Resumen: Igual que el asunto 3679/2020. Imputación temporal, en caso de opción por el criterio de caja, de las subvenciones de capital, ayudas a planes de mejora. Aplicación de reglas contables o fiscales. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que consiste en: Determinar cómo han de imputarse temporalmente las subvenciones de capital percibidas por los sujetos pasivos de IRPF cuando se haya optado previamente por el criterio de imputación temporal de cobros y pagos o criterio de caja.
Resumen: Determinar la interpretación de la expresión "salvo que se disponga lo contrario", a partir de la que el artículo 10.2 de la Ley 58/2005, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) habilita el efecto retroactivo de las normas tributarias relativas a tributos con periodo impositivo, en particular, si dicha disposición en contrario debe apreciarse exclusivamente cuando explícitamente así lo reconozca la ley o también de forma implícita o a sensu contrario.
Resumen: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVTNU. ¿Debe actualizarse el valor de adquisición del terreno conforme al Índice de Precios de Consumo -IPC- para acreditar que el terreno no ha experimentado un incremento de valor a fines del impuesto indicado? En caso, de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta qué IPC -o qué fórmula de corrección de la inflación- debe utilizarse. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en una sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2020 (RCA/1308/2019; ECLI:ES:TS:2020:3724).
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Dilucidar, interpretando en artículo 83 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, si para determinar la base imponible en el Impuesto Especial sobre el Carbón debe tenerse en consideración el "poder calorífico superior" o bruto (PCS), que mide el calor verdaderamente producido en la reacción de combustión, o el "poder calorífico inferior" o neto (PCI) que mide el calor "realmente aprovechable".
Resumen: Determinar si el Derecho de la Unión Europea y, en particular, la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), interpretada a la luz de la jurisprudencia del TJUE, se opone a la exigencia del Impuesto sobre Actividades Económicas a los operadores de telefonía móvil, en las concretas condiciones establecidas por la legislación española. Determinar si la tributación prevista en el epígrafe específico para el servicio de telefonía móvil -761.2- que difiere de la establecida en el epígrafe para el servicio de telefonía fija -761.1- en cuanto contempla una cuota nacional considerablemente mayor por cada mil abonados, comporta una discriminación injustificada.
Resumen: Atendiendo a las circunstancias concretas del caso, pueden estar exentos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en aplicación de lo previsto en el artículo 105.1.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de la transmisión de un bien cuando el titular de un derecho arrendamiento financiero con opción de compra inscrita en el Registro de la Propiedad, acredite que ha realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en el inmueble transmitido al momento de ejercer el derecho de opción de compra.
Resumen: Dies a quo del plazo de prescripción: constancia fehaciente del incumplimiento del plazo de dos años de reinversión: o bien desde la recepción de la autoliquidación complementaria de regularización a que se refiere el art. 39.3 RIRPF, si es presentada por el contribuyente, o bien desde la presentación de la autoliquidación correspondiente al ejercicio del incumplimiento.
Resumen: La solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017 debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria. La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL en la medida en que pueden someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en los apartados a), d), e) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria. Tales actos tributarios (i) no han lesionado derechos susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) no es un derecho fundamental de esa naturaleza, (ii) no han prescindido completamente del procedimiento legalmente establecido, (iii) no han otorgado potestades al solicitante de las que se carecía (iv) ni, en fin, puede identificarse una ley que, específicamente, determine su nulidad como consecuencia de la declaración parcial de inconstitucionalidad de la ley que les sirve de fundamento.
Resumen: Remisión íntegra a la sentencia de esta Sala y Sección, núm.905/2021, de 23 de junio, dictada en el Recurso de Casación 3240/2014. Resulta innecesario volver a plantear nueva cuestión ante el Tribunal Constitucional sobre el mismo objeto, aunque sustentada en otros enfoques distintos de los que fundamentaron las cuestiones ya planteadas, pues la adecuación del IVPEE que la Ley 15/2012 establece y regula, ya ha sido examinada por el Tribunal Constitucional. Finalidad medioambiental del impuesto que se refleja en que tiene por objeto gravar la capacidad económica de los productores de energía eléctrica cuyas instalaciones, que comportan indudables efectos medioambientales. La Ley 15/2012 no contradicen el principio de capacidad económica ni al de prohibición de la confiscatoriedad que proclama el artículo 31.1 CE. El IVPEE no es contrario al derecho de la Unión Europea, conforme a lo declarado en la Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2021, recaída en la cuestión prejudicial nº C-220/2019.
Resumen: Carga de la prueba respecto a la acreditación de la realidad de los desplazamientos y gastos de comidas y estancias. Obligación de la administración por facilidad probatoria y disponibilidad de datos aportados por el retenedor.
