Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el auto de admisión, reproduciendo la STS de 14/5/20 (RC 8079/18), que sintetiza la doctrina fijada en varias sentencias, desde las iniciales SSTS de 4/6/18 (RC 1721/17) y 18/6/18 (RC 1786/17), relativas a la interpretación y alcance de la DA 2ª del RDL 18/12, reproducida en la Ley 8/12. Así, insiste, entre otras cuestiones, en que "la aplicación de la moderación los aranceles notariales y registrales prevista en la disposición adicional segunda se limita y anuda a los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, en el marco de la referida Ley, sin que se prevea la extensión a otros supuestos de reestructuración ajenos a la consecución de los objetivos previstos legalmente". Concluye, por tanto, que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La similitud que se pretende por la Diputación recurrente entre el artículo 32.4 de la LSP ---requiriendo haber obtenido, previamente, una "sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño"-- no resulta de aplicación a los supuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, derivada de la anulación de una norma reglamentaria (prevista en el artículo 67), debiendo insistirse en que lo determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, es la anulación de un acto o disposición de carácter general; y nada más. Por ello, si el recurrente ha formulado una acción de nulidad frente a la Administración tributaria y todavía pende ---en relación con la desestimación de la misma--- un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no puede iniciarse el cómputo correspondiente a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas hasta la conclusión y resolución del citado recurso de casación, pues la finalidad de este es comprobar la legalidad de la doctrina establecida por la sentencia de instancia ---en los términos expresados--- y en la que, a través de la acción de nulidad (revisión de oficio), se comprobaba, a su vez, la legalidad de la liquidación en su día practicada; liquidación que se fundaba en una norma foral sobre cuya legalidad podían existir dudas, como luego se confirmaría.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto -siguiendo la doctrina sentada en numerosos precedentes inmediatos y conforme a un principio de unidad de doctrina-. Sostiene el Alto Tribunal que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario. En consecuencia se estima el recurso al resultar conforme al ordenamiento jurídico el criterio del Registrador recurrente en la aplicación del correspondiente arancel, y sin que pueda acogerse la alegación del Abogado del Estado según la cual, determinar si la fusión minutada es una operación de saneamiento y/o reestructuración de entidades financieras o, por el contrario, se realizó por razones de mera conveniencia empresarial, constituye una evidente cuestión probatoria de carácter económico financiera a decidir en los procesos de instancia, y no en un recurso de casación.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia que anuló la resolución del Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, por la que se emite la censura previa de cuentas de Iberpistas correspondiente al ejercicio 2014. Según lo pactado se reconocía un derecho a la compensación derivado de la exigencia de mantener el equilibrio financiero de la concesión, pero si la compensación prevista no coincidiese con la que correspondería, es cuando entran en juego sus previsiones referidas a las variaciones de flujo de caja, cuyo resultado ya fuese positivo o negativo, quedaba expresamente diferido al momento en que finalizase el plazo concesional. Por vía contable no puede convertirse el saldo anual en un derecho incondicional al cobro de una cantidad concreta, determinada, luego garantizada, pues cuál sea esa cantidad compensatoria queda diferida al momento de finalizar el plazo concesional, pues hasta que no finalice el plazo pactado, no se sabrá cuál será el resultado de la capitalización.
Resumen: (a) Determinar si el análisis de comparabilidad entre los fondos de pensiones residentes en Canadá, sin establecimiento permanente en España, y los fondos de pensiones residentes en España, al objeto de determinar si el diferente tratamiento tributario de los dividendos percibidos de sociedades residentes en España supone o no una restricción a la libre circulación de capitales contraria al Derecho de la Unión Europea, se debe realizar conforme a la legislación española de fuente interna sobre fondos de pensiones. (b) Dilucidar si el análisis de la suficiencia de los mecanismos existentes para obtener información sobre los fondos de pensiones en Canadá debe buscar la identidad con los que España tiene con otros Estados miembros de la Unión Europea o la mera equiparación y la efectividad de los mismos para el fin pretendido, decidiendo, en consecuencia, si la cláusula de intercambio de información prevista en el artículo 26 del Convenio entre España y Canadá para evitar de doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, podía ser suficiente o era claramente insuficiente en el ejercicio 2009-1T". El sometimiento, mediante los mecanismos indirectos contemplados, a distinto tipo de gravamen a las IICs residentes y no residentes, suponía un tratamiento fiscal discriminatorio no justificado restrictivo de la libre circulación de capitales.
Resumen: La sala da respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el auto de admisión, siguiendo el criterio establecido en la inicial STS 911/18, de 4 de junio (RC 1721/17), que sirvió de punto de referencia de otras ulteriores, reproduciendo, a tal efecto, la reciente STS 35/21, de 21 de enero, dictada en el recurso 7153/18, donde se condensaron las declaraciones de la Sala sobre el debate suscitado. Así, se concluía en todas aquellas sentencias que la norma contenida en la DA 2ª de la Ley 8/2012, de 30 de octubre pierde su sentido si se extrae de su contexto, que es precisamente el de una reestructuración o saneamiento de entidades de crédito, y que, por lo tanto, no debe aplicarse en los supuestos ordinarios en que la subrogación, novación y cancelación de créditos se hace fuera de un contexto de saneamiento y reestructuración de una entidad de crédito, como era el caso. Reproduce también la respuesta dada en el RC 7153/18 a la cuestión de interés casacional suscitada: las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto -siguiendo la doctrina sentada en numerosos precedentes inmediatos y conforme a un principio de unidad de doctrina-. Sostiene el Alto Tribunal que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario. En consecuencia se estima el recurso al resultar conforme al ordenamiento jurídico el criterio del Registrador recurrente en la aplicación del correspondiente arancel, y sin que pueda acogerse la alegación del Abogado del Estado según la cual, determinar si la fusión minutada es una operación de saneamiento y/o reestructuración de entidades financieras o, por el contrario, se realizó por razones de mera conveniencia empresarial, constituye una evidente cuestión probatoria de carácter económico financiera a decidir en los procesos de instancia, y no en un recurso de casación.
Resumen: Para determinar el importe de los intereses devengados en favor de la expropiada, por razón del retraso en la fijación del justiprecio, era preciso establecer éste mismo y el tiempo de generación de los intereses, aplicando sobre el resultado de tal multiplicación el tipo de interés legal. En la sentencia de 31 de diciembre de 2007 se fijó el justiprecio de la finca expropiada y se condenó al pago de intereses, que no se cuantificaban. En la de 30 de julio de 2008 se acordó activar la ejecución y requerir al Ayuntamiento de Madrid el abono de las cantidades adeudadas. Se estableció por resolución firme el justiprecio en la suma de 3.318.175,86 euros, base sobre la que aplicar el tipo de interés. Fijado de forma cierta el justiprecio, por auto de 21 de diciembre de 2009 se precisó el periodo de generación de los intereses: desde el 13 de mayo de 1960 al 6 de marzo de 2009. Para la Sala, ambas resoluciones judiciales contenían todos los datos necesarios para que la Administración expropiante fijara -y satisficiera- el importe total de los intereses, concretando y delimitando así la ganancia patrimonial. Tal auto es la decisión judicial -firme en 2010- determinante del devengo, basado en la exigibilidad y ésta, a su vez, en la liquidez. La Sala declara, así, haber lugar al recurso de casación y anula la sentencia de instancia, pues los intereses devengados habían de ser imputados al ejercicio de 2010.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto -siguiendo la doctrina sentada en numerosos precedentes inmediatos y conforme a un principio de unidad de doctrina-. Sostiene el Alto Tribunal que ha de concluirse que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario. En consecuencia se estima el recurso al resultar conforme al ordenamiento jurídico el criterio del Registrador recurrente en la aplicación del correspondiente arancel, y sin que pueda acogerse la alegación del Abogado del Estado según la cual, determinar si la fusión minutada es una operación de saneamiento y/o reestructuración de entidades financieras o, por el contrario, se realizó por razones de mera conveniencia empresarial, constituye una evidente cuestión probatoria de carácter económico financiera a decidir en los procesos de instancia, y no en un recurso de casación.
