La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el plan piloto de Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, aprobado por unanimidad el pasado 20 de enero por la Junta Sectorial de Jueces de lo Mercantil de esa ciudad y ratificado después por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El plan piloto consiste en la organización en dos secciones de los cinco jueces que actualmente prestan servicio en los Juzgados de lo Mercantil número 1 y número 2 de Sevilla.

La sección 1ª agrupará a los jueces, a la letrada de la Administración de Justicia y al personal del Juzgado número 1, así como a la letrada compartida con el número 2; mientras que la sección 2ª comprenderá a los jueces, la letrada de la Administración de Justicia y el personal del Juzgado número 2.

De los jueces que componen cada sección, uno será –por elección de sus compañeros para el plazo de un año- el coordinador de la misma. Uno de los dos coordinadores, además, representará como coordinador general al Tribunal de Instancia, siendo elegido para un periodo de seis meses.

El reparto de los asuntos se acordará en Junta de Jueces, y los de especial complejidad o que requieran una respuesta homogénea serán debatidos de forma colegiada y resueltos luego de forma unipersonal.

Así, al menos una vez cada dos semanas se celebrará una reunión de coordinación en la que se pondrán en común los asuntos de ese tipo para luego deliberar sobre ellos y formar una opinión colegiada.

Por último, el Tribunal de Instancia elaborará acuerdos sobre distintas materias –incluidas guías de buenas prácticas- y los dará a conocer a los profesionales interesados, y mantendrá reuniones con los Colegios Profesionales relacionados con la actividad del órgano judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que el proyecto aprobado hoy permitirá “una mayor efectividad en el aprovechamiento de los recursos humanos con que cuentan ambos órganos judiciales, al tiempo que se facilitarían las sustituciones ordinarias entre los jueces titulares y adscritos y se fomentaría la unificación de criterios en aras de un deseable favorecimiento de la seguridad jurídica”.