Resumen: A la cuestión con interés casacional objetivo formulada en el auto de admisión, la Sala contesta afirmativamente en el sentido de que el gravamen, sin exención, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, de los dividendos pagados por entidades residentes en España a una entidad pública no residente y sin establecimiento permanente en nuestro país, que gestiona una institución de inversión colectiva destinada a cubrir compromisos por pensiones futuras en ese otro país (como sería el caso de Norges Bank), es contrario a la libertad de circulación de capitales, toda vez que las mismas rentas estarían exentas de tributación de haber sido recibidas por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Por tanto, se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado.
Resumen: Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE. El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, "no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene", o, dicho de otro modo, porque "imp[ide] a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7 (14) , y 37/2017 (15) , FJ 5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017 (16) , la inexistencia de un aumento del valor del terreno.
Resumen: a) Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del IBI posteriores (como la que constituye el acto enjuiciado en este proceso) la decisión adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores. b) Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. c) No es posible anular la liquidación del IBI por defectos de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando, como sucede en el caso que analizamos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha Ponencia en sentencia firme.
Resumen: Efectos de la anulación de ponencias de valores. Posibilidad de interponer recurso directo contra liquidación de IBI y impugnar los valores catastrales mediante la invocación de defectos o vicios afectantes a la ponencia de valores.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Andalucía y se declara que en los litigios sobre cumplimiento de contratos del sector público, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debe soportar la entidad contratante forma parte del precio, y, a los efectos procesales de la cuantía del litigio, integra el valor económico total de la reclamación. El importe resultante incrementar en la cuantía de la cuota por el IVA que grava la operación, cuya suma deriva de aplicar el tipo impositivo que estuviere vigente sobre el precio de la prestación o servicio cuyo pago se reclama no constituye, en modo alguno, un recargo en el sentido del art. 42 de la LJCA, ya que la prestación que asume el órgano de contratación es la de abonar el precio del contrato, en el que se incluye el IVA. En el litigio no se dilucida cuestión alguna relativa al citado impuesto, que exigiera estar al importe de su base imponible, de su cuota o cualquier otro elemento del tributo, sino al pago de la prestación del contrato administrativo, y en el concepto de precio del contrato debe incluirse el importe del IVA.
Resumen: Se fija como doctrina jurisprudencial el reconocimiento del derecho de las Confesiones religiosas a la conservación de los datos personales de las personas que han abandonado una Confesión, ante una solicitud inicial de supresión total de esos datos por parte de los mismos, siempre que los datos en cuestión sean necesarios para los fines religiosos perseguidos por la Confesión, y en los términos que resultan, tras la modificación normativa sufrida por la materia objeto de este recurso, del artículo 9.2.d) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. El proclamado derecho de conservación se limita a los datos que superen el juicio de proporcionalidad que exige el cumplimiento de los tres requisitos o condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Precisamente, por entender que no se supera ese juicio de proporcionalidad, se establece la innecesaridad de conservar el dato relativo a la fecha de nacimiento en todos los casos, limitándolo solo a aquellos en los que el nombre propio y los dos apellidos no sean suficientes para identificar plenamente al ex miembro en cuestión, siendo también innecesarios los datos, por un lado, del sexo del individuo, aun en los casos en los que el nombre propio no identifique el sexo del antiguo miembro de la confesión, y del nombre de la congregación a la que pertenecía el miembro.
Resumen: Auto de admisión. Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación objeto de la minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012, o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación, la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y el artículo 611 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado ( art. 90.4 LJCA).
Resumen: Reiterando lo expresado en supuestos análogos ya admitidos, la cuestión que se considera presenta interés casacional consiste en determinar: i) cuáles son los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el artículo 32.4 de la Ley 40/15, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto, y si la falta de impugnación del acto administrativo de aplicación de la norma declarada inconstitucional que, en consecuencia devino firme, constituye un impedimento procedimental para la aplicación del citado precepto, o si, por el contrario, se entiende cumplido el requisito por el ejercicio de una acción de revisión de oficio en la que se alegó expresamente la inconstitucionalidad de la norma, y ii) en relación con el requisito del plazo máximo de cinco años señalado en el art. 34.1, párrafo segundo, de la Ley 40/15, determinar en qué momento se entiende que debe haberse producido el daño para que éste pueda ser considerado indemnizable: si en la fecha de notificación de las liquidaciones tributarias giradas en aplicación del precepto posteriormente declarado inconstitucional, o en la fecha de notificación de la sentencia firme desestimatoria del recurso contencioso-administrativo que el artículo 32.4 Ley 40/15 (34) exige haber interpuesto contra dichas liquidaciones.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo. Determinación de a quién corresponde probar la realidad de los gastos de desplazamiento que justifican la no sujeción al tributo de las dietas de locomoción, manutención y estancia. No es al empleado al que corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, sino que la Administración -para su acreditación- deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de la actividad laboral.La condición de trabajador/administrador del perceptor de la dieta no determina per se que sea este el que deba acreditar la realidad de los desplazamientos o de los gastos de manutención y estancia aunque, en atención a las circunstancias del caso, tal extremo pueda tener incidencia en la concreta acreditación del presupuesto de hecho determinante de la no sujeción de las sumas percibidas como dietas. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas el 18 de mayo (RCA 4002/2018:ES:TS:2020:954) y el 15 de octubre de 2020 (RCA/5926/2018: ES:TS:2020:3275).
Resumen: Determinar si, cuando haya constancia de que se ha practicado una anotación contable de forma errónea, puede acudirse a la reformulación de las cuentas anuales ya aprobadas y cuyo plazo de impugnación ha transcurrido, a fin de corregir el resultado contable y calcular la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades para solicitar por parte del contribuyente la rectificación de su autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.
