La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha aprobado en su sesión del 12 de septiembre de 2022 dos nuevos dictámenes: uno sobre los efectos del compromiso ético en el acceso y en la promoción profesional de los jueces; el otro sobre la perspectiva de género al aplicar la dimensión ética del ejercicio jurisdiccional.

El Decimonoveno dictamen sobre la carrera judicial y su vinculación con la ética ha sido aprobado a partir del proyecto elaborado por la comisionada Elena Martínez Rosso, magistrada de la Suprema Corte del Uruguay.

Este dictamen pretende establecer las pautas que debería respetar un sistema de ingreso a la carrera judicial y de promoción de jueces que otorgue al comportamiento ético el lugar destacado que a juicio de toda la comunidad iberoamericana debe tener.

El dictamen se aprobó después de haber elaborado una Encuesta, que resumidamente se recoge en un breve apéndice que figura como parte de este dictamen; seguida. El dictamen termina con unas conclusiones donde se apuntan las recomendaciones para conseguir que el comportamiento ético de los jueces redunde en su promoción profesional.

En este sentido, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial destaca que la conducta ética del juez, en sentido amplio, comprensiva de las actitudes que se adoptan en el ejercicio de la función, debería ser un factor determinante para decidir acerca de su promoción.

El Vigésimo dictamen se refiere a la dimensión ética de la incorporación de la perspectiva de género en los sistemas judiciales de la región iberoamericana, del que ha sido ponente la comisionada Farah M. Saucedo Pérez, vicepresidenta del Tribunal Popular Supremo de Cuba.

Con este dictamen la Comisión se propone analizar estas cuestiones como una contribución a la transformación y mejora progresivas de los mecanismos utilizados por los sistemas judiciales iberoamericanos para erradicar la desigualdad y la discriminación por motivos de género o cualquier otro y avanzar hacia modelos de justicia más respetuosos de los derechos humanos de todas las personas, igualitarios, inclusivos y que eleven la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.

En este dictamen se subraya que la importancia de incluir la perspectiva de género en la administración de justicia, como un principio ético que debe plasmarse expresamente en los códigos de ética judiciales, en tanto contribuye a la realización del principio de igualdad y no discriminación para todas las personas intervinientes en los procesos judiciales, al servir de alerta frente a las manifestaciones discriminatorias y la violencia basada en el género, que pudieran verificarse entre los miembros de las instituciones judiciales.