Resumen: Una demanda de juicio verbal, que tenía por objeto la declaración de ser gananciales ciertos débitos que los litigantes mantienen frente a terceros, fue dirigida al juzgado de primera instancia con competencia en materia de derecho de familia, que se declaró incompetente y mandó devolver los autos al Decanato. Repartida de nuevo la demanda, el juzgado de primera instancia al que correspondió se declaró igualmente incompetente y planteó conflicto negativo ante la Audiencia Provincial. La apreciación falta de competencia objetivo se ha de declarar a reserva del derecho de la parte a plantear su demanda ante el tribunal objetivamente competente; no permite la inhibición. La Audiencia, pese a ello, acuerda resolver el conflicto impropio planteado en el sentido de confirmar que el tribunal remitente no es competente objetivamente para conocer de la demanda porque el procedimiento adecuado para las reclamaciones entre cónyuges por razón de su régimen económico matrimonial tras su disolución es el establecido en la ley para su liquidación, y su conocimiento corresponde al tribunal que conoció del proceso de divorcio.
Resumen: Se interpone demanda en materia de prestaciones por desempleo derivadas de la prórroga de un ERTE asociado a la pandemia del Covid. Por la Sala IV se examina la recurribilidad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social y sostiene que la cuantía litigiosa no supera el umbral para acceder al recurso de suplicación. Asimismo, tampoco consta acreditado ni es notorio la existencia de numerosos litigios similares al presente que justifiquen el acceso al recurso de suplicación. Concluye que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no era susceptible de recurso de suplicación ni por la materia, ni por la cuantía, ni por el cauce de la litigiosidad masiva, por lo que la Sala de suplicación no debió admitir el recurso al carecer de competencia funcional. Aprecia de oficio que la sentencia dictada en instancia por el Juzgado de lo Social no es recurrible, declara su firmeza, casando y anulando la dictada por el TSJ.
Resumen: Habiéndose interpuesto demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, la Sala considera que la competencia para conocer de la misma está encomendada a los Juzgados de lo Social de Granda por cuanto que la demanda no afecta a centros que se encuentren fuera de la circunscripción de los mismos.
Resumen: No se produce una falta de competencia de la jurisdicción española, sino de concurrencia de jurisdicciones que, en materia de tráfico de drogas, según la normativa internacional se resuelve buscando la mayor efectividad. La competencia de la jurisdicción española para el enjuiciamiento deriva de los convenios internacionales y también de la legislación interna, cuando tratándose de un delito atribuible a una organización y el plan criminal incluye la producción de efectos en territorio nacional.
No procede la nulidad de la prueba obtenida, invocando la inviolabilidad del domicilio, al existir base suficiente para decretar el abordaje y no encontrarse la droga en un ámbito de privacidad, que pudiese considerarse domicilio.
Resumen: Se plantea conflicto negativo de competencia territorial entre los Juzgados de 1ª Instancia de Reus y de Barcelona en demanda de juicio verbal por incumplimiento de contrato de préstamo. Se ratifican los criterios de inderogabilidad del fuero por sumisión expresa o tácita. Se reafirma el domicilio del demandado al tiempo de la presentación de la demanda como criterio general de competencia ex artículo 50 de la Ley de enjuiciamiento civil.
Resumen: En una reclamación de determinación de contingencia, abono de la prestación correspondiente e intereses, la mutua ha abonado la prestación, al haberse resuelto en otro proceso que la baja médica es por contingencia laboral ; ello implica que la pretensión quede reducida al abono de los intereses, los que no alcanzan los 3000 euros, motivo por el que se declara la inadmisión del recurso.
Resumen: Se estima el recurso, revocando la resolución recurrida porque existe la posibilidad de formar otros bloques distintos a los apuntados y cuya acumulación es más favorable al reo. Aplicación del Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, que supone que la ejecutoria más antigua que servirá de base para la acumulación y cuya fecha de sentencia opera como referencia cronológica para definir los hechos anteriores que se le agrupan, podrá ser aquella de la que se derive la agrupación de menor gravamen para el penado.
Resumen: Se desestima apelación contra auto que denegó medida cautelar previa del art. 136.2 LJCA solicitada por funcionaria que impugnaba su jubilación forzosa. Alegaba que la resolución fue dictada por órgano incompetente (Secretaría General de Consejería en lugar del Director General de Función Pública) y que el expediente remitido contenía documentos de otra persona. La Sala confirma que no concurre vía de hecho, pues existió procedimiento administrativo con solicitud, resolución y recurso de alzada, aunque este no se resolviera. El error en el expediente se considera material y no afecta a la validez del procedimiento. En cuanto a la competencia, la Sala señala que, aun existiendo dudas, no sería manifiesta, lo que excluye la nulidad de pleno derecho del art. 47.1.b LPAC. La complejidad de la situación funcionarial de la interesada (funcionaria de carrera en excedencia y nombramiento interino) refuerza esta conclusión. Se desestima el recurso sin imposición de costas.
Resumen: indemnización por despido disciplinario
El trabajador interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Bilbao que estimó parcialmente su demanda frente a la empresa MICROPORT CRM MEDICAL SLU, condenándola a abonar 24.000 euros por indemnización derivada de un pacto de no concurrencia tras la extinción de su contrato indefinido por despido disciplinario declarado improcedente. El recurrente solicitó la revisión de hechos probados y la estimación de la indemnización por falta de preaviso, alegando infracción del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. El TSJ recordó que la revisión de hechos probados en suplicación es excepcional y solo procede ante error claro y evidente basado en prueba documental contundente, lo cual no se cumplió porque el recurrente no concretó ni fundamentó adecuadamente qué hechos debían modificarse. En cuanto a la indemnización por falta de preaviso, se confirmó que no es exigible en despidos disciplinarios, aunque sean declarados improcedentes, pues la cláusula contractual que establecía un preaviso de 90 días resulta incompatible con la naturaleza del despido disciplinario. Además, el tribunal consideró que el recurso carecía de censura jurídica suficiente, limitándose a invocar el artículo 49 ET sin razonamiento ni fundamentación, lo que vulnera los requisitos procesales y el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, se desestimó el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador y se confirmó la sentencia de instancia. El fallo desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Bilbao.
Resumen: La Audiencia Nacional declara su falta de competencia objetiva para conocer de la demanda en la que un afiliado a un sindicato considera que su suspensión de cargo y militancia vulnera su derecho a la libertad sindical . Razona la Sala que la supuesta lesión se produce en la esfera individual del actor por lo que es el Juzgado de lo Social de su domicilio el competente para conocer de la demanda, resultando irrelevante que su cargo sea de ámbito estatal. Al efecto se sigue constante doctrina jurisprudencial que se cita.
