La sección segunda de la Audiencia de Granada ha condenado a siete años y tres meses de prisión a un coronel de la Guardia Civil al que considera autor de un delito de cohecho y otro contra la salud pública al permitir la entrada de droga en la costa de Granada a cambio de dinero. La Audiencia le condena por un delito contra la salud pública a cinco años de prisión y multa de seis millones de euros; y por un segundo delito de cohecho a dos años y tres meses de prisión, multa de 120.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años. 

La sentencia de la Audiencia se produce después de que el Tribunal Supremo revocara una primera sentencia en la que el coronel era absuelto al considerar el tribunal granadino que los delitos por los que se le juzgaba habían prescrito. El Tribunal Supremo anuló dicha sentencia y ordenó que las actuaciones se retrotrajeran al momento de la deliberación y redacción de la sentencia. 

En la nueva sentencia de la Audiencia de Granada, contra la que cabe recurso de nuevo ante el Tribunal Supremo, el coronel de la Guardia Civil, que el momento de los hechos era comandante jefe de la Policía Judicial de Granada, es condenado por la “extraordinaria gravedad” de los hechos declarados probados, en los que concurre por tanto la agravante que evita su prescripción. 

El acusado, entre los años 2005 y 2006, en este último hasta su cese en el mes de junio por su ascenso a coronel, era Comandante Jefe de la Policía Judicial y de Información en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, con funciones de dirección y coordinación, entre otros, del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ), con mando en todas las operaciones antidroga realizadas en el ámbito de la citada comandancia. 

La Audiencia de Granada explica “la extraordinaria gravedad de los hechos declarados probados, protagonizados por el máximo responsable policial de la demarcación, encargado de la represión penal de conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico, que omitió tal deber y aportó, a cambio de una retribución económica, una decisiva colaboración a los autores de la llegada a España de una importante cantidad de droga”. 

La sentencia recoge como hechos probados que el acusado acordó con dos confidentes la entrada de hachís procedente de Marruecos por las playas de la zona de Motril en un plan que trasladó a su equipo para disimular ante sus subordinados “su verdadera intención de colaborar en la introducción de droga en el mercado ilícito”. 

Así, les explicó que “en las dos primeras, se permitiría el acceso de la droga en las playas cercanas a la localidad de Motril como entregas controladas de droga que debería almacenarse en una “guardería”, que estaría vigilada de forma exclusiva por él”, mientras que en la última y tercera fase de la operación se procedería a la interceptación tanto de la droga intervenida en la playa como de la cantidad total de droga previamente almacenada en la guardería, “con detención de todos los intervinientes en las tres operaciones de entrada de droga, según manifestó a sus colaboradores”.

Pero la realidad es, según considera probado la sentencia, que pactó con los confidentes que los dos primeros alijos de una cantidad aproximada de 2.000 kilos de hachís cada uno, no fueran interceptados por los agentes y se destinaran a la venta, y un tercer alijo de inferior calidad fuera aprehendido por la Guardia Civil, en cantidad que permitiese aparentar que toda la sustancia introducida (la de los tres alijos) era interceptada. Pese a ello, la introducción del segundo alijo de droga no ha quedado acreditado. 

Como contraprestación por su colaboración en la realización de los mencionados alijos descritos el acusado recibió una cantidad de dinero no determinada, pero en torno a 120.000 euros.