Resumen: Auto inadmisión rec. casación R.D. Leu 8/2021, de 4 de mayo.
Resumen: Necesidad de la toma en consideración de las condiciones y circunstancias y, singularmente, del marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento de los mercados afectados, para la apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo de intercambio de información entre empresas competidoras. Necesidad, de acuerdo con la justicia del TJUE, de la debida acreditación del grado suficiente de nocividad para la competencia de un acuerdo, mediante el examen de aspectos relevantes, para que el mismo sea calificado como "infracción por objeto". Distinción entre infracciones por objeto e infracciones por efecto. Consideración como infracción por objeto de los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan de manera relevante a los precios, aunque no se refieran de modo directo a los precios finales, así como de la posibilidad de que los mismos sean considerados como cártel. Identificación de las conductas definidas y sancionadas como cártel en la vigente LDC con las previstas en la normativa anterior. Carencia de efectos jurídicos vinculantes de las Directrices y las Comunicaciones de la Comisión en materia de Derecho Europeo de Competencia para los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales.
Resumen: Auto resolviendo recurso de reposición. Desestimación.
Resumen: La Sala admite en casación el examen de las medidas para gestionar la crisis sanitaria y epidemiológica provocada por el Covid-19, cuando pueden suponer la restricción de derechos fundamentales a través de actuación de la Consejería de Sanidad correspondiente, sin la cobertura del estado de alarma. Alcance del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia dictada en procedimiento sancionador de revocación de licencia de autotaxi según datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador. Siguiendo precedentes de la Sala, en unidad de doctrina y seguridad jurídica: si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria.
Resumen: En las demandas rectoras del proceso de conflicto colectivo se impugnan por los sindicatos actores determinadas decisiones empresariales adoptadas en el marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid 19. La sentencia de instancia desestima la demanda. La sala IV considera que las medidas impugnadas, referidas básicamente a la modificación de los calendarios de trabajo y a la fijación de turnos estancos, se encuentran avaladas por la normativa excepcional de prevención de riesgos de trabajo promulgada en una situación excepcional como es una crisis sanitaria y han estado encaminadas a a reducir o evitar los riesgos de un posible contagio. En consecuencia, no estamos ante una modificación de condiciones de trabajo. Resalta la sala IV el carácter temporal y excepcional de las medidas, que la empresa ha llegado a acuerdos con los trabajadores y otros sindicatos en relación con las vacaciones, organización del trabajo, etc. y que la modificación de las condiciones laborales viene exigida por la normativa promulgada a partir del estado de alarma declarado por el Covid 19. Se confirma la sentencia de instancia desestimatoria de las demandas.
Resumen: Recurso contra el auto de transformación en procedimiento abreviado interpuesto por el Ministerio Fiscal. El Juzgado de Instrucción dictó auto de transformación, que fue recurrido por el Ministerio Fiscal. La acusación pública consideró que uno de los delitos podía ser constitutivo de un delito del artículo 183.2º del Código Penal, como agresión sexual a menor de dieciséis años, con una pena que sería superior a la establecida como máximo para la instrucción de procedimientos abreviados. La juez estimó el recurso. Frente a a la decisión del Juzgado de Instrucción, se planteó recurso de apelación, que fue estimado por la Audiencia, que acordó que se dictara auto de transformación. Posibilidad de interponer recurso de casación contra autos de sobreseimiento. Similitud de la situación con el caso de un sobreseimiento libre. "Cerrojo procesal" por la imposibilidad de que el Ministerio Fiscal pueda articular acusación por los delitos que estime oportuno, en particular, por aquellos que exijan la tramitación de sumario. No es posible que el Ministerio Fiscal, en un procedimiento abreviado, acuse por una pena que exceda del marco de este tipo de proceso. Inadmisión de la preparación del recurso por la Audiencia. Se estima el recurso: aunque no se trata de un recurso contra un sobreseimiento libre, pero supone la consideración de que el hecho no constituye delito. Se trata de un sobreseimiento encubierto. Se estima el recurso porque cierrra la posibilidad de formular acusación.
Resumen: Auto inadmitiendo querella contra Dña. Serafina.
Resumen: Anulación de convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a las plazas de formación sanitaria especializada como medicina, farmacia y otras especializadas de forma telemática. Se anula el art. 2 de la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, recurrida, en cuanto aquellas previsiones que imponen, de forma excluyente de la solicitud presencial, la solicitud electrónica así como la anulación de la derogación de aquellas medidas de la Orden SCB/925/2019 de 30 de agosto, que posibilitaban y reconocían el derecho de solicitud presencial y el ejercicio del derecho a retrasar elección, acordando que la elección de plazas era compatible tanto la vía presencial como la telemática. Voto particular: Señala que estaba justificada y era proporcionada la limitación de la opción al cauce telemático.
