Resumen: La Sala estima el recurso y se devuelven las actuaciones a la Sala de instancia al objeto de que por la misma se resuelva el fondo del asunto en el Recurso de apelación 72/2017, seguido contra la anterior sentencia de 9 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas. Entendida la naturaleza de los convenios urbanísticos en los términos expuestos en la sentencia, parece claro que el plazo de prescripción establecido en el artículo 25.1.a) LGP no colma, no llena, no integra el vacío normativo dejado por la legislación contractual pública reseñada en la sentencia de casación, que se refiere a la exigencia de las obligaciones o prestaciones derivadas del contrato o convenio suscrito con la Administración, es decir, al cumplimiento del contrato en los términos que son propios de su naturaleza y alcance (artículo 1258 CC). Por ello, y ante la inexistencia de norma de derecho administrativo que fije el plazo de prescripción que nos ocupa y la necesidad de proceder a la aplicación de la norma de derecho privado, hemos de acudir al artículo 1964.2 CC, así como al artículo 1939 CC, y por ello el plazo que debemos tomar en consideración, en el supuesto de autos es el del Código Civil. Por tanto, y en respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo planteada, se expresa que la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos es el artículo 1964.2 del Código Civil.
Resumen: Medida cautelar de suspensión del art. 9.2.d) de la Orden SND/399/2020, de 19 de mayo. No ha lugar a la suspensión.
Resumen: Se estima el recurso de casación por unidad de doctrina (STS de 29 de enero de 2020) en el que la cuestión a resolver consistía en determinar cuál sea la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos, identificando como normas jurídicas que serán objeto de interpretación los arts. 1964.2 del Código Civil y, 25.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP). La Sala destaca las líneas jurisprudenciales de los covenios en relación, parte de que la naturaleza jurídica que corresponde a los convenios urbanísticos es la de un contrato administrativo; Las normas jurídicas que se aplican en el momento de la extinción de los contratos administrativos, y de los convenios, son: a) La normativa de contratación pública y sus normas de desarrollo.b) Supletoriamente, las restantes normas del derecho administrativo. c) Y, en defecto de las anteriores, las normas de derecho privado. De este modo concluye que es de aplicación el art. 1964.2 CC, en tanto que el art. 25 LGP se refiere a concretas deudas asumidas derivadas de una relación de servicio o prestacional con las AA.PP., lo que no sucede con los convenios urbanísticos, que son algo más y de naturaleza contractual, a los que aplica el art. 1258 CC; por tanto, ante la inexistencia de norma administrativa alguna acude supletoriamente a lo dispuesto en el Código Civil, que fija el plazo en cinco años (según su última redacción), quince años en el presente supuesto.
Resumen: Estado de alarma por la pandemia de la Covid 19. Recurso de reposición frente a la declaración de falta de jurisdicción para la impugnación directa de los Reales Decretos de declaración del estado de alarma y de sus prórrogas.-
Resumen: Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para la fijación de los suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. Se descarta la vulneración de los principios de buena regulación establecidos en el art. 129 y ss. LPA) pues la orden determina los tributos de cada una de las CCAA que deben tomarse en consideración para calcular los suplementos territoriales a incluir en los peajes de acceso de conformidad con el art. 17 LSE de forma motivada, tomando como referencia la información disponible en la página web del Misterio de Hacienda, a falta de otra. No puede excluirse la generación de energía eléctrica pues ex art. 17 LSE se trata también de un coste de actividad regulada del sistema. No se aprecia error en cuanto a la inclusión del canon de saneamiento, pues grava todo consumo de agua sin distinción, o el de desarrollo de actividades con incidencia en el medio ambiente que puede gravar actividades destinadas al suministro eléctrico.
Resumen: Estado de alarma por la pandemia de la Covid 19. Inadmisión del recurso por falta de legitimación. Denegación de ampliación dejando a salvo el derecho del recurrente.
Resumen: Recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo de concesión de incentivos regionales en la Zona de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, exclusivamente en lo que se refiere a la inversión subvencionable y a la valoración del proyecto. Desestimación. Determinación de la cuantía de la inversión: no resulta irrazonable el criterio de la Administración para determinar la inversión subvencionable, en función del aprovechamiento económico que resulta de la producción de los distintos productos obtenidos, distinguiendo, a estos efectos, si son subvencionables o no, de conformidad con la normativa de la Unión Europea, porque se trata de un criterio objetivo que parte de la premisa de que las instalaciones proyectadas tienen un carácter integrado, desde la perspectiva industrial, lo que no permite desglosar la maquinaria utilizada según su finalidad productiva. Motivación respecto de la valoración del proyecto: no se aprecia que la Administración se haya apartado arbitrariamente de los criterios de valoración previstos en el artículo 11.b) del Real Decreto 161/2008, de 8 de febrero; por el contrario, se estima que se ha realizado una aplicación objetiva de dichos criterios.
Resumen: Archivo de diligencia informativa. Inadmisión del recurso por falta de legitimación activa del recurrente. El denunciante para intervenir en los procesos contencioso administrativos seguidos contra las decisiones del Consejo General del Poder Judicial que ordenan el archivo de las quejas en las que se instaba una actuación disciplinaria está legitimado cuando lo pretendido no es la imposición de una sanción al Magistrado denunciado sino, únicamente y al margen del resultado a que se llegue, que el Consejo desarrolle una actividad de investigación y comprobación en el marco de las atribuciones que legalmente le corresponden. Y en el presente caso, el único interés de la pretensión ejercitada en la demanda es que se haga un pronunciamiento que imponga a los titulares del órgano judicial denunciado las sanciones correspondientes a las faltas disciplinarias cuya existencia o concurrencia es sostenida en dicha demanda.
Resumen: Medidas cautelares: suspensión de la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo. No procede.
