El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha designado hoy a Ricardo Cuesta del Castillo y Fernando Marín Castán magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en ejecución de las sentencias de la Sala Tercera del alto tribunal que anularon sus nombramientos por no haberse solicitado durante el procedimiento varios informes preceptivos previstos en las bases de convocatoria y ordenaron retrotraer las actuaciones y formular nueva propuesta de provisión de las plazas.

La Sala Tercera señaló en sus sentencias que estas debían ser cumplidas en sus propios términos incluso “en el supuesto de que el legislador modificara la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para hacer nombramientos antes de su renovación”, lo que ocurrió con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, y añadió que “tales modificaciones, de producirse, no pueden afectar a una sentencia firme que retrotrae actuaciones a un momento anterior a tales hipotéticos cambios -los nombramientos habían sido acordados en el Pleno de 28 de noviembre de 2019- para que el procedimiento se repita conforme a derecho por el Consejo General del Poder Judicial en las circunstancias y condiciones existentes en aquel momento”.

Solicitada posteriormente aclaración por uno de los candidatos sobre las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, que suprime la atribución para hacer nombramientos discrecionales cuando el CGPJ esté en funciones, la Sala dictó un auto señalando la irrelevancia para el litigio de la reforma legislativa y reiterando que las sentencias debían ejecutarse en sus propios términos en el plazo fijado.

De este modo, el Pleno del CGPJ -una vez solicitados los informes preceptivos y elevada propuesta por la Comisión Permanente- ha procedido hoy al debate y votación de las dos plazas, correspondientes al turno jurídico militar y que habían quedado vacantes por la jubilación de los magistrados Francisco Menchén y Javier Juliani.

Para la primera de las plazas, el general consejero togado Fernando Marín Castán ha obtenido 18 de los 21 votos del Pleno. Los vocales Roser Bach, Concepción Sáez -que ha anunciado la formulación de voto particular- y Enrique Lucas han votado en blanco.

Marín Castán, que desde 2014 y hasta su anterior nombramiento era fiscal togado jefe de la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en 1980, siendo su primer destino la Fiscalía jurídico militar de Canarias. Posteriormente tomó posesión como asesor jurídico del sector naval en Baleares y juez marítimo permanente número 9.

Entre otros destinos, ha prestado servicio en las asesorías jurídicas de los Ejércitos del Aire, de Tierra y de la Armada; ha sido director general de Costas, jefe de la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa y jefe de la asesoría jurídica de la Armada.

Para la segunda de las plazas, el general consejero togado Ricardo Cuesta del Castillo ha obtenido 15 de los 21 votos del Pleno y el también candidato general consejero togado Carlos Melón Muñoz, 3 apoyos. Los vocales Roser Bach, Enrique Lucas y Concepción Sáez han votado en blanco.

Cuesta del Castillo, que en el momento de su anterior nombramiento era asesor jurídico general de la Defensa, ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en 1979 y al año siguiente fue nombrado secretario de Justicia del Mando y Zona Aérea de Canarias. Posteriormente sirvió en el Juzgado Togado Militar Territorial número 53 de Las Palmas, como presidente del Tribunal Militar Territorial número 5 de Santa Cruz de Tenerife y, a partir de 2013, como asesor jurídico del Cuartel General del Aire y como asesor del subsecretario de Defensa.

Con la designación de Marín Castán y de Cuesta del Castillo se cumple lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica 4/1877, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que establece que cuatro de los ocho miembros de la Sala Quinta del Tribunal Supremo deben proceder del Cuerpo Jurídico Militar.

Por otra parte, se ha rechazado la propuesta de los vocales José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona para que el Pleno se pronunciase sobre la falta de informe del CGPJ en relación con las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma.

La propuesta ha sido rechazada por 12 votos a 7 –los de los proponentes-. Los vocales Wenceslao Olea y Rafael Fernández Valverde han votado en blanco.