En el segundo trimestre del año aumentaron un 18 por ciento las denuncias por violencia de género

40.366 mujeres aparecen como víctimas de violencia sexista en el conjunto de las 42.689 denuncias presentadas en los órganos judiciales. Descendió dos puntos el porcentaje de mujeres que se acogieron a la dispensa legal de declarar. Se incrementaron en casi un siete por ciento las órdenes de protección solicitadas y en más de un cuatro por ciento, las órdenes de protección concedidas. Las condenas volvieron a incrementarse en casi tres puntos, alcanzando el 67,2 por ciento de las sentencias dictadas

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Comunicación Poder Judicial

Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre del año un total de 42.689 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 18 por ciento. En el mismo período de tiempo, se elevó también en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2 por ciento del total de sentencias dictadas.

En este segundo trimestre del año también se produjo un incremento de más de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección y de más de cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.

La estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género refleja que un total de 40.366 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en el conjunto de las denuncias presentadas en el segundo trimestre de 2017.

Este dato supone un incremento porcentual del 20,7 por ciento en la variación interanual, ya que en el segundo trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género fueron 33.440.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es 17, las Comunidades de Baleares, con una ratio de 26,3, Murcia, con 21,8 y Comunidad Valenciana, con 21,3 mientras que la ratio más baja se da en Castilla y León, con 10,8 y en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, con ratios ligeramente superiores a once.

Incremento de un 18 por ciento en las denuncias presentadas

Por lo que hace referencia a las denuncias presentadas, la cifra experimentó una variación al alza de un 18 por ciento respecto de la del mismo trimestre del año anterior. En el segundo trimestre de este año se han presentado 42.689 denuncias, mientras que en el segundo trimestre de 2016 se presentaron 36.166 denuncias.

Casi un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,25 por ciento de los casos.

Por otra parte, se produjo un ligero retroceso porcentual respecto al año anterior en relación con las denuncias presentadas por familiares de la víctima, que representaron en este segundo trimestre de 2017 apenas un 2 por ciento del total.

Un 10,5 por ciento de víctimas se acoge a la dispensa de la obligación legal de declarar

En el segundo trimestre del año, en 4.263 casos, la víctima de violencia de género se ha acogido a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 10,5 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género. Esta ratio supone un descenso de casi dos puntos respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior.

Se constata una vez más en los datos estadísticos que esta dispensa de la obligación legal de declarar se produce en una ratio superior en las mujeres extranjeras que en las españolas (un 13,4 frente a un 9,3 por ciento).

Más solicitudes y concesiones de órdenes de protección

Durante el segundo trimestre del año, se solicitaron 11.776 órdenes de protección en los diferentes órganos judiciales. Un total de 10.242 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.534 lo fueron en los juzgados de guardia.

El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2016 fue de un 6,84 por ciento. Un 67,9 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas, lo que supone un incremento de un 4,2 por ciento respecto del mismo trimestre del año anterior.

En los juzgados de guardia, se acordaron 1.113 órdenes de protección, lo que supone un 73 por ciento del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas 427. En el segundo trimestre de 2016 el porcentaje de órdenes acordadas fue de un 72 por ciento.

En un 50 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Dato que desciende en dos puntos respecto al del año 2016. Un 3 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres menores de edad.

Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 16.217 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.

Al mismo tiempo se dictaron 4.138 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Un 19 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 16,5 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda. En un 5,3 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,7 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

El número de medidas civiles cautelares adoptadas, 4.138, aunque ligeramente inferior al número de medidas adoptadas en el segundo trimestre de 2016, que fueron 4.190, se mantiene en términos estables, una vez superado el impacto que tuvieron en 2015 las reformas legales tendentes a considerar a los menores como víctimas de violencia de género.

Incremento de las sentencias condenatorias

Durante el segundo trimestre de 2017, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.230 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 67,2 por ciento (8.885) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de casi tres puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2016, que representaron un 64,4 por ciento del total de las dictadas.

El mayor porcentaje de sentencias condenatorias se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer y en las secciones penales de las Audiencias Provinciales, en ambos casos con porcentajes superiores al 83 por ciento. Un 56 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias, porcentaje que supera en algo más de un punto al que se produjo en el segundo trimestre de 2016.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el segundo trimestre de este año un total de 2.252 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 926 fueron juicios rápidos. En el 84 por ciento de los casos, los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre un total de 53.501 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 55,2 por ciento, corresponde a las lesiones previstas en el art. 153 del Código Penal y un 11,4 por ciento al de lesiones previsto en el art. 173 de la misma norma. Un 9,4 por ciento fueron delitos por quebrantamiento de medidas cautelares, un 7,8 por ciento fueron delitos contra la libertad, y un 5,5 por ciento lo fueron por quebrantamiento de penas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente, separaciones y divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el segundo trimestre de 2017 estas demandas sumaron un total de 4.125, cifra ligeramente inferior a la del mismo trimestre de 2016, consolidando así la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo Penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, ingresaron 8.306 asuntos y resolvieron un total de 8.217 asuntos, quedando 13.836 asuntos en trámite.

Se dictaron 7.876 sentencias, de las que el 56 por ciento (4.415) fueron condenatorias, lo que supone un incremento porcentual de un punto respecto al mismo trimestre de 2016.

• Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 96 sentencias, 80 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 83,3 por ciento, diez puntos más que en el segundo trimestre del año anterior.

• Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el segundo trimestre del año a 84 menores de edad (69 españoles y 15 extranjeros) por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 91,7 por ciento de los casos.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La mayor visibilidad del fenómeno de la violencia de género como lo atestiguan los datos correspondientes al segundo trimestre del año nos proporciona una radiografía muy completa de este tipo de violencia y nos conduce invariablemente a las dos caras de una misma moneda.

De un lado, datos positivos, algunos muy positivos, como lo son el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar en el marco del proceso judicial y el mantenimiento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género. También quiero destacar una vez más el aumento de las condenas a los maltratadores, por lo que tiene de valor en sí mismo y por el mensaje ejemplarizante que desprende: no hay impunidad para la violencia machista.

En este lado de la balanza también quiero situar el incremento de las órdenes de protección concedidas, no solamente el de las solicitadas. Es indudable que el incremento en el número de denuncias nos preocupa a la vez que puede expresar asimismo una mayor conciencia y valentía a la hora de no consentir ningún episodio de violencia de género, independientemente de la gravedad del mismo.

En el lado opuesto, como presidenta del Observatorio no puedo ocultar mi preocupación por la elevada cifra de mujeres víctimas de violencia de género. Asumir como algo normal esas más de cuarenta mil mujeres que han sufrido en un trimestre la crueldad de la violencia sexista es imposible. Y lamentar una vez más la escasa incidencia en la estadística de las denuncias de malos tratos que presentan familiares de las víctimas. Es en ese terreno, el de la concienciación y sensibilización social y familiar, donde más podemos ganar en el combate contra el terror de género.

El descenso en el porcentaje de mujeres que han decidido renunciar al proceso me parece un dato positivo pero todavía debemos insistir en la necesidad de potenciar los recursos sociales y asistenciales a disposición de las mujeres maltratadas, para que ninguna sienta desamparo y soledad en el difícil proceso que se abre tras la denuncia. En este punto quiero resaltar el valor, la fuerza y el ejemplo social de las mujeres que se atreven a denunciar y a continuar el proceso judicial.

Todo ello, una vez más, me conduce a expresar en primer lugar mi solidaridad y apoyo para con las víctimas y, en segundo término, a ratificar el compromiso del Observatorio que presido para no desfallecer en la lucha que desde hace años venimos manteniendo en la erradicación de esta lacra social. También a expresar mi confianza en los frutos que a buen seguro va a dar el Pacto de Estado, recientemente aprobado en el Parlamento español, y por el que tanto ha luchado este Observatorio.

El compromiso del Observatorio no es papel mojado, sino que se plasma en el fortalecimiento de la coordinación institucional y en la sensibilización de toda la sociedad, haciendo hincapié, cada vez con más fuerza, en la defensa de los valores que nos hacen ser una sociedad madura y democrática: la libertad, la igualdad, el respeto.