El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dirigido hoy –en su condición de presidente del alto tribunal- una carta a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores solicitándoles que lleven a cabo “las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado” y del magistrado Pablo Llarena ante la demanda presentada contra éste en Bélgica por varios de los procesados en la causa especial 20907/2017, que instruye el juez del Supremo por delito, entre otros, de rebelión.

Lesmes, que ha conversado telefónicamente con los ministros Dolores Delgado y Josep Borrell antes de enviarles la misiva, señala en su escrito que ha tenido conocimiento, a partir de una comunicación que le ha sido remitida por el juez decano de Madrid, de la demanda y del emplazamiento hecho al magistrado del Tribunal Supremo para comparecer ante un tribunal belga el próximo 4 de septiembre.

El juez decano también le remitió el acuerdo por el que ha rechazado dar traslado a Llarena de la demanda y del correspondiente emplazamiento al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007, ya que “la demanda no es civil, pese a la apariencia con la que pretende presentarse, sino que pretende cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales”.

Lesmes añade que, a la vista de esos documentos, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha realizado un primer análisis jurídico de la situación planteada ante los tribunales belgas, que remite a los ministros y que concluye, como también concluyó el juez decano, que la iniciativa procesal “se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa”.

“Ante esta situación, le pongo de manifiesto que, más allá de la necesidad de actuación para dispensar la debida protección de los servidores públicos que se ven perturbados en el ejercicio de su función, el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”, dice el presidente del Tribunal Supremo.

Lesmes finaliza señalando que, en estas circunstancias, estima “absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica, toda vez que, aun cuando consta el rechazo del emplazamiento, las decisiones que puedan llegar a adoptar los tribunales belgas son una incógnita”.

Por ello, solicita al ministro de Asuntos Exteriores español que, “conforme a la práctica procesal belga”, requiera al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica “para que Bélgica comparezca ante el tribunal belga, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado”.