Resumen: Inscripción tardía de instalación fotovoltaica en el Registro Territorial de los Impuestos Especiales y carencia de Código de Actividad y Establecimiento. Esta circunstancia no determina, en todo caso, que la instalación no pueda tener la consideración de fábrica a efectos del Impuesto Especial sobre Electricidad, ni beneficiarse del régimen suspensivo del impuesto, ni, por tanto, que las pérdidas queden sujetas necesariamente al Impuesto Especial de Electricidad.
Resumen: Determinar, mediante la interpretación de los artículos 78, 220.1 y 221 del Reglamento 2913/92 del Consejo de 12 de octubre de 1992 por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con la doctrina emanada del TJUE, contenida, entre otras, en las sentencias de 3 de julio de 2014, Kamino International Logistics y Datema Hellmann Worldwide Logistics (asuntos acumulados C-129/13 y C-130/13 ; EU:C:2014:2041) y 23 de febrero de 2006, Comisión/España (asunto C-546/03 ; EU:C:2006:132), el alcance de una comprobación y liquidación aduanera extemporánea conforme a los plazos previstos por el citado artículo 220.1, indicando si tales plazos son obligatorios en las relaciones entre los Estados miembros y los particulares, así como entre la Unión Europea y los Estados miembros o únicamente entre éstos últimos, sin atribuir efecto invalidante alguno al incumplimiento de esos plazos en las relaciones entre los Estados miembros y los particulares, siempre que la deuda aduanera liquidada se comunique dentro del plazo de tres años previsto en el artículo 221 mencionado.
Resumen: Acuerdos de liquidación y de imposición de sanción por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 180.1 de la LGT (redacción original). Cómputo del plazo de prescripción de la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria. Remitido el tanto de culpa a la jurisdicción penal se suspende la tramitación de los procedimientos administrativos, reanudándose los mismos cuando se devuelva por parte de dicha jurisdicción (cuando se superó el plazo máximo del procedimiento inspector una vez devueltas las actuaciones). Transcurrido el plazo de duración del procedimiento inspector, no se produce la interrupción del plazo de prescripción.
Resumen: Las cuestiones que el recurso plantea han sido abordadas y resueltas por la sentencia de 18 de mayo de 2020 (RCA/5665/2018), a la que la Sala se remite por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica. Según dicha sentencia, carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) posteriores, como la que constituye el acto enjuiciado en este proceso, a la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la ponencia de valores. Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa ponencia determine en el recurso dirigido frente a la misma si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. Por tanto, no es posible anular la liquidación del IBI por defectos de la ponencia de valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando, como sucede en este caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a Derecho dicha ponencia en sentencia firme. Por tanto, se estima el presente recurso de casación y, correlativamente, se desestima el recurso contencioso-administrativo, pues el Ayuntamiento de El Campello, no estaba obligado -como sostiene el juez a quo- a considerar nula la ponencia de valores.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Liquidaciones. Impugnación. Discusión con ocasión de su impugnación sobre la corrección de la calificación y la valoración catastral del inmueble. Liquidaciones FIRMES. Vid. STS de 22 de junio de 2020 (RCA/4692/2017; ES:TS:2020:2025).
Resumen: Determinar si la solicitud de devolución de ingresos indebidos de una autoliquidación es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea. Suscita las mismas cuestiones que los RRCA/3524/2020, 3590/2020, 3887/2020, 3892/2020, 4036/2020, 4066/2020, 4144/2020 y 4087/2020. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en dos sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2021 (RRCA/4066/2020 y 4087/2020).
Resumen: Cambio de criterio de la Sala: la interpretación que se sostiene por la sentencia de instancia -que es la que la Sala del Tribunal Supremo mantuvo inicialmente- supone una interpretación restrictiva del beneficio fiscal, que lo reduce a cantidades insignificantes y por ello carentes de lógica, en contra de las interpretaciones literal y finalista de la norma, resultando imposible distinguir entre soportes mixtos y soportes generales de publicidad. El cálculo de la la deducción en el impuesto sobre sociedades del 15 por 100 de los gastos de propaganda y publicidad para la difusión de acontecimientos de excepcional interés público, en relación con la adquisición de los envases que lleven incorporado el logotipo de tales acontecimientos, se ha de realizar sobre el coste total de los envases que incorporan el logotipo de los acontecimientos como base de la deducción. Inexistencia de una interpretación analógica o extensiva de un beneficio fiscal. Inexistencia de violación del principio de igualdad.
Resumen: Determinar si la solicitud de devolución de ingresos indebidos de una autoliquidación es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea. Suscita las mismas cuestiones que los RRCA/3524/2020, 3590/2020, 3887/2020, 3892/2020, 4036/2020, 4066/2020, 4144/2020 y 4087/2020. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en dos sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2021 (RRCA/4066/2020 y 4087/2020).
Resumen: IIVTNU: Aplicación de la "fórmula Cuenca" para el caso de aportación de inmuebles como rama de actividad a una sociedad. Determinar si la interpretación conjunta de los artículos 104.1 y 107, apartados 1, 2 y 4, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permite concluir que el importe de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puede no ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje anual corresponda. El método de cálculo empleado para la determinación de la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana- ha sido ya resuelta por la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, mediante sentencias de 6 de marzo (RCA/2815/2017; ES:TS:2019:799), 27 de marzo de 2019 (RCA 4924/2017; ECLI:ES:TS:2019), 10 de junio (RCA/2093/2017; ES:TS:2019:2006) y 17 de julio de 2019 (RCA/2692/2018; ES:TS:2019:2737).
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Determinar si, la deducción prevista en el artículo 81 bis LIRPF es aplicable en los ascendientes separados legalmente con dos hijos con derecho a percibir anualidades por alimentos, en los supuestos en los que quede probado que no perciben esos alimentos a pesar de estar reconocidos por sentencia judicial.
