El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc) ya ha notificado 413 sentencias.

Concretamente el Juzgado, que a día de ayer había recibido 1890 demandas, de todos los asuntos ingresados ya ha dado respuesta y por consiguiente, ya han concluido su tramitación 502 demandas, de las que 413 fueron finalizados por sentencia. De ellas 410 se han fallado a favor de los demandantes y 3 de la entidad bancaria correspondiente.

El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular, Antonio Lorenzo, como para la juez de adscripción territorial, Marta Navas, que desde el 19 de junio presta servicios de refuerzo en el Juzgado. Con este planteamiento el mes de Octubre se cerrará con la celebración de 200 audiencias previas y para el mes de Noviembre, también se prevé un número parecido de audiencias, habiéndose señalado ya hasta el 27 de Noviembre.

Hay que destacar la rapidez con la que este Juzgado está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, siendo uno de los Juzgados de España que más sentencias ha notificado ya.

El procedimiento ordinario es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal, etc.

Visita a las instalaciones del Juzgado

Este mediodía el Presidente del TSJA, Ignacio Vidau Argüelles ha visitado las instalaciones del Juzgado junto al Consejero de Presidencia del Gobierno Regional, Guillermo Martínez, encargado de dotar materialmente al Juzgado. En la visita también han estado presentes la magistrada decana de los Juzgados de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes y la Secretaria de Gobierno, Raquel Martínez Mazón.

Vidau ha querido poner en valor el trabajo de los dos magistrados, “que sin duda han hecho un trabajo impresionante para que los resultados del mismo sean tan satisfactorios, para el elevado nivel de asuntos ingresados”. El presidente del Tribunal agradeció asimismo la voluntad del Principado para dotar de los medios necesarios al Juzgado tras su especialización sobre todo en lo referente a la financiación de la prolongación de jornada de los funcionarios, valorada por el Gobierno regional en 42.000 euros, así como “la labor de los dos letrados de la Administración de Justicia que han prestado su labor desde que el Juzgado se especializó, y al resto del personal funcionario que sin duda son un ejemplo de trabajo serio y riguroso”.

Ignacio Vidau se ha mostrado satisfecho de que “el gran esfuerzo que están haciendo todos los que trabajan en este juzgado, se esta traduciendo en una gran atención a los ciudadanos asturianos”.

Plan de urgencia del CGPJ

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.