Resumen: Responsabilidad patrimonial derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades delegadas durante el estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia causada por el COVID-19. Inadmisibilidad
Resumen: Responsabilidad patrimonial derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades delegadas durante el estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia causada por el COVID-19. Inadmisibilidad
Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto frente a desestimación de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por la que se reclamaba una indemnización por los daños causados por la gestión de la pandemia de COVID-19, en la medida en que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69, letra c) de la Ley Jurisdiccional .
Resumen: Responsabilidad patrimonial derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades delegadas durante el estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia causada por el COVID-19. Inadmisibilidad
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Diputación Provincial contra sentencia que estimó un recurso promovido por un ayuntamiento contra Acuerdo de la Diputación de modificación de las bases reguladoras del Plan de Obras y Servicios. El recurso de casación se admitió a trámite por tener interés casacional la determinación de si la participación de los Ayuntamientos de régimen común en los planes de obras y servicios promovidos por las Diputaciones Provinciales precisa de previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que así lo disponga. El TS responde que si se exige a un municipio que certifique que ha sido el Pleno municipal el que ha acordado acogerse al Plan provincial, no es contrario a Derecho que esa exigencia se mantenga para certificar la decisión de acogerse a los planes adicionales que se integran en la misma convocatoria; y, más en concreto, que ante las circunstancias vividas durante el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no es contrario a Derecho prever que ese acuerdo lo adopte provisionalmente el alcalde, condicionado a su ratificación por el Pleno municipal.
Resumen: Demanda de desahucio por expiración del plazo. El juzgado estimó la demanda y declaró resuelto el contrato de arrendamiento por extinción del plazo pactado. Respecto de la petición de suspensión del desahucio por vulnerabilidad, se declaró no haber lugar a la misma por no estar solicitada en forma, sin perjuicio de que la petición pudiera ser solicitada nuevamente en el momento del lanzamiento. Los demandados recurren en apelación. Impugnan los pronunciamientos de la sentencia referidos a la denegación de la suspensión y solicitan que se declare la nulidad de actuaciones. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia del juzgado. La sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal de conformidad con lo establecido en el art. 469.2 LEC, toda vez que los demandados no recurrieron las resoluciones que acordaron la continuación del procedimiento pese a su petición de suspensión, por lo que, al quedar firmes por la inactividad de los demandados, ni era posible que la Audiencia Provincial estimara el recurso de apelación ni es posible ahora que la sala estime el recurso por infracción procesal. Ello determina que no pueda estimarse el recurso de casación, pues por esta vía, al defender que se da una situación de vulnerabilidad que justificaba la suspensión de la vista, la parte recurrente está intentando revisar una decisión que quedó firme en primera instancia, lo que en modo alguno puede ser objeto del recurso de casación.
Resumen: PRINCIPIO ACUSATORIO: Ausencia de modificaciones esenciales respecto del escrito de calificación provisional de las acusaciones.CITACIÓN POLICIAL COMO TESTIGO, EXISTIENDO INDICIOS DE PARTICIPACIÓN DELICTIVA: Improcedencia de declarar nula la declaración o los documentos que se aportaron en aquella fecha. Ausencia de conexión de antijuricidad con el resto de prueba practicada. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Dolo eventual e ignorancia deliberada. Diferencias conceptuales y exigencia probatoria. La teoría de la ignorancia deliberada no puede ser un instrumento para eludir el deber de justificación y motivación de la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal. Respecto del delito de blanqueo de capitales, la ignorancia deliberada limita su aplicación a supuestos de actividades fuertemente reguladas cuya normativa exige numerosos controles sobre la licitud del origen del dinero y cuyo incumplimiento consciente puede conformar una deducción sobre el conocimiento de la ilicitud. PRINCIPIO DE CONCORDANCIA Y DERECHO DE DEFENSA: La reclamación de una responsabilidad civil ex delicto permite una condena como partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal, sin quebranto del principio de congruencia. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA CONTRA EL PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO. La prescripción de la acción civil se interrumpe desde que se inició el procedimiento penal y se ejercitó una acción civil ex delicto. Solo cuando el responsable civil no ha sido llamado durante la fase de instrucción, la interrupción de la prescripción precisará de la presentación de un escrito de conclusiones provisionales en el que se sostenga la reclamación indemnizatoria.PENA DE MULTA PROPORCIONAL: Motivación del alcance de su extensión.
Resumen: SENTENCIA INADMITIENDO EL RECURSO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACTUACIONES COVID
Resumen: Las cuestiones con interés casacional consisten en: (1) Identificar, en el desarrollo del procedimiento inspector, la naturaleza de los efectos que se derivan de la falta de notificación de emplazamiento para la firma de las actas tributarias, determinando si tal omisión es un defecto de nulidad de pleno derecho en todo caso o, por el contrario, se trata de un defecto que sólo tendría eficacia anulatoria de las actuaciones cuando se pudiera considerar que la conducta se ha realizado con el fin de evitar la superación del plazo máximo para el desarrollo del procedimiento inspector. (2) Determinar, a los efectos de la regularización en materia de IRPF como consecuencia de un procedimiento inspector, si, necesariamente, debe determinarse el rendimiento neto reducido de forma diferenciada por cada una de las actividad económicas desarrolladas por el contribuyente, imputando, de esta forma, a cada actividad sus correspondientes ingresos y gastos, o por el contrario, puede determinarse un único rendimiento neto reducido mediante la imputación de la totalidad de los ingresos y gastos a una sólo de las actividades económicas realizadas.
Resumen: Aportación de correo electrónico personal del trabajador para la gestión de su actividad y recursos humanos, incluido en el sistema de teletrabajo: el empleador está obligado a proporcionar el medio de comunicación, caso de correo electrónico corporativo, a todos sus trabajadores. Obligación de proporcionar a la representacion de los trabajadores los medios y recursos necesarios que garanticen la comunicación de éstos con los trabajadores a distancia. Se confirma la sentencia recurrida
