El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el ‘caso Imelsa’, comenzó ayer a tomar declaración a los detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La primera en comparecer ante el juez fue la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Alcón, que fue detenida por la mañana, pasó a disposición judicial pasadas las 22.30 horas. Estuvo en el juzgado hasta las 00.00. El magistrado instructor decretó su libertad. Como medida cautelar, el juez le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que tendría que hacer frente en el caso de que fuera condenada. Si no deposita ese importe, el juzgado procederá al embargo de bienes.

La exconcejal del Ayuntamiento de Valencia queda imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En la causa hay otros 28 investigados que empezarán a declarar ante el juez hoy.

Por cuestiones de organización de todos los intervinientes en esta operación, el juzgado comenzará tomando declaración a las 23 personas que permanecen detenidas, 23, que empezarán a pasar a disposición judicial esta tarde a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.

El juzgado no dispone de una previsión sobre el calendario para la toma de declaración de las cinco personas investigadas que no fueron arrestadas. Entre ellas se encuentran el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.

La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Hay otros 5 investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.

Entre los 24 detenidos ayer se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus. También han sido arrestados:

*el exvicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla
*el exvicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina
*el exsecretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra
*la exconcejal de Valencia (María José Alcón)
*el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos.
*el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis
*la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster.
*Salvador Deusa Ibanco, exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Además de los 9 citados, ayer también fueron arrestados 12 empresarios, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

En la operación desarrollada ayer se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación de ayer encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.

En total se han practicado 33 registros: 14 en domicilios particulares y 19 en sedes sociales. Este es el detalle:

-Valencia: 12 registros en la capital y 17 en distintas localidades de la provincia
-Alicante: 3 registros: Alicante (capital), Denia y Muro de Alcoy.
-Castellón: un registro en la capital.

Los detenidos seguirán pasando a disposición del juzgado de Instrucción 18 de Valencia durante el día de hoy, miércoles.