Resumen: Liquidación de IBI. Dualidad gestión catastral-gestión tributaria y sus consecuencias cuando, como sucede en el caso, el contribuyente impugna una liquidación de IBI por considerar -como había declarado un tribunal de justicia respecto de otros contribuyentes- que la ponencia de valores aplicable incurría en defectos formales determinantes de su ilegalidad. No cabe que la declaración en sentencia firme de que una ponencia carece de estudio de mercado -realizada a efectos de analizar la impugnación del valor catastral efectuada por un contribuyente respecto del IBI que le fue liquidado- se sitúe por encima de una declaración judicial, también firme, realizada por el órgano competente para analizar la legalidad de dicho acto y en el que se declara ajustada a Derecho la ponencia, al no apreciar el vicio formal, señalando que consta el estudio de mercado y que la ponencia está motivada. El ayuntamiento no estaba obligado a anular la liquidación por defectos de la ponencia de valores cuando la declaración judicial previa que así lo establecía carece de cosa juzgada material, pues no impedía que el órgano judicial encargado de enjuiciar la legalidad de los actos de gestión catastral adopte -en plenitud- la decisión que proceda, como así hizo, efectivamente.
Resumen: Precisar quién está obligado al pago del Impuesto sobre Hidrocarburos, si el fabricante del producto objeto de este impuesto, que no figura inscrito en el correspondiente registro territorial, o el propietario del establecimiento en que éste se produce. El obligado al pago del Impuesto sobre Hidrocarburos, en los casos de fabricación irregular, es el fabricante del producto objeto de este impuesto.
Resumen: La mera condición de accionista (o partícipe de una sociedad limitada) no atribuye a éste, por sí sola, la condición de legitimado para impugnar ante el órgano judicial competente aquellas decisiones administrativas que afecten a la sociedad a la que pertenecen pues dicha condición no confiere al socio per se el interés real, actual y cierto al que debe anudarse la existencia de legitimación activa.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Interpretación del artículo 7.p) de la Ley del IRPF y de los artículos 16, 178, 179, 183.1 y 184.3 de la LGT. Delimitación de la controversia. No cabe controvertir la calificación jurídica de negocio simulado, al ser esta apreciación privativa del tribunal de instancia y no poder ser reexaminada en casación. La expresión «rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero» contenida en el artículo 7.p) LIRPF, no se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero, por lo que no dan derecho a la exención contemplada en el precepto. Estimada la existencia de actos o negocios simulados, a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT, procede, en su caso, la imposición de sanciones, sin que una interpretación razonable de la norma, amparada en el artículo 179.2. d) LGT, que excluye la responsabilidad, resulte operativa.
Resumen: A la cuestión suscitada en el auto de admisión del presente recurso de casación, la Sala responde en el sentido de que la Administración tributaria no está obligada a tener en consideración la política de precios de transferencia del grupo empresarial, en particular, cuando se base en el método del margen neto del conjunto de operaciones (TNMM: Transactional Net Margin Method), a la hora de regularizar operaciones que afectan a sociedades del mismo grupo multinacional, cuando no sea posible realizar el pertinente ajuste bilateral, para proceder a una regularización íntegra de la situación del obligado tributario.
Resumen: Admisión. Alteración catastral. Determinar si el artículo 18.1 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, puede tener efectos retroactivos. Aclaración, matización, refuerzo o, eventual, corrección o rcetificación de la doctrina ya fijada al respecto por el Tribunal Supremo.
Resumen: Primero: determinar si la compensación percibida por el comunero, a quien no se adjudica el bien cuando se disuelve un condominio, determina o no la existencia de una ganancia patrimonial sujeta al IRPF, si se da al bien objeto de la extinción el mismo valor de adquisición. Segundo: precisar si cabe entender que se origina una ganancia patrimonial por dicha compensación en el supuesto de que el bien común experimente un incremento de valor como consecuencia de la actualización de su importe desde el momento de la adquisición al de transmisión al otro copropietario. Tercero: de responder negativamente a la pregunta anterior, concretar si la ganancia patrimonial se genera únicamente en aquellos supuestos en los que la compensación sea superior al valor de la parte proporcional que le corresponde sobre ese bien.
Resumen: Determinar si, a la luz de lo dispuesto en los artículos 51.2.c), de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y 103 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta Ley, en las redacciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012, la falta de inscripción de la actividad de fabricación de un hidrocarburo en el Registro Territorial de los Impuestos Especiales y, consecuentemente, la carencia de Código de Actividad y Establecimiento (CAE), comporta, en todo caso, que la instalación no pueda tener la consideración de fábrica ni beneficiarse de beneficios fiscales como es la exención prevista para la fabricación e importación de productos incluidos en el ámbito objetivo del impuesto que se destinen a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas.
Resumen: El auto de admisión fijó como cuestión de interés casacional la de determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/12 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. La sentencia la resuelve tomando en consideración que la Sección ya ha dictado sentencias -entre otras, en los recursos de casación 2400/18, 8079/18, 35/19, 805/19, 2297/19, 3091/19, 4630/19, 5243/19 y 7908/19- en las que afirma que la operación de fusión por absorción entre Barclays Bank, S.A. y Caixabank, S.A autorizada el 11/5/15 no fue una de saneamiento y reestructuración, con la consecuencia de no ser aplicable a la misma el régimen jurídico arancelario establecido en la DA 2ª de la Ley 8/12, y sí el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular, en su art. 611, y en las normas del RD 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Régimen, este segundo, al que se sujetó, precisamente, la minuta girada por el Registrador de la Propiedad recurrente. Por ello, estima su recurso de casación, sin resultar necesario transcribir las razones jurídicas en que se sustentaron las referidas sentencias, ya conocidas por los litigantes.
Resumen: La ejecución de sentencia se rige por lo dispuesto en los arts. 103 y ss de la LJCA. Tratándose de un vicio formal identificado en un procedimiento de inspección, atinente a la práctica de la tasación pericial contradictoria, dados los términos de la sentencia a ejecutar que nada dispone al efecto más que la retroacción, es de aplicación el art. 150.5 de la LGT, aplicable por motivos temporales. Prescripción de la potestad liquidatoria de la administración.
