La violencia sobre las personas más vulnerables ha sido el tema central de la mesa redonda que ha abierto la jornada de hoy de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el pazo de Mariñán. La directora del departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez Giménez, que también forma parte del Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, ha tratado de aproximar a los asistentes a la “realidad cotidiana de la discriminación existente en España y cómo ello influye en el desarrollo de una vida digna de las personas”. Giménez ha asegurado que es “vital” que “la legislación española y las instancias jurídicas den una respuesta”.

La ponente ha expuesto casos concretos de víctimas de discriminación racial o étnica para visibilizarlos. Además, ha explicado la metodología y orientación que la Fundación Secretariado Gitano proporciona a los afectados y ha realizado algunas propuestas de trabajo con el objetivo de que “la protección jurídica sea más efectiva”.

La función del Derecho Penal a la hora de “asentar en la sociedad los valores de antirracismo y tolerancia como esenciales para la convivencia y la democracia” ha sido analizada por el fiscal delegado del fiscal general del Estado para los Delitos de Odio y contra la Discriminación, Alfonso Aya Onsalo. “El Derecho no puede penar las críticas ni las ideas aunque contraríen, choquen o inquieten al Estado o a una parte de la población, pero no pueden encontrar cobertura en la libertad de expresión los actos que incitan a la intolerancia excluyente”, ha resaltado el especialista.

En el encuentro también ha participado el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, quien ha advertido de que “todos podemos llegar a ser parte de un colectivo vulnerable, ya sea por pobreza, origen étnico, religión o sexo”. El ponente ha apuntado que esa circunstancia debería “constituir un aliciente más para impulsar el establecimiento de sistemas de ayuda eficientes para apoyar y proteger a todos estos colectivos”.

El magistrado de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid Celso Rodríguez Padrón ha analizado “el debate que se ha suscitado en los últimos años en la sociedad española en torno a las figuras penales que se engloban dentro del llamado discurso del odio”. El ponente ha resaltado que “la libertad de expresión no puede ampararlo absolutamente todo”, al tiempo que ha opinado que es “sostenible” que el Código Penal contemple “delitos que castiguen no una ideología, no una mera expresión, sino esa acción extrema de discriminación, de humillación a las víctimas o de enaltecimiento del terrorismo”.

Su postura, según ha señalado Rodríguez, se enfrenta “a quienes sostienen que el derecho a la libertad de expresión da cabida a todas estas manifestaciones y, por lo tanto, no puede defenderse la existencia de los delitos de odio”. El magistrado ha subrayado que deben tenerse en cuenta “factores de rango constitucional como la dignidad humana”.