El tribunal no entra a valorar si cometieron unos u otros delitos, y recuerda que las acusaciones pueden acusar por delitos distintos a los que calificó el juez e incluso pedir el archivo

 

 

Santander, 13 de enero de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander de imputar a nueve personas por el conocido como ‘escrache a Diego’, que tuvo lugar en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria.

 

En una resolución notificada hoy, el tribunal desestima el recurso presentado por los nueve imputados, ya que considera que “en este momento procesal concurren indicios racionales suficientes” de que esas nueve personas “pudieran haber cometido alguno de los tipos delictivos que se derivan del relato de hechos punibles”.

 

Según la Audiencia, el auto recurrido “se encuentra correctamente motivado y detalla con precisión y acierto la determinación de los hechos punibles y la identificación de las personas a las que se les imputan”.

 

Y añade que la calificación jurídica que realiza el instructor en el auto que pone fin a la misma “no vincula a las acusaciones, que pueden acusar por los mismos o distintos tipos penales, e incluso no llegar a acusar, solicitando el sobreseimiento de las actuaciones”.

 

Por tanto, el tribunal no entra a valorar la calificación jurídica que en su momento realizó el juez instructor y lo que sí confirma es la existencia de “indicios de comisión de los hechos que justifican la continuación” del proceso penal.

 

“No estamos aquí enjuiciando a los recurrentes, sino comprobando si de lo actuado se desprende la existencia de indicios racionales de comisión de algún delito”, señala el auto, para, a continuación, añadir: “Y esos indicios los hay”.

 

Los hechos en la Universidad de Cantabria

 

Según relataba el auto de transformación en procedimiento abreviado recurrido, el 17 de febrero de 2014, en el edificio de las Universidades, un grupo de personas, “previamente concertados con la finalidad de alterar el orden público, conociendo que el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, iba a intervenir en un acto, se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente del recinto, impidiendo de hecho que éste pudiera acceder a su vehículo oficial”.

 

Y continuaba el auto, tres de ellos “formaron una especie de cordón que obligó a los miembros del equipo de seguridad del presidente a evacuarle en el vehículo policial de reacción, lo que consiguieron tras grandes dificultades, luchando denodadamente con los allí congregados”.

 

Como consecuencia de tales hechos, el capó de un vehículo oficial resultó dañado, sin que conste quién fue el autor de tales desperfectos.