Resumen: El gasto ocasionado por la asistencia dispensada, en este caso actuaciones de diagnosis y seguimiento, prestada por el servicio público de salud a pacientes beneficiarios de MUFACE, en contacto estrecho con personas infectadas con Covid-19 o sospechosas de haber contraído la enfermedad, no debe ser soportado por el sistema público sanitario, al no constituir una excepción a los servicios sanitarios que se deben proveer por la mutualidad, por lo que cabe reclamar a la compañía aseguradora, en este caso, DKV Seguros y Reaseguros, SAE, que colabora por medio de concierto con la mutualidad, el gasto generado por la mencionada asistencia.
Resumen: Meeting Point Spain, S.L.U. ERTE Covid-19 declarado nulo por la sentencia del TSJ recurrida, que estima la demanda de oficio de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias. De acuerdo con el Ministerio Fiscal, se desestima el recurso de casación.
Resumen: Mutualismo Administrativo. Asistencia sanitaria individual por Covid 19. No aplicación de disposición adicional 4ª de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: no es actuación o prestación de "salud pública" del artículo 11.2.a).
Resumen: DILACIONES INDEBIDAS: No procede su apreciación como atenuante muy cualificada al derivarse en parte el retraso de las peticiones de suspensión de la vista presentadas por la defensa del recurrente.PROCEDIMIENTO CON TODAS LAS GARANTÍAS: ARTÍCULO 324 DE LA LECRIM. ACTUACIONES INTEMPESTIVAS EN FASE DE INSTRUCCIÓN. La declaración policial como investigado no es procesalmente equivalente a la inculpación judicial de los artículos 118 y 775.1 de la LECRIM.Declaración como investigado en un procedimiento que se acumula después a otra causa principal en la que se le vuelve a citar como inculpado después de vencido el plazo de duración máxima de la instrucción. Al tener aquellas el mismo objeto procesal, la fecha determinante de la declaración inculpatoria es la inicialmente practicada.La citación personal para comparecer en calidad de investigado y con apercibimiento de hacerlo con abogado de su confianza, abre las posibilidades de defensa del llamado al proceso aunque después se acuerde la suspensión de la declaración por deberse abordar un análisis de la competencia territorial para conocer del asunto. La posterior reiteración de la citación después de haber vencido el plazo máximo de duración de la instrucción, está funcionalmente unida a la primera y no supone una llamada intempestiva del investigado.CONDUCTAS NEUTRALES: Desestimación. No procede su atipicidad en supuestos en los que se pone de relieve la finalidad delictiva, ni cuando la conducta del sujeto y el marco en el que se desarrolla evidencian una participación delictiva.ESTAFA: Engaño bastante. Concurre conforme a las circunstancias del caso.AUTORÍA POR COPARTICIPACIÓN: Ausencia de complicidad principal o auxiliar.RESPONSABILIDAD CIVIL: Indemnización concedida a favor de unos perjudicados personados como acusación particular que no reclamaron una reparación contra el recurrente. La falta de reclamación no es equivalente a la renuncia expresa del artículo 108 de la LECRIM, por lo que el Ministerio Fiscal tiene legitimación para peticionar en su nombre. Responsabilidad solidaria de los autores. Distribución interna de la obligación entre todos ellos. El Tribunal de instancia debe fijar la cuota de cada uno de ellos, siendo susceptible de corrección en casación. La ausencia de mención de la cuota que corresponde a cada uno equivale a fijarse a partes iguales, sin que proceda su corrección casacional si se aprecia que la responsabilidad de cada uno tiene una incidencia equivalente en el resultado. COSTAS PROCESALES: El responsable del delito no puede ser condenado al pago de las costas procesales generadas por la acusación particular, si solo el Ministerio Público ejerció pretensión punitiva contra él. Actuación inútil de la acusación particular respecto del acusado condenado.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Suspensión colectiva de contratos de trabajo: en la instancia CCOO y USO, con dos demandas más tarde acumuladas, impugnaron el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, referida a varios centros educativos privados de la provincia de Madrid. El ERTE afecto al 45,55% de la plantilla, y la duración fue de 1 mes. El periodo de consultas finalizó sin acuerdo. Les afectó las medidas adoptadas durante la pandemia. La empresa acreditó en general una situación de pérdidas económicas y en particular en esos centros. El TSJ Madrid, desestimó las demandas por entender acredita la causa económica alegada, y consideró cumplidas todas las formalidades legales. Recurrida en casación ordinaria, se pide la nulidad de la sentencia por falta de pronunciamiento sobre los remedios legales (negociación previa con la administración concedente) de aplicación a las empresas que gestionan indirectamente servicios públicos y presentan pérdidas. La Sala de casación rechaza la incongruencia denunciada, la revisión de los hechos, y en el apartado de censura jurídica, la infracción de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 290), y en cuanto a que la empresa no cumplió con las formalidades legales durante el periodo de consulta por considerar que era necesaria la auditoria que se denuncia, se desestiman por considerar que incurren ambas denuncias en un vicio de hacer un supuesto de cuestión por no ceñirse a los hechos probados de la sentencia.
Resumen: DESPIDO. EXTINCIÓN DE CONTRATO TEMPORAL. AUTONOMÍA DE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO. VALIDEZ DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: El TS desestima el recurso de SCHREIBER FOODS ESPAÑA, S.L. contra la sentencia que declaró nula una modificación de las condiciones de trabajo. La empresa pagaba a sus trabajadores un salario base superior y un complemento personal inferior a lo establecido en el Convenio Colectivo, manteniendo el salario fijo total. Esta práctica se mantuvo desde antes de 2017 hasta abril de 2022. En abril de 2022, la empresa ajustó las nóminas para que los conceptos salariales coincidieran exactamente con el convenio. CCOO demandó, alegando que este cambio constituía una MSCT de carácter colectivo y que debía haberse seguido el procedimiento del art. 41 ET, lo cual no se hizo. El TSJ determinó que la práctica había generado una condición más beneficiosa para los trabajadores. La modificación unilateral sin seguir el procedimiento legal era nula. El TS confirmó esta decisión, rechazando los argumentos de la empresa. Determinó que la práctica sostenida en el tiempo evidenciaba la voluntad de la empresa de otorgar esa condición y que su modificación requería seguir el procedimiento del art. 41 ET. Se ordena a la empresa restablecer las condiciones anteriores, manteniendo el salario base superior que percibían los trabajadores.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de inadmisión de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
