Resumen: Primero: Determinar si, a los efectos de los artículos 7.1.c) y d) TRLITPAJD, el título que se trata de suplir o reemplazar en el caso de sentencias que ordenan la reanudación del tracto sucesivo interrumpido, es el de la adquisición del inmueble por el contribuyente o el de toda la cadena de transmisiones producida desde el titular registral del inmueble hasta el transmitente de dicho inmueble al contribuyente, transmisiones éstas por las que no consta que se tributara en su momento y que ahora afloran como consecuencia del reconocimiento de dominio. Segundo: Aclarar si, en un supuesto como el de autos, los expedientes de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido están sujetos al ITPAJD.
Resumen: Ordenanza Fiscal número 16, reguladora de la tasa por la prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, de construcciones y derribos, salvamentos y otros análogos. Determinación del sujeto pasivo del tributo. Suscita una cuestión relacionada con la examinada en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2021 (RRCA 4773,4763 y 3949/2019 y 683/2018).
Resumen: Ordenanza Fiscal número 16, reguladora de la tasa por la prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, de construcciones y derribos, salvamentos y otros análogos. Determinación del sujeto pasivo del tributo.Suscita una cuestión relacionada con la examinada en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2021 (RRCA 4773,4763 y 3949/2019 y 683/2018).
Resumen: Ni el derecho de la Unión Europea -en particular, la normativa del IVA y los principios de neutralidad y proporcionalidad- ni los principios constitucionales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito tributario, quedan vulnerados por la posibilidad de la imposición de una sanción, la tipificada en el artículo 191.6 LGT, que castiga el diferimiento de la declaración de la cuota del IVA devengada y repercutida a un trimestre posterior, con inobservancia de los requisitos exigidos en el artículo 27.4 LGT, aunque el efecto de la aplicación de la norma sancionadora supone una multa por importe superior a lo que debería abonar el contribuyente por el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo cuando, como es el caso, no resulta posible la aplicación de dicho recargo, por voluntad propia del sujeto pasivo, que no se ha ceñido a las exigencias legales.
Resumen: Los negocios jurídicos celebrados entre, por un lado, una fundación del sector público que, para la realización de fines de interés general, tiene encomendada la tarea de fomentar el deporte y, por otro lado, determinadas entidades deportivas y deportistas que se comprometen a exhibir el logo de la referida fundación a cambio de una suma de dinero, pueden constituir una prestación de servicios realizada a título oneroso, cuando la expresada fundación no haya ejercido potestades o prerrogativas públicas. A la vista de esta doctrina, teniendo en consideración (i) que para el TEAR no hay un supuesto de no sujeción sobre la base del ejercicio de eventuales funciones o prerrogativas públicas; (ii) que el contexto del asunto perfila, conforme a lo expuesto, una actividad imponible a efectos de IVA, como prestación de servicios de carácter oneroso; y (iii) que el TEAR concluye que no hay exención (art. 20.Uno.13ª LIVA) por la prestación de servicios deportivos directamente a personas físicas, se estima el recurso contencioso-administrativo, anulando la resolución del TEAR y las actuaciones administrativas precedentes en el punto que no reconocen el hecho imponible del IVA en los negocios jurídicos denominados de «patrocinio publicitario», firmados entre, por un lado, la FDG y, por otro lado, determinadas entidades deportivas y deportistas, declarando el derecho de la recurrente a la deducción de las cuotas soportadas, como consecuencia de dichos negocios jurídicos.
Resumen: a) En el ámbito de la calificación y depósito de las cuentas anuales por el Registrador Mercantil y de posterior inscripción en el Registro Mercantil, incluida la calificación y depósito sobre las cuentas reformuladas o corregidas, el valor presuntivo y probatorio de la citada calificación registral debe limitarse a los aspectos que, en el reglamento del registro mercantil, obligan a dicha calificación, es decir, que los documentos presentados al registro son los exigidos por la Ley, que están debidamente aprobados por la Junta general o por los socios, así como que constan las preceptivas firmas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2.º del apartado 1 del artículo 366. b) En relación con tal comprobación y calificación registral, referida a esos aspectos, la Administración no podrá objetar el error o improcedencia de la calificación. c) El depósito de las cuentas anuales -originarias o reformuladas- no atribuye presunción alguna de veracidad o validez a dichas cuentas, ni su ajuste con la realidad reflejada contablemente. d) La Administración tributaria, respecto de los datos contables consignados en las cuentas registradas y depositadas, puede y debe, interpretando la ley y los reglamentos aplicables, decidir conforme a tales normas el periodo fiscal a que deben imputarse los efectos de la modificación efectuada, sin que el poder certificante del registrador mercantil, pueda interferir o condicionar esa facultad administrativa.
Resumen: Resulta complejo decantar una doctrina con vocación de generalidad, por lo que el análisis habrá de discurrir a través de los hechos tenidos en cuenta por la sentencia impugnada y que, en el presente recurso de casación, deben llevar a reafirmar su apreciación, sobre la base de considerar que los servicios profesionales fueron prestados personalmente por el recurrente y no por la sociedad que integraba como socio, y fueron prestados, además, sobre la base de una designación judicial.
Resumen: Presentación extemporánea de un recurso de anulación: ausencia de efectos sobre los plazos impugnatorios contra la resolución. Plazo para promover la tasación pericial contradictoria. El plazo para promover la tasación pericial contradictoria, cuando se haya reservado tal derecho al tiempo de presentar recurso administrativo contra una liquidación tributaria, se inicia en el momento de dictarse el acto administrativo (resolución del recurso) que pone fin a la vía administrativa, y, ese plazo no se ve alterado por el hecho de la existencia de un remedio procedimental con una cierta naturaleza impugnatoria, el recurso de anulación, de suerte que el agotamiento de la vía administrativa no debe entenderse producida una vez finalice el plazo de 15 días previstos en el artículo 241 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -antes el 239.6 LGT, aplicable al caso, para interponer el expresado recurso de anulación, máxime cuando esa vía invalidatoria, meramente potestativa, no ha sido intentada por el interesado".
Resumen: Solicitud de devolución del exceso de las retenciones sobre dividendos de fuente española cuenta por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes practicadas sobre los dividendos obtenidos por un fondo de pensiones residente en Canadá, en sociedades cotizadas españolas. Remisión a la sentencia 1784/2020 de 17 de diciembre, recaída en el recurso 5081/2018. Exigencia, como presupuesto inexcusable, de acreditar que la entidad no residente se encuentra en idéntica situación que la española, que cumplan los mismos requisitos y participen de la misma naturaleza y que no concurra ningún elemento objetivo que justifique la diferencia de trato. El convenio contra la doble imposición constituye el marco normativo de cooperación e intercambio de información adecuado para que las autoridades tributarias españolas comprueben los requisitos de los fondos no residentes para comprobar si existe la necesaria similitud con los fondos residentes para conceder la devolución instada.
Resumen: ¿Puede denegarse una solicitud de rectificación de autoliquidación por IRPF, por considerarse no sometida a plazo de prescripción alguno la tributación de las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan por afectar a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero que hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información estipulada en la Disposición adicional 18ª de la Ley 58/2003, General Tributaria?
