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La Sala de lo Contencioso-administrativo entra a analizar la justificación legal del Pepri de 2018 del barrio viejo de la capital grancanaria. Los propietarios de un inmueble entre las calles Cano y Torres pretendían aumentar la altura o ser indemnizados por la reducción de edificabilidad
El tribunal también impone al procesado una medida de libertad vigilada de 5 años a ejecutar tras la pena de prisión, la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 15 años y el pago de una indemnización de 40.000 euros a la joven, que en la actualidad es mayor de edad
Los hechos tuvieron lugar en 2015 y 2017 y han podido ser juzgados después de que en 2022 el procesado fuera detenido por un abuso sobre una menor y se comprobara que las muestras de ADN recogidas eran coincidentes con las obtenidas en las ropas de estas dos víctimas
La sentencia señala que aún sin éste material probatorio “no existen elementos independientes que permitan acreditar el tráfico de drogas y la asociación y organización entre los acusados, ni el intento de financiación de producciones artísticas derivadas de la comisión de actividades ilícitas”