La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tomado hoy conocimiento del siguiente comunicado del Grupo de Trabajo de Mediación con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se celebra mañana: 

“Las ciudadanas y los ciudadanos son los destinatarios principales de un servicio público de la Justicia que, a la vez que garantiza el reconocimiento de la Justicia como valor superior de nuestra Constitución, supone una garantía básica de los derechos fundamentales a la libertad, a la seguridad, al acceso a la Justicia, a la participación, a la tutela judicial efectiva y a la paz. 

Una de las obligaciones prioritarias de los Poderes del Estado y de las Administraciones Públicas de España es potenciar el acceso a una Justicia de calidad, removiendo obstáculos, dotando de medios adecuados al servicio público de la Justicia, introduciendo reformas legislativas que repercutan tanto en la apuesta por la vía judicial como en métodos extra judiciales, intra judiciales o intra procesales de solución de litigios, que impliquen para la ciudadanía un importante beneficio de cara al acceso a la Justicia, la reducción de sus costes y la duración de los procedimientos, superando las ineficiencias estructurales que padece nuestro sistema de Justicia. 

El fomento de la Mediación intra judicial y la potenciación de los medios adecuados para la solución de las controversias son medidas que el CGPJ ha considerado inexcusables para avanzar en la modernización, la agilización procesal y la mejora de la calidad de la Justicia, integrando el conjunto de  las Medidas organizativas y procesales aprobadas por el CGPJ en la sesión plenaria del 16 de junio de 2020, dentro del Plan de Choque para la Administración de Justicia tras el estado de alarma, teniendo en cuenta siempre que ninguna de las medidas a introducir en las reformas a emprender debe ir en detrimento de las garantías procesales de los justiciables, ni mermar la calidad del servicio judicial, el derecho de acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva. 

En un día como hoy es preciso recordar que, para la Unión Europea, y así ha sido reiterado por todas sus Instituciones, garantizar un sistema de Medios Adecuados para la solución de controversias se ha convertido en una nueva vertiente o dimensión del Derecho de acceso a la Justicia, y en un elemento fundamental dentro del espacio de libertad, seguridad y Justicia europeos. 

Han transcurrido catorce años desde que se aprobara la Directiva de Mediación 2008/52 de 21 de mayo de 2008, así como diez años de vigencia en el sistema jurídico español de la Mediación, desde la ley 5/2012 de 6 de julio, de la Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Como hemos recordado reiteradamente, los avances y progresos logrados en el impulso de este medio de solución de conflictos, y del número cada vez más creciente de ciudadanos y operadores jurídicos y mediadores comprometidos con el mismo, no podemos desconocer el amplísimo camino que queda por recorrer para una implantación normalizada de los medios de solución de las controversias. Como nos recuerdan el propio Parlamento Europeo y la Comisión de la UE en diversos informes, y ha sido expresamente puesto de manifiesto en sus estudios de los años 2016, 2017 y 2018 sobre la aplicación de la Directiva de Mediación de 2008/52, se constata en el seno de los países miembros de la Unión Europea un desconocimiento general y una deficiente y mínima cultura, práctica y utilización de la Mediación y de los diversos medios de solución de controversias, aunque exista una demanda implícita de Instrumentos jurídicos e Instituciones Jurídicas de calidad y de las soluciones auto compositivas intra o extrajudiciales. Así, se nos ha puesto manifiesto que “los objetivos de lograr una relación equilibrada entre Mediación y Proceso Judicial no se han logrado, ya que, en la mayoría de los Estados miembros, la Mediación se utiliza en menos del 1 % de los casos llevados ante los Tribunales”. Por otro lado, se plantea también la necesidad de ampliar la Mediación a otros ámbitos y a otras cuestiones, a la realización de un detallado estudio sobre los obstáculos a la Mediación en Europa, a crear Registros nacionales de procedimientos de Mediación y a la adopción de nuevas medidas (informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2008/52, de 26 de agosto de 2016 [COM (2016) 542 final], y Resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 2017 sobre la aplicación de la Directiva 2008/52 y de 21 de setiembre de 2018). 

El Consejo General del Poder Judicial lleva 25 años defendiendo y promocionando la Mediación. Desde la aprobación del Libro Blanco de la Justicia en 1997, y continuando la labor y los avances propiciados por otros Consejos (años 2001 y 2008), es preciso destacar especialmente el trabajo por la Mediación del Consejo General del Poder Judicial en este mandato 2013-2018. Es oportuno en estos momentos recordar que este Consejo General del Poder Judicial  -cuyo mandato ordinario a día de hoy está más que vencido en mil ciento cuarenta y cinco días (1.145 días)-, ha venido realizando desde sus inicios una política activa en favor de la Mediación como una de sus acciones prioritarias, abarcando numerosas iniciativas, como una mayor especialización en su tratamiento mediante la creación de la Sección  de Mediación en su Gabinete Técnico y un Grupo de Trabajo por la Mediación; la constitución de una red de coordinadores provinciales de Mediación y equipos volantes de expertos; el incremento de la dotación presupuestaria en favor de la Mediación; el aumento de las actividades en la Formación inicial y continua en Mediación y otros métodos de solución de conflictos; la organización de Jornadas formativas y de campañas de información sobre la Mediación; la suscripción y renovación de Convenios de colaboración e impulso de la Mediación con las Administraciones Públicas, el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas, la Fiscalía General, los colectivos sociales, los operadores jurídicos, las entidades profesionales, las universidades etc.; la aprobación de la nueva Guía para la Práctica de la Mediación intra judicial y el Protocolo de la Mediación contencioso-administrativa; el nuevo diseño de la página Web de Poder Judicial reforzando los contenidos sobre Mediación, Mapa de la Mediación, Guías, Convenios, resoluciones judiciales de interés etc., que ahora vamos a modificar para mejorarlo; o el incremento de los órganos jurisdiccionales que derivan a Mediación, y del mayor compromiso de la Carrera Judicial. 

En un día como hoy el CGPJ quiere ratificar su voluntad de seguir impulsando y fomentando  la Mediación con entusiasmo e intensidad, en el ámbito de sus competencias, y quiere reconocer públicamente el compromiso y el elevado interés de un número importante de ciudadanas y ciudadanos, así como de todos los operadores jurídicos implicados, miembros de la Carrera Judicial y del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, Colegios Profesionales, Comunidad Universitaria, y un largo etcétera de entidades sociales y jurídicas. Con todos ellos, así como con las Administraciones públicas, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, este Consejo ha venido suscribiendo múltiples convenios de colaboración y activado sus órganos de seguimiento para fomentar e impulsar la Mediación y la concienciación en la existencia y utilidad de los instrumentos o medios alternativos y complementarios de solución de las controversias y de justicia restaurativa. 

Somos conscientes de la necesidad de adoptar nuevas medidas de impulso de la Mediación. Recientemente el Grupo de Trabajo sobre la Mediación del CGPJ, ha revisado y elaborado un nuevo programa de trabajo para el futuro inmediato. 

Nuestro inmediato objetivo es reactivar las Comisiones de seguimiento de los Convenios suscritos reevaluando sus contenidos y resultados, convocar la reunión de la Comisión interterritorial de seguimiento de los Convenios suscritos, una vez que han sido ratificados, con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia. Así mismo es preciso mejorar la información estadística sobre la Mediación, reorganizar la red de coordinadores provinciales de Mediación, y la página web del Consejo reactualizando sus contenidos y prestaciones. 

También es un objetivo prioritario de corto plazo el reconocimiento de la labor del Juez en la búsqueda de acuerdos, potenciando su labor conciliatoria y sus posibilidades de derivación a Mediación, sin detrimento de las que puedan corresponder a las partes y demás operadores jurídicos. Las medidas de fomento de los acuerdos, sin retrasar la duración de los procedimientos, se han de extender a todos los órdenes jurisdiccionales y a todas las fases de los procesos, incluidas las de recurso y ejecución, en su caso. 

Creemos que es el momento de establecer fórmulas para incentivar la Mediación desde el punto de vista social, profesional, económico, fiscal, y reconocer el uso de esta herramienta en la valoración y reconocimiento de la carga de trabajo, los rendimientos y  la actividad profesional de los miembros de la Carrera Judicial, que  con su proceder de derivación y apoyo, despliegan un intenso trabajo, dedicación y rendimiento, no suficientemente valorados ni reconocidos,  facilitando la solución concertada de las controversias, mediante  acuerdos y resoluciones judiciales de homologación o subsiguientes a los acuerdos de Mediación. 

Por otro lado, se hace preciso promover un modelo de prestación de servicios de mediación intra judicial evitando la actual dispersión de mecanismos unificando contenidos formativos, procedimientos y prácticas, estándares de calidad, así como actuaciones susceptibles de lograr una mayor concienciación sobre las características y potencialidades de la Mediación. 

Considera este Consejo que es preciso desarrollar institucionalmente la organización de Servicios o Unidades funcionales de Mediación o, en todo caso, el establecimiento de medios adecuados de solución de controversias en torno a las sedes judiciales, a partir de las experiencias desarrolladas y que se vienen desarrollando. 

Queremos también exhortar a la aportación de medios materiales y personales y a la continuidad en la implicación de todas las Administraciones Públicas, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas junto con el CGPJ, en colaboración -de manera coordinada con los diferentes colectivos-, para seguir impulsando la Mediación y los diversos medios de solución de controversias. 

Vivimos tiempos en los que se han presentado diversas iniciativas legislativas procesales, Orgánicas, de organización de la Justicia y de los Tribunales de Instancia. En ellas se desarrollan nuevos espacios y una regulación renovada para el fomento de la Mediación y de los Medios adecuados para la solución de las controversias. La nueva Oficina Judicial proyectada y los Servicios Comunes Procesales estarán llamados a desempeñar funciones de Jurisdicción voluntaria, y de Medios Adecuados para la solución de controversias. Las llamadas Oficinas de Justicia de los Municipios, serán unidades para la prestación de servicios a la ciudadanía prestando, entre otros servicios, la colaboración con las Unidades de Medios adecuados de solución de controversias existentes en su ámbito territorial, en coordinación con las Administraciones prestacionales competentes. Las nuevas reformas de eficiencia procesal proyectadas regulan un amplio abanico de medidas procesales tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en la Ley de Mediación para desarrollar la Mediación, los MASC. Hoy queremos manifestar nuestro deseo de diálogo plural y de acuerdo por la Justicia, para que los proyectos anunciados, no se queden en frustración. 

Los últimos pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial sobre la Mediación se contienen en el Informe preceptivo que emitió sobre el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación (ALIM), aprobado en el Pleno del día 28 de marzo de 2019, en el mencionado Plan de Choque para la Administración de Justicia, aprobado en el Pleno del día 16 de junio de 2020, y en el informe al anteproyecto de ley de medidas para la eficiencia procesal y los MASC, aprobado en julio de 2021. Este último informe dedica una parte sustancial de sus consideraciones y cuarenta y cuatro de sus conclusiones, a las reformas procesales y regulaciones proyectadas sobre los Medios Adecuados de Solución de las Controversias. A ellos nos remitimos ratificándonos en los mismos, desde la lealtad institucional, y desde la convicción de que habrán de ser una herramienta útil para los siguientes trámites, que se sigan, sobre las próximas iniciativas de reforma normativa en esta materia. 

Por último, como ya hemos advertido en diversas resoluciones y comunicados, el Consejo General del Poder Judicial ratifica su compromiso con la Mediación y con cuantos ciudadanos, ciudadanas y profesionales han venido trabajando intensamente por una solución pacífica y adecuada de los conflictos. Este Consejo considera que, agotado con creces su mandato, es precisa para los próximos años una estrategia de largo plazo para reorientar e impulsar con nuevas iniciativas el funcionamiento de la Justicia, así como su actividad en favor de la Mediación y de los medios adecuados de solución de controversias. Por ello resulta imperiosamente necesario que las Cortes Generales y los Grupos Parlamentarios, los Diputados y Senadores, y los miembros del Gobierno, cumplan de manera urgente con su obligación constitucional de renovar el CGPJ, cuyo mandato lleva excedido en 1.145 días. No perdemos la esperanza para que cumplan con lo establecido en nuestra Constitución y en la Ley”.