El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso presentado por una conductora que padece problemas visuales, reconociendo su situación de incapacidad permanente para el desempeño de su profesión habitual. Como resultado, tendrá derecho a percibir una prestación equivalente al 75% de su base reguladora mensual, fijada en 865,42 euros.

La interesada desempeñaba su labor como encargada del transporte de afectados en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Tras un prolongado proceso de baja médica, el 29 de abril de 2024 se le denegó la prestación de incapacidad permanente. El informe médico detalla un cuadro clínico que incluye cataratas en el ojo derecho, agujero macular cerrado, ojo ambliope y cervicoartrosis. Sometida a una valoración por el servicio de vigilancia de la salud, fue declarada "apta con limitación de funciones" para su puesto, recomendándose evitar la conducción de vehículos y la autorregulación de los periodos de descanso ante pantallas de visualización de datos. Como consecuencia de estas limitaciones, la empresa procedió a su despido objetivo por ineptitud sobrevenida.

El tribunal revoca la decisión anterior y reconoce la incapacidad permanente total de la conductora. Los magistrados concluyen que sus graves problemas visuales, como la falta de agudeza visual y cataratas, le impiden desempeñar su trabajo con seguridad sin perjuicio de una futura revisión si es operada.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.