Resumen: El concepto de consumidor debe interpretarse en relación con la posición de la persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona. Al no tener los prestatarios la condición de consumidores, pues los préstamos se destinaron a financiar la compra del local en el que desarrollar el negocio de farmacia, no cabe el control de abusividad, sino únicamente del de incorporación. A diferencia de los controles de transparencia y abusividad, reservados a los contratos celebrados con consumidores, el control de incorporación o de inclusión es aplicable a cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales. Se trata de un control de cognoscibilidad que requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las cláusulas suelo, en principio y salvo prueba en contrario, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En el presente caso (subrogación en un préstamo anterior, con novación de algunas condiciones) no consta la inclusión, aún por mera referencia al préstamo inicial, de la cláusula suelo. Se estima el recurso.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario con restitución de cantidades cobradas en exceso. El banco se allanó y la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, estimó la demanda pero sin condenar al banco al pago de las costas porque consideró que no concurría mala fe dado el corto tiempo transcurrido entre el requerimiento extrajudicial y la demanda. Inexistente error en la valoración probatoria del documento consistente en la carta que envió el abogado del demandante al banco reclamando la anulación de la cláusula y la devolución de lo indebidamente cobrado. Cosa distinta a la valoración probatoria son las consecuencias jurídicas que cabe extraer de esos hechos en orden a imponer las costas al banco. El requerimiento previo que indica el art. 395 LEC debe ser apto para evitar el litigio, para obtener una satisfacción previa al proceso. Un requerimiento efectuado en representación de veintiséis prestatarios con un término para respuesta de dos días, siendo presentada la demanda a los seis días, no resulta idóneo para justificar la imposición de costas a la entidad allanada.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo por falta de transparencia inserta en contrato de préstamo con garantía hipotecaria con reintegro de las cantidades percibidas a consecuencia de su aplicación desde la suscripción del préstamo hipotecario. En primera instancia se estimó la demanda y se declaró la nulidad, por tener carácter de abusivo por falta de transparencia, con imposición de costas a la parte demandada. Recurrida en apelación por la demandada se estimó parcialmente su recurso y se revocó la sentencia de primera instancia en el particular relativo a las costas causadas en la instancia que no se impusieron. En el recurso de casación de la demandante se cuestiona la exoneración de las costas que se hace a la demandada que ha visto rechazadas todas sus pretensiones negando que el asunto presentara serias dudas de derecho en relación con los efectos de la declaración de nulidad. La sala estima el recurso. Analiza la imposición de costas en procesos seguidos con consumidores y la inoponibilidad de la excepción de las serias dudas de derecho siguiendo lo dispuesto en SSTS de pleno 419/2017, de 4 de julio, 472/2020, de 17 de septiembre, 27/2021, de 27 de enero, 31/2021, de 26 de enero y 40/2021 de 2 de febrero y concluye que la excepción a la regla general del vencimiento en la imposición de las costas de primera instancia, basada en la existencia de serias dudas de derecho no es aplicable en este tipo de litigios.
Resumen: Para superar el control de transparencia no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. La valoración jurídica de la Audiencia, que consideró superado el control de transparencia porque la cláusula era gramaticalmente clara y porque el notario hizo mención a ella, vulnera la doctrina de la Sala 1ª, por lo que se estima el recurso de casación. En cuanto a la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical. En el presente caso, la cláusula no estaba resaltada en modo alguno y no consta ninguna información previa. Es fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. La falta de transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas, pero ese desequilibrio sí concurre en las cláusulas suelo. El banco demandado no se ha opuesto al recurso, y lo solicitado en él se corresponde con la doctrina del TJUE (sentencia Gutiérrez Naranjo), por lo que se le condena a devolver lo indebidamente cobrado desde la firma del préstamo, más los intereses legales desde la fecha de cada cobro.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario. El juzgado de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la revocó, desestimando la demanda; la audiencia, en esencia, considera cubiertas las exigencias derivadas del control de incorporación de las condiciones generales. Recurre el demandante y la sala estima el recurso. Recuerda la sala que existe una consolidada línea jurisprudencial que señala que la mera superación de la normativa de incorporación, aplicable en la contratación con cualquier sujeto de derecho, es distinto del control de transparencia que rige exclusivamente en la contratación con consumidores, deber que comporta que el consumidor disponga "antes de la celebración del contrato" de información comprensible acerca de las condiciones contratadas y las consecuencias de dichas cláusulas en la ejecución del contrato celebrado. En el presente caso el documento que contiene la propuesta de préstamo, por sí solo, no cubre las mínimas exigencias de transparencia antes expuestas, sin que sea de fácil comprensión para un consumidor medio, tal y como está redactado, de manera que le permita conocer la transcendencia económica y jurídica que la cláusula cuestionada tiene para el compromiso contractual a asumir. Además, no consta la existencia de una información previa facilitada por el banco, que es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar con plena conciencia. Se estima el recurso.
Resumen: Demanda en la que se instaba la resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago de las rentas, el desahucio de la finca y el abono de las rentas adeudadas. La demanda se interpone por la SAREB, que se había adjudicado la finca arrendada en un procedimiento de ejecución hipotecaria. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que, al no estar inscrito en el Registro, el arrendamiento se había extinguido al ejecutarse la hipoteca que gravaba la finca pasando los antiguos arrendatarios a la situación de precaristas. La audiencia revocó la sentencia y estimó la demanda. Recurren en casación los arrendatarios demandados y la sala estima su recurso. La sala reitera la doctrina según la cual, una vez ejecutada la finca cuyo arrendamiento no estaba inscrito, este se extingue ipso iure y los inquilinos pasan a la situación de precario. En cuanto a la reclamación de las rentas debidas, la sala considera que no procede, pues ante el impago de la renta arrendaticia iniciado con el cambio de propietario por la adjudicación de la finca en ejecución hipotecaria y el aquietamiento durante un periodo de más de dos años y medio del nuevo propietario sin instar el desahucio ni reclamar las rentas atrasadas, se pretenda que reviva una relación arrendaticia que feneció automáticamente por ministerio de la ley al consumarse la enajenación forzosa de la finca. Se estima el recurso y se mantiene únicamente la obligación de desalojo de la vivienda.
Resumen: Demanda de nulidad del clausulado del préstamo referido a las divisas, por error vicio y por su carácter abusivo y por falta de transparencia; se realizan peticiones subsidiarias a aquellas. En primera instancia se declaró nulidad de tales cláusulas por error vicio en el consentimiento. Apelada por el banco, la Audiencia estimó el recurso por considerar que no concurrió error vicio y entró a resolver sobre el resto de los motivos alegados y desestimó la nulidad por abusividad de las cláusulas relativas a las divisas. También desestimó el resto de pretensiones formuladas con carácter subsidiario. Recurrida en casación por los demandantes, la sala rechaza las infracciones de la Ley del Mercado de Valores toda vez que conforme a las SSTS 608/2017 de 15 de noviembre, 439/2019 de 17 de julio y 486/2020 de 22 de septiembre el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por dicha ley. Estima que las cláusulas relativas a las divisas en el contrato de préstamo hipotecario celebrado por las partes son condiciones generales de la contratación según STS 599/2018 de 31 de octubre, no eran transparentes y que el banco no ofreció la información precontractual suficiente y adecuada sobre la naturaleza y riesgos del producto comercializado. Cita STS 486/2020 de 22 de septiembre.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo y restitución de prestaciones. La cláusula se incluyó en un préstamo hipotecario que fue modificado por documento privado posterior, en el que se redujo el "suelo" con la contrapartida de renuncia al ejercicio de acciones por el consumidor. Se deniega la suspensión del recurso de casación por la pendencia de cuestión prejudicial ante el TJUE. Una cláusula potencialmente nula puede ser modificada, pero si ha sido predispuesta por el banco debe cumplir los requisitos de transparencia. La reducción del "suelo" cumple dichos requisitos: el prestatario, que realizó una transcripción manuscrita al respecto, conocía la cláusula suelo, su potencial nulidad por falta de transparencia y la incidencia que había tenido, por la puesta a disposición de la evolución del índice, que además es objeto de publicación oficial, y por la repercusión en las cuotas anteriores. Sin embargo, no puede reconocerse la validez de la cláusula de renuncia de acciones en la medida en que abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional. Si se hubiera limitado a las acciones relativas a la cláusula suelo, podría ser tenida en consideración para analizar la suficiencia de la información. Se estima en parte el recurso de casación, se declara la validez de la estipulación que modifica la cláusula suelo originaria (solo será válida la cláusula suelo rebajada, no la original) y se confirma la nulidad de la renuncia genérica de acciones.
Resumen: Demanda sobre nulidad de la cláusula inserta en un préstamo hipotecario que atribuye todos los gastos del contrato a los prestatarios, consumidores. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y la audiencia la confirmó. Recurre en casación el banco prestamista demandante y la sala estima en parte su recurso. La sala reitera su doctrina sobre la nulidad por abusividad de la cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario. Declarada la nulidad, la sala debe determinar como se distribuyen los gastos objeto del recurso y concluye, según su propia doctrina, que los gastos notariales generados por el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario debían repartirse por mitad y que el principal sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el prestatario, por lo que el banco prestamista no está obligado a devolverle la cantidad abonada por este tributo. Se estima en parte la casación y, en consecuencia el recurso de apelación.
Resumen: La sentencia califica como culpable el concurso. Las causas son irregularidades contables. Activando indebidamente créditos fiscales y dejando de provisionar créditos incobrables. Así, los créditos impositivos por compensación de bases imponibles negativas sólo se registrarán en el activo del balance cuando su realización esté razonablemente asegurada y que deberán darse de baja aquellos otros créditos sobre los que surjan dudas lógicas acerca de su futura recuperación ("las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos."). Eso en base al principio contable de prudencia. Circunstancias que no se han probado que se den en este caso. También se aprecian irregularidades relevantes en la documentación presentada para la solicitud del concurso. Ausencia de mención de una hipoteca mobiliaria de más de un millón de euros que, necesariamente modifica las partidas de activo y pasivo. Sin embargo no se acepta la causa de falta de presentación de las cuentas anuales de 2012.
