Resumen: La base de las sanciones previstas en los artículos 194.1 y 195.1 de la Ley General Tributaria en aquellos supuestos en los que, a pesar de producirse las conductas típicas, concurre en favor del infractor un derecho a obtener una devolución de ingresos indebidos, debe cuantificarse, respectivamente, por el importe de la cantidad indebidamente solicitada o improcedentemente determinada o acreditada, independientemente de dicha devolución.
Resumen: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 182/2021, de 26 de octubre. Improcedente aplicación a situaciones firmes o consolidadas. Remisión a la sentencia de 26 de julio de 2022 (rec. cas. 7928/2020).
Resumen: La decisión administrativa firme no solo impide su impugnación, salvo por cauces especiales, sino que también impide que su contenido pueda ser cuestionado de nuevo si se incorpora en una resolución administrativa posterior de carácter sancionador, máxime cuando el tipo infractor no tiene como presupuesto ineludible que la liquidación que no fue recurrida forme parte de él. La tutela judicial efectiva, entendida como el derecho de acceso a la jurisdicción para poder plantear sus pretensiones, no se vulnera por el hecho de que no se pueda volver a cuestionar aquello que quedó consentido y firme. La seguridad jurídica también abona esta conclusión.
Resumen: Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias. Remisión a la sentencia 243/2023 de 27 de febrero, rec. 2065/2021. Exigencia de un tributo devengado el último día del año natural en el ejercicio en que entra en vigor. Ausencia de retroactividad. Deducciones en cuota íntegra. Improcedente limitación a que el domicilio social se encuentra en Canarias.
Resumen: Impuesto sobre el Incremento de Valor de Naturaleza Urbana. Situaciones consolidadas respecto de la STC 182/2021. Interposición de recurso contencioso-administrativo posterior al dictado de la sentencia. Remisión a la STS 949/2023, de 10 de julio, dictada en el RCA 5181/2022.
Resumen: En un caso como el examinado, en que la liquidación tributaria ha sido impugnada tempestivamente, no cabe calificar de una situación consolidada que impida la aplicación de los efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL. Es por ello que a liquidación impugnada, girada por el IIVTNU, resulta inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura, lo que determina la estimación del recurso de casación y la estimación de la pretensión de la entidad Hortícola del Centro, S.L., en el sentido patrocinado en el recurso de casación, anulando la liquidación practicada por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por importe de 118.618,01 euros, girada por el Ayuntamiento de Alcobendas en expediente 936/2017, que se declara sin valor ni efecto.
Resumen: Se reitera la doctrina jurisprudencial fijada en la STS de 19 de enero de 2023 (rec. 8312/2019) que, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la STC 133/2022 respecto del artículo 6.bis.4 de la Ley canaria 11/1997, de 2 de diciembre, concluye que "el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. [...] La interpretación extensiva del hecho imponible, mediante el gravamen de un hecho ajeno a la tipificación que recoge el art. 100.1 TRLHL, al establecerse que las obras o instalaciones sometidas a una autorización autonómica de instalación, actividad o funcionamiento, deben quedar incluidas en el ámbito objetivo de ese precepto, es indebida y está aquejada de inconstitucionalidad, conforme ha establecido al respecto el Tribunal Constitucional en respuesta al auto de planteamiento de cuestión, promovido por esta Sala".
Resumen: A los efectos de aplicar la exención relativa a las operaciones de arrendamientos que tengan la consideración de servicios y a la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, actualmente recogida en el art. 20.Uno.23º a) LIVA, el arrendamiento del aprovechamiento cinegético en un terreno no está incluido en la referida exención.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto recogiendo anteriores criterios jurisprudenciales, la sentencia de esta Sala 3ª número 905/2022, de 4 de julio (recurso 4391/2020, dio una respuesta a una cuestión de interés casacional que planteaba, en términos similares a la cuestión formulada en este recurso, donde se declara que la causa de disolución de la sociedad por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, tal causa de disolución -y la subsiguiente declaración de responsabilidad solidaria de los administradores- puede enervarse no sólo mediante la ampliación de capital social sino también mediante aportaciones de los socios que no revisten la forma de ampliación de capital, si bien en este caso ha de tratarse de aportaciones a fondo perdido, para compensación de pérdidas, sin que los socios tengan un derecho de crédito para su devolución, y las aportaciones con ese carácter han de ser realizadas con transparencia y con la debida publicidad registral, para garantía de los acreedores de la sociedad. La Sala mantiene el criterio expresado en su sentencia 905/2022, de 4 de julio, pues innecesario cualquier cambio o matización del criterio jurisprudencial de la Sala, en relación con la virtualidad de los préstamos participativos para remover la causa de disolución de la sociedad de capital descrita en el artículo 363.1.de la LSC.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si cabe admitir que un agente o representante de deportistas realice a la vez la labor de intermediación para su contratación por un club deportivo y de seguimiento de sus obligaciones, por encargo y con retribución del club. O si, por el contrario, esta retribución constituye renta del deportista, por considerarse que es el verdadero destinatario de los servicios prestados por el agente, al estimar la Administración incompatible la prestación simultánea de servicios por el agente al deportista y al club.
