Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el pasado año 2023 aumentaron un 17,2% en comparación con 2022. Si hace dos años los juzgados de las Islas habían registrado 9.757 denuncias por violencia machista, en 2023 el número fue 11.440 (1.683 más), según datos difundidos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 

El aumento de la criminalidad machista en Canarias es superior al registrado en la totalidad del territorio nacional, donde el número denuncias se incrementó un 9,5% en la comparativa interanual. 

El crecimiento de los casos de machismo en las Islas se revela especialmente relevante en el contexto de los datos comparados: Entre 2021 y 2022 el número de denuncias por violencia machista había crecido en el Archipiélago un 8,4%, pero entre 2022 y 2023 este aumento ha subido al 17,2%, esto es, en 8,8 puntos porcentuales más.  

Según el informe del órgano de gobierno de los jueces, el número de mujeres víctimas de la violencia de género también se incrementó el año pasado en las Islas, en comparación con 2022. Pasó de 9.721 a 11.440, 1.719 más, un aumento ligeramente superior al del número de denuncias: 17,7%. 

De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el año pasado una tasa de 102,1  mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, la cuarta más alta del Estado después de Baleares (124,8), Murcia (114,5) y la Comunidad Valenciana (106,5). El dato supone un incremento de 13,9 puntos con respecto a la ratio del año anterior, aunque el escalafón de comunidades más castigadas por la violencia machista permaneció inalterado. 

La media nacional fue de 79,4 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, 22,7 puntos por debajo de la ratio canaria. 

Las comunidades con la tasa más baja de mujeres víctimas de violencia de género el año pasado fue Castilla y león (52,5), cifra que casi se dobla en Canarias. La segunda tasa más baja fue la de Galicia (53,1), y la del País Vasco (56,8).

El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 11.440 mujeres víctimas de violencia en Canarias, 8.541 fueron españolas (ocho de ellas menores de edad) y 2.899 extranjeras. 1.391 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 15,5% más que en el año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 1.204 féminas. 

Durante el año pasado, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 3.216 sentencias condenatorias (un 19,6% más que en 2022), 133 sentencias absolutorias (un 38,4% menos que en el año anterior), 541 autos de sobreseimiento libre (+21,6%) y 4.318 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+26,4%).

En lo que alude a personas enjuiciadas, en 2023 fueron 728 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 16,3% menos que en 2022), siendo condenadas el 68,5% (un 5,7% más que en 2022). 408 fueron ciudadanos españoles y 91 extranjeros. 

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron el año pasado 1.881 peticiones, un 1,5% más que en 2022. De ellas, los juzgados inadmitieron 13, adoptaron 1.461 (un 9,9% más  que en 2022) y denegaron 407 (-22,5%). 

El informe detalla que durante 2023 el Archipiélago registró una tasa de 16,4 mujeres con órden de protección por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género, la segunda tasa de esta índole más baja de España, sólo superada por la de Navarra (15,9).

El estudio del Observatorio ofrece por tercer año datos desglosados por islas. Durante el año pasado, en Fuerteventura se registraron 1.097 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 5.628; en Lanzarote, 627; en El Hierro, 31; en La Gomera, 69; en La Palma 416, y en Tenerife, 5.816. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.

Datos nacionales

Durante 2023 el número de denuncias y el de mujeres víctimas de la violencia de género volvieron a aumentar con respecto al año anterior, como viene ocurriendo de forma continuada desde 2013, con la única salvedad del año 2020, en el que la situación de las víctimas de la violencia de género estuvo condicionada por la crisis sanitaria del Covid. A lo largo del pasado año, se registraron cada día un total de 546 denuncias y hubo 533 mujeres víctimas de estos delitos, cifras que se sitúan por encima de la media diaria registrada en el ejercicio anterior (499 y 483, respectivamente).

Según los datos anuales correspondientes a 2023, los órganos judiciales recibieron 199.282 denuncias por violencia de género, un 9,46 % más que en 2022, año en el que se registraron 182.065; en cuanto a las mujeres víctimas, fueron 194.658, un 10,30 % más que el año anterior, con 176.483.

La suma de las órdenes de protección acordadas el pasado año ascendió a 35.551, un 8,24 % más que en 2022, mientras que las sentencias dictadas fueron 60.172, un 5,4 % más. El 80,64 % de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio, lo que marca un nuevo máximo anual en la serie histórica.

Un año más, siete de cada diez denuncias (70,93 %) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,82 por ciento del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,94% y las presentadas por terceras personas, el 3,43 por ciento.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 79,4 en toda España, seis puntos y medio más alta que en 2022. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77. 

Dos de cada tres mujeres víctimas (65,22 %) eran españolas.

El 10 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó un 15,38 % respecto a 2022: un total de 19.500 víctimas renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. Pese al incremento en el número total, el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa (10,02 %) fue muy similar al de 2022 (9,58 %). De ellas, 9.540 eran españolas y 7.299 de otras nacionalidades.

Órdenes de protección solicitadas y concedidas

En 2023 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 50.806 órdenes de protección. De ellas, fueron acordadas 35.551, un 8,24 % más que en 2022 y se denegaron otras 15.067, un 5,6 % más que en el año anterior. Un año más, los órganos judiciales acordaron siete de cada diez órdenes de protección, un 69,97 por ciento.

Del total de órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, 29.177 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 68,7 % de las solicitudes que recibieron; las otras 6.374 (el 77 % de las solicitadas) correspondieron a los juzgados de guardia.

En el 46,3 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección, porcentaje levemente inferior al de 2022 (48,4 %).

Dos de cada tres mujeres (64,8 %) que solicitaron protección eran españolas y un 2,1 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. En ambos casos, los porcentajes son similares a los registrados en 2022. 

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 64.914 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (25.137), que representaron el 67,37 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (24.270), un 65,25 por ciento. 

Ocho de cada diez sentencias fueron condenatorias

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó más de tres puntos respecto a 2022 y se situó en el 80,64 % del total.

Órgano	Total Sentencias	Sentencias Condenatorias	%	Sentencias Absolutorias	%
JVM	29.415	27.227	92,56%	2.188	7,44%
JUZGADOS DE LO PENAL	30.325	20.948	69,08%	9.377	30,92%
AUDIENCIAS PROVINCIALES	432	350	81,02%	82	18,98%
TOTAL	60.172	48.525	80,64%	11.647	19,36%

El número total de sentencias dictadas en 2023 fue de 60.172 y, de ellas, 48.525 fueron condenatorias y 11.647 (el 19,36 %), absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,56 %, y en las audiencias provinciales, con el 81,02 % del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 69,08 % de los casos enjuiciados.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año un total de 7.347 juicios sobre delitos leves, un 2,6 % más que en 2022. De ellos, 3.184 (el 43 %) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados en año pasado (9.085), el 33 % fueron injurias y el 40 % vejaciones injustas.

Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del año un total de 264.505 asuntos penales, siendo el 62,7 % de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del código Penal.

El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista en estos juzgados -en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas- ascendieron a 25.632, un 9,6 % más que en 2022.

• Juzgados de lo Penal

Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 33.117 asuntos durante 2023 y resolvieron 31.809. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 30.325, de las cuales fueron condenatorias 20.948 (69,08 %).

• Audiencias Provinciales
  

Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 432 sentencias, de las que 350 (81,02 %) fueron condenatorias.

• Juzgados de menores
  

Por su parte, el año pasado los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 342 menores de edad, un 12,13 % más que en 2022. Se impusieron medidas en nueve de cada diez casos, 315 en total, de los que 268 eran relativos a menores españoles y 47 a menores de otras nacionalidades. En los otros 27 procedimientos no se impusieron medidas.

Principales datos del cuarto trimestre de 2022

Los principales indicadores de la violencia de género mostraron, durante el cuarto trimestre del año pasado, la tendencia al alza de toda la anualidad. El número de mujeres víctimas de la violencia machista, 49.780, fue un 14,43 por ciento más que en el mismo periodo de 2022, en el que sumaron 43.504. Dos de cada tres víctimas (65,49 %) tenía nacionalidad española.

También se incrementaron, en un 13,43 %, las denuncias, que sumaron 51.132 frente a las 45.078 del último trimestre de 2022. Tres de cada cuatro de esas denuncias, el 70,02 %, fueron presentadas por la propia víctima, mientras que su entorno familiar denunció los hechos en un 1,7 % de los casos. 

El número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber legal de prestar declaración aumentó en un 4,69 % respecto al año anterior. En total, fueron 4.795 mujeres, es decir, el 9,63 % de las víctimas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron entre octubre y diciembre de 2023 un total de 6.991 órdenes de protección, el 67,3 % de las 10.386 solicitadas ante estos órganos judiciales. A éstas se añaden las 1.670 órdenes adoptadas por los juzgados en funciones de guardia, el 77 % de las 2.169 peticiones recibidas.

En el periodo analizado, los juzgados impusieron 15.698 medidas de protección de carácter penal (derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares de protección y seguridad de las víctimas), siendo las más frecuentes la orden de alejamiento (70,43 % sobre el total) y la prohibición de comunicación (67,54 %).

Además, los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 4.943 medidas civiles, siendo las más habituales las relacionadas con la prestación de alimentos (19,57 % del total), la atribución de la vivienda (14,49 %) o la suspensión del régimen de visitas (12,17 %) y de la guarda y custodia (7,32 por ciento).

El número de sentencias dictadas por los órganos judiciales en materia de violencia de género fueron 16.426. De ellas, el 79,03 % contenían un fallo condenatorio y el 20,31 % restante eran absolutorias.

El porcentaje más elevado de condenas se dio en los juzgados de violencia sobre la mujer, en los que el 91,41 % de las 7.612 sentencias dictadas contenían un fallo condenatorio. De las 128 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, fueron condenatorias el 79,69 %, mientras que los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 68,17 % de las 8.686 sentencias dictadas.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, quiere poner en valor la importancia del elevado porcentaje de condenas de las sentencias dictadas por los órganos judiciales, que alcanzó un nuevo máximo histórico anual al situarse en el 80,64 por ciento.

Carmona explica que el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas contengan un fallo condenatorio es un claro síntoma de que el funcionamiento de la justicia y de todos los operadores que colaboran con jueces y juezas (fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, policías, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etc.) va mejorando cada día. Es decir, la maquinaria que se pone en marcha cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género ha alcanzado un elevadísimo nivel de eficacia.

La presidenta del Observatorio recalca que la capacidad de reunir el material probatorio necesario para alcanzar un fallo condenatorio se hace siempre, y en cualquier caso, con el máximo rigor en la protección de todos los derechos que asisten al investigado. “Que haya un mayor porcentaje de fallos condenatorios implica que no hay impunidad en estos delitos y que la credibilidad de la víctima en su declaración se valora siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, añade.

Carmona insiste en la necesidad de mantener los altos niveles de formación y profesionalidad de quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a la víctima. El Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios, por lo que hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia.

El incremento de las denuncias y del número de víctimas, situados en torno al diez por ciento, nos debe llevar a realizar un doble análisis, según Ángeles Carmona. Los datos de 2023 tienen, por un lado, una lectura positiva, en la medida en que muestran que las mujeres confían en la justicia y dan el duro paso de denunciar a su agresor. Pero también nos muestran con toda la frialdad que permiten los números que la violencia contra las mujeres sigue muy presente en nuestra sociedad, con una media superior a las quinientas denuncias y víctimas al día a lo largo del año.

Desde el Observatorio, Ángeles Carmona sigue pidiendo a todas las víctimas de la violencia de género que denuncien, que no guarden silencio y no sufran en soledad. Hay salida a la violencia de género, pero es necesario denunciar los hechos en el juzgado o en comisaría. Los datos anuales muestran cómo, pese al aumento experimentado por el número de denuncias, las presentadas por mujeres que han decidido dar el paso se mantienen en un porcentaje estable en el tiempo, cercano al 70 por ciento. Y este, señala Carmona, es un dato sin duda positivo.

El reverso de la moneda lo constituye el escasísimo porcentaje que representan las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, que en 2023 fue del 1,82 por ciento. Por este motivo, Carmona insiste en hacer un llamamiento a los familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. “Una llamada a tiempo de cualquiera de ellos puede ser crucial para salvar una vida”, reitera la presidenta del Observatorio.

Los datos estadísticos están disponibles en la página:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/