La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la Xunta de Galicia debe indemnizar con 896.767 euros a una promotora que tuvo que paralizar casi tres años unas obras en Vigo por dictarse medidas administrativas de protección del patrimonio arqueológico en la zona donde se iban a realizar.

El Supremo rechaza el recurso de la Xunta y también el planteado por Promociones Manuel Vázquez, que pedía una indemnización mayor.