El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido “de la deriva institucional, del desprestigio y del riesgo de irrelevancia que acecha al Poder Judicial español y al servicio público de Justicia” en los últimos años, al comienzo de su discurso de apertura del año judicial autonómico, celebrado en la Región de Murcia, tras lamentar que las circunstancias actuales de la Justicia española no le permitieran dar un discurso de normalidad.

Pasqual del Riquelme alertaba de que “la sociedad española está normalizando una situación patológica del Poder Judicial que, de seguir agravándose, puede comprometer -si es que no lo ha hecho ya- el orden constitucional, la separación de poderes, la independencia judicial y, con ello, el adecuado funcionamiento de todo nuestro entramado institucional”.

“A base de normalizar un agravio tras otro a la Justicia podría pensarse que no pasa nada” -ha señalado el presidente del TSJ- para a continuación advertir que “sí que pasa”, aludiendo, entre otros agravios, a la falta de atendimiento de los llamados a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que motivaron la dimisión de su presidente; al bloqueo en el nombramiento de cargos judiciales por todo el territorio nacional; o a los cientos de sentencias que quedan sin dictarse y los miles de ciudadanos que “se ven abocados a esperas insoportables para obtener el amparo judicial que promete nuestra Carta Magna”.

Utilizando el mismo recurso estilístico, el presidente del TSJMU dejaba también constancia del agravio que supone que “cargos políticos confunden la legítima y ponderada crítica propia de todo sistema democrático con la descalificación grave e indiscriminada a la Judicatura, llegando al insulto personal, tan pronto perciben que sus autos y sentencias no les son favorables o ponen en evidencia las negativas consecuencias de determinadas políticas y reformas legales”.

El representante de la judicatura murciana, a continuación, ha subrayado la elevada incidencia de las huelgas seguidas en la Región por los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia durante el primer semestre de este año “que han lastrado de forma decisiva el funcionamiento de la Justicia, tanto a nivel nacional como, muy específicamente, autonómico”. “Se trata de un asunto lamentablemente no cerrado que amenaza con repetirse este otoño, lo que de confirmarse generaría una situación muy complicada a la Justicia regional”, ha señalado, dejando constancia de que “precisamente” los territorios donde las huelgas han tenido más seguimiento han sido aquellos que -como es el caso de la Justicia murciana- acumulan mayores carencias, asuntos pendientes y retrasos en la respuesta judicial.

Años de abandono y deterioro progresivo

“Lo que está ocurriendo es, sin duda alguna, el fruto de años de abandono y carencias, de deterioro progresivo de las condiciones laborales y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que no se han arbitrado ni las medidas legislativas ni los medios necesarios para hacerle frente”, ha puntualizado, dejando constancia de que este servicio público no se despliega en igualdad de condiciones en todo el territorio español, “que existen notables asimetrías entre comunidades autónomas y que nuestra Región está entre las que, año tras año, se lleva la peor parte”.

En su balance del curso judicial, el presidente apuntaba a la combinación de escasos medios personales, alta litigiosidad y extrema incidencia de las huelgas como la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de nuestra Región. Y daba cuenta de que el primer semestre de 2023 se cerró con 155.000 asuntos en trámite, advirtiendo que la proyección ofrecida por los servicios de estadística es que esa cifra se eleve a 165.000 a finales de este año, lo que supone un 10 % más de asuntos pendientes que solo un año antes, a finales de 2022.

Con esos datos, y la mirada puesta en la conflictividad laboral que amenaza el curso judicial que ahora comienza, Pasqual del Riquelme ha querido hacer un llamamiento a las partes directamente implicadas (Ministerio de Justicia y representantes asociativos y sindicales) “para que eventuales futuras negociaciones se lleven a cabo en contextos y con actitudes muy distintas a las de la áspera confrontación a la que hemos asistido este año”, de forma que el proceso negociador produzca la menor afectación posible al servicio público de Justicia. “Son muchos los ciudadanos que se ven afectados en sus más preciados bienes por las consecuencias del ejercicio del derecho a la huelga de los servidores públicos”, ha recordado.

Herencia transmitida 

El presidente ha cerrado su discurso con una felicitación especial al Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia que este curso judicial cumple el decimoquinto aniversario de su declaración por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. “Su presencia constante en esta tierra desde el siglo IX representa una herencia transmitida de generación en generación que ha sabido adaptarse a los cambios legales, sociales, históricos y ambientales. Su legado nos enseña el valor de lo auténtico y la lección de que nada se queda anticuado más rápido que el futuro”, concluyó Miguel Pasqual del Riquelme, anunciando la colocación de una placa homenaje en la Ciudad de la Justicia que desde hoy luce en dicha sede para que “sirva de guía el emblema de este tribunal consuetudinario cuya eficaz gestión ha garantizado su supervivencia a lo largo de los siglos”. 

El acto solemne ha concluido con la entrega de los reconocimientos y felicitaciones de la Sala de Gobierno a por su especial contribución a la Justicia murciana durante el pasado curso. En concreto, han recibido esta felicitación los magistrados coordinadores regionales para grandes catástrofes, José Fernández Ayuso e Ignacio Munitis; la letrada de la Administración de Justicia Maria del Carmen Navarro Esteban, Por su encomiable labor en la dirección de la tramitación procesal del juzgado especializado en cláusulas suelo; los 24 miembros de la Red 364 de funcionarios de diferentes cuerpos, partidos judiciales y jurisdicciones de la Región de Murcia, que contribuyen a optimizar el uso de los sistemas informáticos; los abogados Rosa Manrubia, Regina Márquez y Julian Lozano, por su valiosa y desinteresada participación en el grupo de trabajo para el diseño e implantación de un nuevo sistema regional de atención integral a profesionales y usuarios; el subinspector de Policía Nacional, miembro de la Unidad de Familia los últimos 18 años, Domingo Baños, por su colaboración con los órganos judiciales; y el arquitecto coordinador de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, Antonio Martín, por su personal y directa implicación durante muchos años en la mejora de las infraestructuras judiciales de la Región de Murcia. 

Por último, en agradecimiento por los servicios prestados durante su vida profesional, se ha entregado un reconocimiento las autoridades judiciales y funcionarios públicos de todos los cuerpos que han trabajado en la Administración de Justicia de la Región de Murcia, jubilados durante el pasado año judicial.