsable de los jueces y magistrados madrileños ha desgranado los aspectos fundamentales del documento en un encuentro mantenido en el salón de actos del propio tribunal ante un significativo número de representantes de los medios de comunicación, quienes, con posterioridad, han tenido la oportunidad de realizar las preguntas que han deseado para su mejor conocimiento de los datos contenidos en la Memoria.

Rodríguez Padrón ha realizado una radiografía general de la situación de la Justicia en la Comunidad, que ha calificado de ‘muy preocupante’ y que ‘no puede tolerarse en nuestro estado de derecho’. En concreto, y como uno de los ejes vertebradores de su exposición, ha alertado del ‘grave impacto de las sucesivas huelgas de Letrados y funcionarios de la administración de Justicia’, que ‘han desbaratado y desarbolado’ los planes de recuperación que, desde la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid, se habían desarrollado para paliar, ha dicho, ‘el mal endémico de la pendencia; problema capital que venía lastrado aún por el eco y los efectos de la pandemia’.

Además de la pendencia estructural, agudizada por la reciente sucesión de huelgas aún latentes, el presidente del TSJ de Madrid ha señalado como un ‘tercer factor que incide directamente en el crítico panorama’ de la Justicia en la región el ‘parón legislativo’ que ha supuesto la convocatoria de Elecciones Generales, lo que ha determinado que las reformas legales destinadas a paliar la situación que se encontraban en trámite parlamentario hayan quedado en suspenso.

Frente a ello, el máximo responsable de los jueces en la Comunidad, ha expuesto la iniciativa que la Sala de Gobierno del Tribunal ha remitido con su correspondiente informe al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. La propuesta del órgano gubernativo del TSJM pasa ‘no por la creación de nuevos órganos judiciales, idea que ya se ha visto que no funciona, sino por la creación de más plazas de jueces’, ha indicado. En ese sentido, y toda vez que los veintiún partidos judiciales de la Comunidad de Madrid están servidos por poco más de 800 jueces y magistrados, harían falta, según sus propias palabras, ‘500 jueces más para afrontar la situación con solvencia’. 500 nuevas plazas que ‘de forma ideal’ serían creadas gradualmente en el transcurso de un ‘programa a desarrollar en los próximos cinco, siete e incluso diez años’. Continuando esa línea argumental, Rodríguez Padrón ha recordado que la ratio de jueces en España es de 1 por cada 10.000 habitantes, la mitad que la media de la Unión Europea; ‘una ratio –ha dicho- que responde a la denominada ley de demarcación y planta que data de 1988 y que respondía un país que ha cambiado y que tiene otras necesidades en el ámbito de la Justicia’. 

Avances significativos en el expediente judicial electrónico

Abordando un aspecto positivo del contenido de la Memoria, el presidente del tribunal madrileño se ha felicitado por el ‘significativo y notable avance durante 2022’ de la implementación del expediente judicial electrónico, ‘cuyos ítems principales ya se encuentran operativos en todas las jurisdicciones’. Rodríguez Padrón ha avanzado la fecha de diciembre de 2023 para la completa funcionalidad de este sistema, ‘que será actualizado de manera permanente, como se requiere en el ámbito digital’, ha subrayado.

Para finalizar, ha hecho referencia directa a la Ley Orgánica 10/22, la denominada ‘ley de sí es sí’, al realizar una decidida defensa ‘desde nuestra independencia constitucional’ a toda la judicatura frente a los ‘injustos ataques sufridos’ por ciertos dirigentes políticos. ‘Las expresiones que nos han dedicado como ‘machistas’, ‘ignorantes de la ley’ y ‘hasta prevaricadores’ son en todo caso intolerables, dado que el juez cumple la ley que redacta el legislador y cumple el sagrado precepto del derecho penal del principio de retroactividad en este orden’, ha concluido.