La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, regulada por Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, se configura como un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, creado con el objetivo de colaborar con los órganos judiciales y fiscalías localizando bienes procedentes de la actividad delictiva, para su decomiso, y gestionándolos de una manera eficaz, en aras a conseguir el estrangulamiento financiero de la criminalidad que mueve importantes beneficios económicos y la reversión de las ganancias ilícitamente obtenidas en proyectos de ayuda a las víctimas y de lucha contra la criminalidad organizada.