Resumen: Reiteración de la doctrina fijada en la STS de 24 de junio de 2021. La sentencia recurrida resuelve en oposición a la jurisprudencia, aplicando indebidamente la DT 2ª apartado 3 de la Ley 35/2006, al reconocer el derecho a la reducción de la integración como rendimientos del trabajo en el IRPF de la prestación por jubilación de las aportaciones a la Mutualidad de Previsión correspondientes a un periodo en el que sí pudieron ser objeto de minoración o reducción respecto a la base imponible del impuesto. La sentencia recurrida resuelve la ausencia de prueba del importe de la minoración de las aportaciones en la base imponible en el periodo entre 1 de enero de 1979 a 31 de diciembre de 1991 como si se tratara de una cuestión de carga de la prueba, considerando que, respecto a las aportaciones posteriores a 1 de enero de 1979, cuando no se pueda acreditar la cuantía de la deducción de las aportaciones efectuadas, se procederá conforme al apartado 3 de la DT 2ª LIRPF, esto es, reconoce el derecho a la rectificación de las autoliquidaciones de IRPF de los ejercicios de 2001, 2014, 2015 y 2016, y respecto a esas aportaciones efectuadas entre el 1 de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1991 también con la reducción del 25%. Pero la condición para que se produzca su aplicación es que las aportaciones no hubieran podido se objeto de reducción o minoración en la base imponible, y en cuanto a las realizadas entre el 1 de enero de 1979 y 31 de diciembre sí pudieran ser objeto de reducción
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial de empresas de reducida dimensión. Determinación de la cifra neta de negocios en caso de grupos de empresas. El artículo 108.3, en relación con los artículos 114 y 28 TRLIS y con el artículo 42 del Código de Comercio, debe ser interpretado en el sentido de que excluye de la aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión a aquellas sociedades o grupos de sociedades cuya cifra neta de negocios supere el umbral cuantitativo máximo fijado en el precepto (10 millones de euros), incluidos también aquellos casos, como el examinado, en que el control empresarial del grupo esté en manos de una persona individual o natural, directa o indirectamente, y la cifra de negocio de dicho empresario individual, unida a la del grupo de sociedades que controla, rebase la indicada cantidad.
Resumen: Acto administrativo sancionador dictado en sustitución de un anterior acto sancionador firme que ha sido anulado por la propia Administración. Inexistencia de firmeza respecto del primer acto. Existencia de un acto administrativo nuevo. Improcedencia de apreciación de la causa de inadmisibilidad del art. 28 LJCA en relación con el art. 69.c) LJCA. Posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo frente al nuevo acto. Improcedente restricción del ámbito de los motivos de impugnación por razón del acto sancionador firme originario.
Resumen: Determinar, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2021 (Asunto C-21/20), y también de las de 22 de junio de 2016 (Asunto C-11/15) y 27 de marzo de 2014 (Asunto C-151/13), si las subvenciones recibidas por las sociedades que prestan servicios de radiodifusión pública tienen naturaleza de contraprestación y, por consiguiente, se estaría ante una actividad sujeta y no exenta del IVA o, por el contrario, carece de esa índole contraprestacional, no siendo por ello onerosa tal actividad, y, por ende, la misma no estaría sujeta al impuesto y los importes recibidos para su financiación no deberían formar parte de la base imponible de este gravamen.
Resumen: Los eventuales efectos preclusivos que pudieran proyectar unas actuaciones tributarias previas sobre otras posteriores conforman un derecho del contribuyente frente a la Administración y, correlativamente, el deber de esta de proveer a su garantía. Cuando no se haya ejercitado ese derecho ante la Administración tributaria, corresponde al reclamante en la vía económico-administrativa y al recurrente en la vía jurisdiccional, la carga de acreditar el alcance material tanto de un previo procedimiento de comprobación e investigación de carácter parcial, como de una previa solicitud de rectificación de su autoliquidación relativa a un determinado elemento de la obligación tributaria en relación a un concepto y periodo impositivo concretos, de cara a oponer los efectos preclusivos de tales actuaciones, frente a un posterior procedimiento de regularización de carácter general, en particular, para determinar si en el procedimiento posterior se aplican elementos tributarios del procedimiento inicial.
Resumen: IAE Inclusión en la matrícula y cuota nacional correspondiente al Epígrafe 761.2, Servicios de Telefonía móvil. Determinar si el Derecho de la Unión Europea y, en particular, la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), interpretada a la luz de la jurisprudencia del TJUE, se opone a la exigencia del Impuesto sobre Actividades Económicas a los operadores de telefonía móvil, en las concretas condiciones establecidas por la legislación española. Cuestión resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2022 (casación 7503/2020) en un sentido coincidente con el propugnado por la parte recurrente.
Resumen: La Sala estima los recursos interpuestos. El interés casacional se centra en si existe, en perspectiva normativa, un momento cronológicamente exacto e invariable, inmovilizado normativamente, en definitiva, en que las exigencias del artículo 4.7.b) DMA y su equivalente, art. 39 del Real Decreto 907/2007 deben cumplirse en la medida en que supone una reflexión que se plantea la propia sentencia y que resuelve, concluyendo con un límite temporal radical que cercena, congela y paraliza una prudente y de conjunto racional y progresiva evaluación del tratamiento del agua, y el permanente movimiento en el estado de aquéllas masas acuíferas, según la normativa DMA y RPH aplicable y que la propia sentencia analiza. No hay una prescripción legal o criterio de observancia o delimitación temporal para acreditar el cumplimiento perfecto de los requisitos y la norma no lo resuelve, pero tampoco la jurisprudencia ni tampoco el texto de la sentencia recurrida que viene a sentar la fecha singular de aprobación del proyecto como contradictoria a la eficiente modificación del plan hidrológico de 2016. Así lo hace la sentencia recurrida (en el esencial fundamento de derecho séptimo) cuando examina específicamente si se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 4.7.b) de la Directiva 2000/60/CE. La sentencia recurrida fundamenta gran parte del fallo en las sentencias que cita del TJUE. Sin embargo. Sin embargo, dichas sentencias no tratan de supuestos homologables al presente asunto.
Resumen: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Determinar si, la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre de 2021, obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones que no sean firmes y consentida, y, al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que no hayan sido decididas definitivamente, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica.
Resumen: Determinar el régimen y tratamiento fiscal, en los supuestos en los que los cónyuges (casados en régimen económico matrimonial de gananciales) suscriben participaciones a nombre de ambos en determinados fondos de inversión empleando dinero de carácter privativo de uno de los cónyuges, discerniendo si la suscripción de dichos fondos por parte de uno de los cónyuges (el esposo que no es propietario original del dinero) constituye el hecho imponible del art. 3.1.b) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones al entender que ha recibido una donación del otro cónyuge por el importe suscrito o, por el contrario, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, la aportación de bienes privativos a la sociedad de gananciales, la convierte a ésta en beneficiaria de tal acto, sin que se trate de un negocio entre los cónyuges. Vid auto de 5 de diciembre de 2019 (RCA 3983/2019: ECLI:ES:TS:2019:12949A) y sentencia de 3 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1016)
Resumen: Determinar si la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre de 2021, obliga en todo caso a la anulación de los actos de recaudación, tales como providencias de apremio, de las liquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, al dejar un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la recaudación del impuesto.
