Resumen: Las cuestiones casacionales objetivas que plantea el auto de admisión del presente recurso ya han sido resueltas por la sentencia de 11 de marzo de 2021 (RCA/5972/2019). La doctrina sentada en esta sentencia considera, con valor y alcance general, que la fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la de las actuaciones de comprobación o inspección, sino la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban. De este modo, al resultar aplicable la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, la Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos.
Resumen: Determinar si los consorcios tienen o no la consideración de entidad de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos a efectos del reconocimiento de la exención en el Impuesto sobre Sociedades prevista en el artículo 9.1.b) del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades.- Base imponible.- Gastos deducibles.- Los intereses de demora e intereses suspensivos son gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. Suscita la misma cuestión con interés casacional que la que ha sido admitido por autos de 16 de enero de 2019 (RCA 3071/2019; ECLI:ES:TS:2020:231A), 14 de febrero de 2020 (RCA/5094/2019; ECLI:ES:TS:2020:1452A) y 28 de mayo de 2020 (RCA/463/2020; ECLI:ES:TS:2020:3350 y RCA/558/2020; ECLI:ES:TS:2020:3333A).Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021 (RCA/3071/2019).
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. - Base imponible. - Gastos deducibles. - Los intereses de demora e intereses suspensivos son gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.Suscita la misma cuestión con interés casacional que la que ha sido admitido por autos de 16 de enero de 2019 (RCA 3071/2019; ECLI:ES:TS: 2020:231A), 14 de febrero de 2020 (RCA/5094/2019; ECLI:ES:TS:2020:1452A) y 28 de mayo de 2020 (RCA/463/2020; ECLI:ES:TS:2020:3350 y RCA/558/2020; ECLI:ES:TS:2020:3333A).Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021 (RCA/3071/2019).
Resumen: Se estima el presente recurso que es sustancialmente igual a otros ya resueltos por esta misma Sala y Sección. En efecto, en los recursos de casación 2400/2018, 8079/2018, 35/2019, 805/2019, 2297/2019, 3091/2019, 4630/2019, 5243/2019, 7908/2019, ó 58/2020, y muy especialmente, el recurso 2297/2019, entre otros, esta Sección ha dictado sentencias en las que afirma que operaciones de fusión por absorción como la aquí minutada -en este caso acaecida en el año 2003-, no encuentran cobertura en el régimen jurídico arancelario establecido posteriormente en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012 , y sí en el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular, en su art. 611, y en las normas del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Régimen, este segundo, al que se sujetó, precisamente, la minuta girada a Caixabank, S.A, por la Registradora de la Propiedad recurrente. Por ello, en aquellas sentencias, al igual que debemos hacer ahora, estimamos recursos de casación que eran, en lo sustancial, iguales al que nos ocupa.
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión de interés casacional recordando que la misma ha sido ya objeto de examen en varias sentencias de este Tribunal: con independencia de pronunciamientos anteriores -como los contenidos en la STS 911/2018, de 4 de junio (RC 1721/2017), y las que le siguieron-, más recientemente la doctrina de la Sala ha sido reiterada, entre otras, en las SSTS 404/20, de 14 de mayo (RC 8079/18), 417/20, de 14 de mayo (RC 2297/19), 544/20, de 25 de mayo (RC 2400/18) y 873/20, de 24 de junio (RC 1436/19); e, igualmente en las SSTS 25/21, de 19 de enero (RC 5757/17), 34/21, de 21 de enero (RC 6691/17), 35/21, también de 21 de enero (RC 7153/18) ó 91/21, de 28 de enero (RC 3770/18), entre otras muchas. Teniendo en cuenta tales precedentes, concluye nuevamente que: las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: A efectos del impuesto sobre sociedades, en supuestos de rendimientos por arrendamiento de inmuebles, conforme al art. 17.3 TRLIS (vigente artículo 19.3 LIS), se precisa para su aplicación -como presupuesto de hecho- la existencia de un flujo monetario, esto es el pago del alquiler por el arrendatario.
Resumen: A efectos del impuesto sobre sociedades, en supuestos de rendimientos por arrendamiento de inmuebles, conforme al art. 17.3 TRLIS (vigente artículo 19.3 LIS), se precisa para su aplicación -como presupuesto de hecho para que el perceptor pueda deducir de la cuota la cantidad que debió ser retenida- la existencia de un flujo monetario, esto es el pago del alquiler por el arrendatario.
Resumen: Se estima el recurso de casación en virtud del sinnúmero de precedentes existentes en la Sala sobre la misma cuestión, concluyendo que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario. Toda fusión o absorción de entidades bancarias y subsiguiente transmisión de activos, entre ellos los créditos hipotecarios de los que eran titulares, deben enmarcarse en un proceso de saneamiento y reestructuración bancaria.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La interpretación que, en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de fijarse en relación con el art. 67.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es que el plazo de prescripción establecido en dicho precepto para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación por sentencia firme de una disposición de carácter general, de un año desde la notificación de la sentencia definitiva, no ha de considerarse interrumpido, o no iniciado, por la pendencia de un recurso de amparo interpuesto por el reclamante contra la sentencia desestimatoria de una previa solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la disposición anulada. Con arreglo a la interpretación que defendemos el recurso de casación ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida, porque la acción de responsabilidad estaba prescrita cuando fue ejercida por el recurrente. En efecto, la publicación de la sentencia que declaró la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 tuvo lugar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 3 de febrero de 2015, de modo que el cómputo del plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial se iniciaba al día siguiente y expiraba el 3 de febrero de 2016.
