El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, ha analizado las cuestiones más relevantes de los partidos judiciales de Oviedo y Gijón con Jorge Punset Fernández, reelegido recientemente como magistrado juez decano de los juzgados de Oviedo y Julio Martínez Zahonero, que hace una semana fue designado por sus compañeros como magistrado juez decano de Gijón.

Ambos decanos trasladaron las principales carencias en sus partidos judiciales y coincidieron con el Presidente en señalar como “imperiosa” la necesidad de mejorar el funcionamiento de los sistemas informáticos, pues los tres, que forman parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, lo consideran como uno de los problemas que más preocupan a los jueces de todo el territorio asturiano.

Chamorro ha destacado los buenos datos de los dos partidos judiciales durante el año 2023, que se verán reflejados en la próxima Memoria Judicial que está en fase de preparación, pero a la hora de hacer balance de los problemas de la justicia asturiana confirmó que “desgraciadamente, siguen siendo los mismos de años anteriores”. El presidente del alto tribunal asturiano apuntó a que existe un problema evidente de infraestructuras en distintos partidos judiciales, con Oviedo y su dispersión de sedes que sirve como ejemplo de temas pendientes durante años sin solución inmediata en el horizonte.

Además puso en evidencia “un déficit importante de medios tecnológicos con demasiadas deficiencias” que, a su juicio, “lastran enormemente” el proceso de utilización de procedimientos y expedientes digitales. Entre estas incidencias ha reseñado los fallos repetidos en el sistema de videoconferencia de los Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer; ordenadores obsoletos de los funcionarios que no encienden en muchos minutos; problemas en el uso de la firma electrónica y colapso de servidores y aplicaciones informáticas esenciales para el trabajo diario.

Además, el presidente ha trasladado a los Decanos su firme intención de impulsar, con su colaboración, la actividad y difusión de las actividades y servicios que prestan las oficinas de atención a las víctimas de delitos violentos, o las oficinas de información sobre desahucios, que están directamente relacionados con el papel de la Justicia como servicio público a disposición de todos los ciudadanos.