La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un administrador concursal de Bilbao a dos años de cárcel y seis de inhabilitación en estas funciones por pedir 160.000 euros al abogado de una empresa concursada para emitir un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación de concurso y con propuesta de resolución.

Además deberá pagar una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros.