Resumen: La Sala examina si resulta vulnerado el principio de igualdad por razón de sexo respecto de la aplicación de la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/2018), por la disposición adicional décimo octava del texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, por incluir únicamente a las mujeres como destinatarias del complemento de maternidad. La sentencia analiza el desarrollo normativo inicial del complemento por maternidad en las pensiones introducido por la D.F. 2ª de Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que crea el artículo 50 bis del TRLGSS, añadiendo a su vez, la D.F. 1ª de la Ley 48/2015, una D.A. 18ª al TRLCPE, y aborda la regulación derivada del Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, que tras la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019, se constata, la defectuosa configuración legal del citado complemento de maternidad en tanto compensación por aportación demográfica, y se advierte la necesidad de su redefinición, convirtiendo dicho complemento en un instrumento eficaz para la reducción de la brecha de género en las pensiones, existiendo vigencia paralela de los complementos por maternidad en el régimen de la seguridad social (art. 60 TRLGSS) y en el de clases pasivas (D.A. 18ª TRLCPE), sin que quepa denegar el complemento por haberlo solicitado un hombre.
Resumen: El SPEE denegó a la trabajadora la prestación por desempleo, presentando demanda la actora que fue estimada por sentencia de instancia confirmada en suplicación, en que se imponen costas al SPEE. Reiterando abundante jurisprudencia anterior, la Sala 4ª casa y anula la sentencia de suplicación en lo relativo a la imposición de costas al SPEE por entender que tiene naturaleza de entidad gestora de las prestaciones por desempleo conforme al art. 42.1 c) Y 294.1 LGSS, y como tal es beneficiario de asistencia jurídica gratuita, conforme al art. 2 b) Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita
Resumen: El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) goza del beneficio de asistencia jurídica gratuita a los fines de que en la sentencia resolutoria del recurso de suplicación no se le impongan las costas en los términos previstos en el. 235.1 LRJS, porque tiene la naturaleza propia de una entidad gestora de la Seguridad Social. Por una parte, entre sus competencias se incluye "la gestión y el control de las prestaciones por desempleo", [art. 18 j) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo]. Por otra, vino a sustituir al INEM, por lo que la calificación de entidad gestora en las funciones y servicios derivados de las prestaciones de protección por desempleo y reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones que se efectúa en el art. 226 LGSS/1995 en referencia al INEM, debe entenderse hecha al SPEE. En consecuencia, en su condición de entidad gestora de las prestaciones de desempleo en sus niveles contributivo y asistencial, incluidas en el ámbito de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social tal y como preceptúa el art. 42.1.c) LGSS, es titular del beneficio de asistencia jurídica gratuita de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 b) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que se lo concede a "las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en todo caso".
Resumen: La Sala Cuarta reitera con esta sentencia la doctrina de la STS, Sala de lo Social, 12-6-2018 (rec. 684/2017) y confirma que el SPEE tiene la condición de entidad gestora de la Seguridad Social a los efectos del derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 2.1 b) de la Ley la Ley 1/1996, de 10 de enero, por lo que no debió ser condenado en costas en el presente supuesto. Subraya que, en efecto, es la «entidad gestora» de las prestaciones por desempleo [artículo 294.1 LGSS y artículo 18 j) del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre] y dichas prestaciones forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social [artículo 42.1 c) LGSS]. Sin que sea relevante, a estos efectos, que el artículo 66.1 LGSS, no mencione al SPEE.
Resumen: SUCESIÓN DE EMPRESAS: se debate si se ha producido una sucesión de empresas al amparo del art. 44.2 ET y por tanto si existe responsabilidad solidaria entre la empresa entrante por las deudas salariales de la saliente, cuando el Convenio Colectivo la excluye. Producida la subrogación convencional, corresponde al trabajador demandante acreditar la transmisión de una unidad productiva autónoma (por la transmisión de los medios materiales necesarios para la actividad o por la subrogación de la mayor parte de la plantilla, cuando la actividad empresarial descansa esencialmente en la mano de obra) y, no incumbe dicha carga de la prueba a la demandada, como se le exigió a la recurrente en la sentencia impugnada, toda vez que es un hecho constitutivo de su pretensión que debió ser probado y no como no lo fue, se estima el recurso de unificación y se absuelve a la empresa recurrente de las pretensiones formuladas en su contra.
Resumen: Gran invalidez o subsidiariamente en incapacidad permanente absoluta, debido a una perdida de visión inferior al 0, 1 en ambos ojos (miopía magna bilateral). Gran invalidez. Necesidad de tercera persona. Procede el reconocimiento. Las dolencias visuales que justifican la necesidad de tercera persona no estaban presentes en el momento de la afiliación al sistema de seguridad social, antes de trabajar en la ONCE desde 1997 prestó servicios en otras empresas, y han evolucionado a mayor gravedad. No son lesiones anteriores a la afiliación. La ceguera es total cuando la agudeza visual es inferior a una décima, Reitera doctrina: STS 19 de abril de 2021, rcud. 5046/18; STS 19/05/2020, rcud. 1404/2018; STS 20 de abril de 2016, recurso 2977/2014
Resumen: El SPEE, plantea si el incumplimiento de la obligación de comunicar a la Entidad Gestora la percepción de rentas debe conllevar la extinción del subsidio por desempleo o sólo su suspensión. En el caso, la beneficiaria de subsidio por desempleo para mayores de 52 años no comunica temporáneamente la percepción de ganancia patrimonial por venta de un bien inmueble. La Sala IV reitera doctrina y declara que es ajustada a derecho la decisión del SPEE de proceder a la extinción del derecho al subsidio por desempleo y a la devolución de lo indebidamente percibido, al incurrir en falta grave, ex arts 25.3 y 47.1 LISOS. La transmisión del bien inmueble, que implicó para la beneficiaria una ganancia patrimonial de 7327,47 €, debió ponerla en plazo en conocimiento de la EG -en el momento en que se produjo tal situación determinante en su caso de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción-; la obligada comunicación debió acaecer, por tanto, cuando se produjo el referido incremento o en la declaración anual de rentas de 2016, y, sin embargo, la demoró hasta la declaración de 2017, lo que equivalía en definitiva al incumplimiento de la repetida exigencia -la declaración a la Administración Tributaria en manera alguna corrige o subsana la previa infracción cometida frente al Ente Gestor de las prestaciones-, sancionable con la extinción de la prestación que sí concluía la sentencia referencial.
Resumen: Reclamaba el actor en el proceso de autos la concesión de la ayuda por jubilación que, como mejora voluntaria de la Seguridad Social tenía establecida la empresa ACS. Se desestima tanto en la instancia como en suplicación tal pretensión por considerar que el derecho a dicha ayuda no constituye ni un derecho adquirido un una condición mas beneficiosa y su devengo está condicionado a que se proponga su concesión por el Director de personal, lo que no ha sucedido en el caso del actor. La Sala IV desestima el recurso por entender que se cumple por la recurrente el requisito formal de fundamentar la infracción legal que se considera cometida por la sentencia impugnada, ya que a pesar de que se citan normas infringidas no se argumenta en qué medida dicha resolución vulnera lo en ellas dispuesto. A l que se suma que no es posible fundamentar la infracción en pactos, acuerdos o decisiones que no ostentan la categoría de norma.
Resumen: RECURSO DE SUPLICACIÓN:competencia funcional. Cuantía. Reclamación de diferencias de base reguladora. Criterio de anualización. No Afectación general. No cabe recurso por no superar los 3.000€. Se aprecia de oficio la falta de competencia funcional y seclara la nulidad de la sentencia del TSJ.
Resumen: INCAPACIDAD TEMPORAL:La cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si una trabajadora, que ha agotado el plazo máximo en situación de incapacidad temporal sin que se haya declarado la Incapacidad Permanente, tiene o no derecho a prestación económica derivada de un nuevo proceso de incapacidad temporal por similar patología iniciado sin haber transcurrido más de 180 días desde la IT anterior. El INSS debe pronunciarse motivadamente sobre el estado de salud del trabajador que ha obtenido de los servicios médicos de salud una nueva baja médica al objeto de denegarle los correspondientes efectos económicos, y si la única razón es que entre la nueva baja y la anterior no han pasado seis meses y tiene como causa la misma o similar patología, y no sobre si puede o no recuperar su capacidad laboral, tiene derecho a percibir la prestación económica. Reitera doctrina en las SSTS de 10 de diciembre de 2012, Rcud. 3429/2011 -aquí traída como referencial- y las que en ella se citan-; de 6 de noviembre de 2019, Rcud. 1363/2017 y de 4 de febrero de 2021, Rcud. 3489/2018.
