El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha culminado este lunes, con los actos celebrados en los partidos judiciales de Lorca y Cartagena, y con los previstos para mañana en Murcia, la tercera fase de implantación de los Tribunales de Instancia, prevista en la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El nuevo modelo organizativo entrará en funcionamiento efectivo el próximo 1 de enero.

En su intervención, el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell, ha puesto acento en la dimensión organizativa del nuevo modelo, señalando que en el conjunto de la Región los Tribunales de Instancia se apoyan en “una estructura integrada por 25 servicios comunes, dirigidos por letrados y letradas de la Administración de Justicia, que asumen una responsabilidad esencial en la dirección y funcionamiento del sistema”. Al mismo tiempo, ha recordado que la implantación efectiva de la reforma exige un refuerzo proporcional de medios y subrayado que “la Sala de Gobierno del TSJ ha comunicado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial la urgente necesidad de crear 22 nuevas unidades judiciales en la Región de Murcia”, advirtiendo de que “solo así podrá consolidarse este nuevo modelo y hacerse viable en términos reales”.

Con esta fase se completa un profundo cambio en la organización judicial de la Región de Murcia, que pasa de una estructura formada por 127 juzgados unipersonales a 11 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial. La implantación completa del nuevo modelo supone, en esta tercera fase, la integración de los 91 juzgados del partido judicial de Murcia, los 27 de Cartagena y los 10 de Lorca, bajo la dirección de los magistrados que asumen las presidencias de los respectivos Tribunales de Instancia: Lorenzo Hernando, María del Mar González y Carmen Berta Romero.

Este despliegue culmina un proceso iniciado en la Región de Murcia con la primera fase de implantación, completada el 1 de julio de 2025, que tuvo lugar en los partidos judiciales de menor tamaño y que ha servido para realizar una evaluación preliminar del impacto de la reforma antes de su extensión a partidos judiciales de mayor complejidad.

En este contexto, Luna Carbonell ha destacado que los primeros datos disponibles “permiten trasladar a la ciudadanía un mensaje positivo”. Según explicó, tras el análisis de la evolución de los servicios comunes de septiembre a diciembre en los partidos judiciales incluidos en la primera fase, “la pendencia en la entrada del sistema se ha reducido en torno a un 25 %, tanto en la admisión a trámite de las demandas en procesos declarativos, como en la admisión de escritos en la fase de ejecución”, lo que, a su juicio, “indica que el modelo de Tribunales de Instancia contribuye a una Justicia más ordenada y ágil”.

No obstante, el presidente ha subrayado que “la evolución no es homogénea”. La tendencia positiva se aprecia con claridad en partidos judiciales como San Javier, mientras que, en otros, como Molina, se observa una reducción apreciable en los tiempos de respuesta en la fase de admisión, pero también un incremento de pendencia en la tramitación de los actos de comunicación.

“Todo ello confirma que la reforma apunta en la dirección correcta, pero también que su consolidación exige necesariamente el incremento de la planta judicial y la dotación de medios personales, materiales y tecnológicos adecuados, para evitar que esta reforma no sea una mera reestructuración formal y estética, sino una verdadera mejora en la calidad y eficacia del servicio público que prestamos”, concluyó Luna Carbonell.

Por su parte, el secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Parra García, ha explicado que esta tercera fase culmina “un proceso organizativo complejo” y que “los Tribunales de Instancia suponen un cambio profundo en la forma de trabajar, que exige coordinación, adaptación y un esfuerzo adicional por parte de todos los profesionales”. Además ha añadido que “los servicios comunes están llamados a ser el eje vertebrador del nuevo modelo, que solo puede consolidarse si va acompañado de un uso inteligente de las herramientas de gestión procesal y de un nuevo enfoque en la atención a profesionales y ciudadanos”.

En este sentido, el secretario de Gobierno subrayó el papel de los letrados y letradas de la Administración de Justicia, “que asumen una responsabilidad esencial en la dirección y funcionamiento de los servicios comunes”, y anunció la creación de un servicio regional de atención a profesionales y ciudadanía, 
integrado en los once servicios comunes generales, con personal dedicado a tiempo completo y con la aspiración de una progresiva interconexión de los servicios de información y consulta, tanto presenciales como virtuales.

Los actos contaron asimismo con la presencia del fiscal superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, así como los representantes de los colegios profesionales de la abogacía, la procura y los graduados sociales, junto a miembros de la carrera judicial y fiscal y funcionarios de la Administración de Justicia.