Nouveautés
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- Los cadáveres de las dos víctimas fueron hallados ocultos en el interior de un pozo de la finca de Cartaya donde ocurrieron los hechos
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- La sentencia desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra un auto de la Audiencia Nacional
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- Los magistrados de la sección séptima han impuesto a dos agentes, entre ellos un cabo, siete años de cárcel y 12 años de inhabilitación por los delitos de lesiones, contra la integridad moral, detención ilegal, falsedad en documento oficial y denuncia falsa, al haberse inventado un atestado para justificar el arresto
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- La Sala de lo Social demandó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si el abuso de contratos temporales en la administración pública española vulnera la normativa europea; y, en caso de respuesta afirmativa, si eso supone que los trabajadores afectados puedan pasar a fijos con todos sus efectos
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- Indemnizará a la niña con 25.000 euros por los daños y las secuelas que le generaron los hechos. La Sala le retira la patria potestad durante cinco años y le prohíbe acercarse o comunicarse con la menor durante 10 años
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Condenan a cinco años de internamiento a un menor por apuñalar a dos conocidos en Águilas
- El joven clavó la navaja al primer chico por la espalda y al segundo en el abdomen a la altura del pulmón. Junto con sus padres, responsables civiles, deberá indemnizar con un total de 30.000 euros a las familias de las dos víctimas
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- La Sala no comparte el razonamiento del órgano de primera instancia para descartar el daño desproporcionado, porque, precisamente, “se dice que el daño neurológico se produce a nivel distante de donde se practicó la intervención quirúrgica y que, según informaron los peritos, es ajeno o extraño a la intervención efectuada”
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- El acusado que reconoció los hechos y se celebró contra él un juicio rápido deberá indemnizar al perjudicado con 500 euros
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- La Consellería de Medio Ambiente le negó la ayuda por no tenerlas identificadas de forma individual
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- La sentencia insta a revocar la actuación de Borrell por no ser “ajustada a derecho” y condena al Ayuntamiento “a reponer en su ser y estado, tal y como los define el PGM de 1976, el vial y el cruce afectados por el acto administrativo”