La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso interpuesto contra la sentencia de la Audiencia de Córdoba que condenó a un empresario y dos funcionarios del Ayuntamiento de Baena (Córdoba) a ocho meses y un año de prisión respectivamente como autores de los delitos continuados de falsificación de documento mercantil y oficial y continuado de estafa, con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La Sala desestima el recurso interpuesto por la acusación particular, que consideraba que no existían atenuantes y que, por la condición de funcionarios públicos de dos de los acusados, habría que elevar la pena a nueve años de prisión. En este sentido, la sentencia indica que la dilación indebida debe entenderse como, además de ser imputable a la administración de justicia, que el proceso judicial esté fuera de los plazos razonables. En este caso, “atendiendo a los avatares procesales relatados en la sentencia recurrida que han sido aceptados por todas las partes, se considera que el plazo total de tramitación del procedimiento no puede considerarse razonable”, añade.

Los hechos por los que fueron condenados los acusados comenzaron en 2005, cuando los dos funcionarios del Ayuntamiento, uno de ellos secretario personal del entonces alcalde, se pusieron de acuerdo con un empresario de la localidad para enriquecerse a costa del dinero público del Ayuntamiento de Baena con facturas falsas. El secretario del alcalde se ofreció a dar un trato de favor al empresario -que realizaba obras menores para el Ayuntamiento- para agilizar el cobro de facturas presentadas siempre que el empresario realizara facturas artificiales por trabajos que no se realizaron.

Cuando el empresario cobraba las facturas falsas, descontaba el importe del IVA y entregaba en mano la cantidad restante a los funcionarios. Según señala la sentencia, por este procedimiento ilegal, entre el año 2005 al 2007 obtuvieron la cantidad de 24.549 euros.