El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a un total de 42 personas en el conocido como ‘caso Acuamed’, la investigación en la empresa pública por la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo. 

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis considera que los hechos son constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. 

La resolución del magistrado examina todas las obras investigadas en este procedimiento por la empresa Acuamed, encargada de las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas. Entre esas obras se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de cerro colorado al valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto constructivo de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda Almería); el expediente de proyecto modificado de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) o las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona). 

El juez da por indiciariamente acreditadas, tal y como expuso en su informe la Fiscalía, las irregularidades cometidas en cada uno de los contratos con el objeto de favorecer a determinadas contratistas. De acuerdo con el auto, a cambio de las adjudicaciones algunos de los procesados recibían diferentes dádivas. En el caso del principal investigado, el exdirector general Arcadio M., señala que obtuvo de las empresas contratistas dichas dádivas en forma de viajes y estancias dentro y fuera de España e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros. 

En algunos de esos contratos, las comunicaciones intervenidas, indica el juez, evidencian que desde Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales, se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra. 

Los denunciantes de irregularidades fueron ignorados 

El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal Francisco V. hasta abril de 2014, y más tarde Gracia B., gerente Territorial, presentaron ante diversas instancias del Ministerio y de Acuamed escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos en unas concretas actuaciones de la empresa pública. 

“Como toda respuesta se dejó de atender al primero y se le cesó, y se apartó de su estudio al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con Acuamed, tal y como él mismo declaró, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos”, asegura. Igualmente, Gracia B. fue removida de su puesto. 

Préstamo de 500 millones del BEI que Arcadio M. usó para especular

El auto relata también que el día 14 de junio de 2012 se firmó el contrato crédito de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por un importe de hasta 500M de euros que solicitó Acuamed para sufragar costes propios de actividad en relación con la construcción de diferentes infraestructuras hidráulicas como presas, desalinizadoras, balsas o canalizaciones.

Antes de la firma del contrato de préstamo Arcadio M., que conocía que su tramitación estaba en curso, decidió de forma unilateral invertir el capital público recibido del préstamo solicitado por Acuamed, colocando el mismo en diversas entidades bancarias y contratando a un asesor para que colaborara con él en estas actividades, señala.

“De este modo, Arcadio M., excediéndose en las funciones que tenía atribuidas, y con el apoyo de Francisco L.B., habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del estado en entidades como BBVA, Santander, Unicaja y Caja laboral, actividad que se aleja del objeto social de Acuamed, haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)”, concluye.