La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena al juez Santiago Pedraz investigar dos querellas de perjudicados de Grupo Herrero Brigantina

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera admiten el recurso presentado por los afectados contra la decisión del juez instructor de inadmitirlas

Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que asuma la investigación de dos querellas de perjudicados por la presunta estafa en la comercialización de productos financieros de la mercantil Grupo Herrero Brigantina. 

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera admiten el recurso presentado por los afectados contra la decisión del juez instructor de inadmitir sus querellas. 

La Sala explica que las querella relatan cómo el Grupo Herrero Brigantina comercializó el producto TOP 25 a sabiendas de que la rentabilidad no iba a ser pagada y que, además, no era respaldada por AXA, siendo una estrategia urdida por el Grupo HB para hacer la contratación fiable y atractiva para los clientes, lo que sería, a su juicio, un indicio claro del ánimo de estafar a sus inversores, llevándolos bajo este engaño a hacer un desplazamiento patrimonial en su beneficio. 

El auto de la Sala indica que los hechos denunciados tienen apariencia de delito de estafa y añade que el número de posibles afectados (no inferior a los 82 que figuran en las querellas rechazadas) a los que habría que añadir los perjudicados en los procedimientos en los que se ha rechazado la inhibición, así como el número de provincias con afectados por estos hechos (no menos de 14) y la cuantía supuestamente defraudada (40 millones de euros, según uno de los recurrentes) son circunstancias que aconsejan que la investigación se lleve en un solo procedimiento. 

De esta forma, apunta el Tribunal, se permitirá la concentración de las defensas por personas con intereses y planteamientos comunes y se evitarán duplicidades en las diligencias a practicar, así como el ejercicio del derecho de defensa de los investigados. 

La Sala recuerda que la posible cuantía de la defraudación supera, aparentemente, el límite de los 7 millones que establece la jurisprudencia para atribuir la competencia de la investigación a la Audiencia Nacional.