El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la personación, previo pago de 10.000 euros, de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege como acusación popular en la causa que investiga la interceptación de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres ministros. 

El auto recoge el informe del fiscal que no se opuso a esta personación, siempre que se cumplieran los dos requisitos de interposición de querella por parte de esta asociación y del pago de una fianza de 10.000 euros. 

Calama analiza la doctrina del Tribunal Supremo y concluye la formulación de querella no es necesaria habida cuenta de que las actuaciones, aunque en un estado muy embrionario, se encuentran ya en trámite. En el caso de la fianza, el magistrado sí la considera oportuna de acuerdo con la doctrina con el fin de evitar el abuso o uso fraudulento de esta figura procesal.