Los concursos de acreedores crecieron un 211% en Canarias durante el año pasado

Los juzgados de lo Mercantil de las Islas computaron durante 2023 un total de 2.195 demandas de quiebra, cuando en 2022 habían registrado 704. El 91% de los procesos en el Archipiélago se corresponden con personas físicas que se declaran incapaces de pagar a sus acreedores. Las demandas de despido crecieron un 16,7%; su tasa en la región insular sigue siendo la más alta del Estado

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Comunicación Poder Judicial

Los juzgados de lo Mercantil del archipiélago canario registraron durante el pasado año 2023 un total de 2.195 demandas de concurso de acreedores, un 211,8% más que en 2022 (año en el que se computaron 704), según datos oficiales difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).  

El informe sobre los “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España en los Juzgados de lo Mercantil fue del 115,4%, lo que supone que, en las Islas, éstas aumentaron un 95,78% más que en la media del Estado.  

Con los datos que maneja el Consejo, se puede afirmar que durante 2023 Canarias fue la segunda comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso. La primera fue Murcia  con un 249,8%, y la tercera, Navarra, con un 173,9%.  

De los 2.195 concursos presentados en las Islas, 47 lo fueron a instancia de personas naturales empresarias, 130 de personas jurídicas y 2.018 de personas naturales no empresarias, esto es, el 91,9%.  

Son precisamente los concursos de personas naturales no empresarias los que provocan el sensible aumento de los procedimientos. Este dato y el hecho de que, hasta 2023, las quiebras de ciudadanos de a pie no se resolvían en los Juzgados de lo Mercantil, sino en los de Primera Instancia. 

Siempre según el estudio estadístico del CGPJ, durante el año pasado se declararon en la comunidad un total de 1.286 concursos, un 498,1% más que en el ejercicio anterior (215); se resolvieron convenios en nueve (un 40% menos que en el año anterior, cuando se habían encauzado 15) y se llevaron a liquidación 92 quiebras, un 18,6% menos que el año anterior (113).  

En lo que se refiere a los llamados concursos consecutivos (los que afectan a personas físicas, empresarios o no, en situación de insolvencia y a personas jurídicas, con un pasivo inferior a cinco millones de euros, bienes y derechos con un valor inferior a cinco millones de euros, y menos de 50 acreedores. Tanto unas como otras, además, deben haber intentado y no conseguido aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos, una vez iniciado el procedimiento; o, una vez aprobado éste, que el deudor no haya capaz de cumplirlo), en las Islas se declararon el año pasado 360, un 242% más que en 2022, cuando se habían computado 105.  

En cuanto a procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron en 2023 un total de 10.176, un 16,7% más que en el año anterior (8.721). Este dato implica que la tasa de demandas por despido por cada 100.00 habitantes en las Islas fue de 459,8, la más alta del país, por encima de Cataluña (348,7) y de Madrid (346,5).  

El estudio también analiza los procedimientos incoados ante la jurisdicción civil en reclamación de cantidades dinerarias: durante el año pasado se computaron en las Islas 8.386, un 5% menos que en el año anterior. En cifras relativas, el Archipiélago registró una media de 380,4 reclamaciones por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España, solo superada por Cantabria (380,4). La tercera fue Asturias (377,2).  

En lo que se refiere a ejecuciones hipotecarias, se presentaron 889, un 0,9% más que en 2022. 

Los datos que aluden a lanzamientos derivados de esas ejecuciones indican que el año pasado hubo 627, un 18,9% menos que en 2022. Los lanzamientos con cumplimiento positivo fueron 339, un 29,1% menos que en el año anterior (478), y los practicados fueron 1.782, un 27,1% menos que en 2022 (2.445).  

Según el informe estadístico, en 2023 se practicaron en el Archipiélago 283 lanzamientos derivados de incumplimientos de la ley hipotecaria, un 34% menos que en 2022 (429); 1.398 por impago de alquileres, un 25,9% menos que en el ejercicio anterior (1,887) y 101 por otros motivos, un 21,7% más que en 2022  (129).  

Monitorios y okupas  

La estadística también alude a procedimientos monitorios (previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos). En el Archipiélago se tramitaron durante 2023 un total de 74.035 procedimientos de este tipo, un 12,8% más que en el ejercicio anterior (65.650). 

En términos relativos, Canarias fue el año pasado el territorio con mayor densidad de este tipo de pleitos (3.345, 6 por cada 100.000 habitantes). Madrid fue la segunda comunidad (2.556,1), y Valencia, la tercera, 2.331. 

Finalmente, en lo que se refiere a los datos regionales, el informe detalla que en las Islas se computaron el año pasado 140 juicios verbales de ocupación de vivienda (okupas),  un 15,7% menos que en 2022.

Consulte los datos estadísticos correspondientes a 2023 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/