El juez admite una querella contra el expresidente del Grupo Caixa, Caixabank y Criteria Caixa por operaciones para adquisición banco portugués BPI

El magistrado José de la Mata considera que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios

Autor
Comunicación Poder Judicial

ESTA INFORMACIÓN SE HA ACTUALIZADO CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2021 

ACTUALIZACIÓN: El 21 de mayo de 2021, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) contra el auto de 23 de abril de 2021, dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, confirmando la decisión de sobreseimiento libre y archivo decretado respecto al investigado D. Alejandro García-Bragado Dalmau.

 

ESTA INFORMACIÓN SE HA ACTUALIZADO CON FECHA 21 DE MAYO DE 2021

ACTUALIZACIÓN: El 23 de abril de 2021, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional decretó el archivo de las diligencias en relación con D. Alejandro García-Bragado Dalmau "habida cuenta que de lo actuado el investigado D. Alejandro García-Bragado Dalmau estuvo al margen de la operación investigada, llegando incluso a votar en contra, por lo que no cabe apreciar delito alguno".

 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite la querella presentada por dos accionistas contra el expresidente del Grupo Caixa Isidro Fainé, así como contra Criteria Caixa SA y Caixabank SA por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.

En el auto de admisión de la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la Junta de accionistas).

La querella admitida también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.

En el caso de las personas jurídicas Criteria Caixa SA y Caixabank SA, la resolución judicial les requiere para que designen un representante, abogado y procurador.

Relata la querella una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

Perjuicio de cientos de millones de euros

De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.

“A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria”, añade el instructor.

Las primeras diligencias acordadas por el juez van dirigidas a solicitar diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del Consejo de Administración entre 2015 y 2017 y de la Comisión de Auditoría y Control, así los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de la operación de permuta y la documentación que manejaron.

Igualmente solicita el juez la relación de personas que emitieron el Informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones a BFA.