El juez Pablo Ruz ha acordado continuar con el procedimiento por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria el 14 de julio de 1976 en Chile y en el que están procesados siete miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de aquel país.

En un auto, Ruz explica que procede mantener la investigación al haberse acordado el procesamiento por delitos de terrorismo, además de los de genocidio, asesinato y detención ilegal y ser la victima española, por lo que se cumplirían los requisitos establecidos con la reforma de la Ley de Justicia Universal.

A juicio de Ruz, concurren en el presente caso los supuestos necesarios "para afirmar la competencia de la jurisdicción española" y no solo por el delito de terrorismo, si no que "debe extenderse al enjuiciamiento de los delitos conexos", esto es, a todos los demás.

El juez acuerda reiterar la comisión rogatoria enviada a Chile el pasado mes de enero para determinar si en aquel país existe una investigación de los hechos. Una vez recibida, se elevara exposición razonada al Tribunal Supremo al objeto de determinar si en Chile ha existido "disposición a actuar" en relación con los hechos. El magistrado rechaza la petición del fiscal de concluir el sumario y mandarlo a la Sala para que decida sobre el archivo o continuación del procedimiento "por cuanto difícilmente podrían seguirse los trámites necesarios para el cumplimiento de una comisión rogatoria y la posterior elevación de exposición razonada al Tribunal Supremo con las actuaciones archivadas".

Respecto de las diligencias solicitadas por las partes en las piezas I y II de esta causa (relativas a los hechos derivados de la represión argentina a partir de 1976), las remite a la Sección Tercera de la Sala Penal, donde se encuentran elevadas "a los efectos oportunos".