En esta línea, la primera reflexión es que seguimos donde nos encontrábamos al inicio de la anterior Memoria, esto es, con la dificultad, por no decir imposibilidad, de aproximarnos a la meta del “rendimiento óptimo de la justicia”, que cada órgano (unipersonal o colegiado) resuelva dentro de los plazos que las leyes procesales establecen todos los asuntos atribuidos a su competencia, con la máxima calidad y precisión exigibles. La falta de aumento de plazas judiciales, las medidas de refuerzo inadecuadas o insuficientes y, en fin, la demora en reformas en la organización del sistema de trabajo, son, sin duda, factores que inciden en este resultado o percepción negativa, pese al general esfuerzo y laboriosidad.

Ello origina, como después se analiza con detenimiento, un claro deterioro de la garantía de que el proceso judicial, incluida la ejecución de las resoluciones, se ajuste en su desarrollo a adecuadas pautas temporales, con los derivados perjuicios personales y económicos para los ciudadanos y justiciables. 

La segunda reflexión exterioriza de forma patente la insostenibilidad del actual sistema organizativo, cuya reforma -indiscutible e indiscutida- está perfectamente diagnosticada en distintos apartados en cuanto a los objetivos futuros, muy lejos de alcanzarse.

Desde esta perspectiva, se impone volver a recordar aquellas metas reseñadas en la Memoria-2010, que aseguran la necesaria transformación de nuestro sistema judicial y atienden demandas continuas de modernización e incremento de los niveles de servicio que deben ser ofrecidos a los justiciables. Se trata de profundos cambios organizativos y estructurales, que mejoran la contribución de la justicia al progreso social y económico y a la satisfacción de los derechos de los ciudadanos, ideal al que debemos consagrar todos nuestros esfuerzos, pues hay que implicarse definitivamente en la eficacia, atributo del servicio público (la justicia en una sociedad democrática avanzada debe ser contemplada no sólo como poder judicial sino también como servicio público). 

Hay que seguir reivindicando la modernización y transformación radical del actual sistema de administrar justicia, que exige soluciones rápidas y consensuadas para garantizar la tutela judicial efectiva, todo ello en una triple dirección: a) transformación tecnológica, b) transformación organizativa/funcional, c) dimensionar/racionalizar el volumen de entrada de asuntos.

La conclusión final es obvia: no se ha cumplido mínimamente el deseo expresado el pasado año, ni “podemos felicitarnos por ahora de encontrarnos plenamente inmersos en el auténtico camino que lleva a la real modernización y transformación radical de la justicia”.