Resumen: Se cuestiona si procede reconocer en situación de gran invalidez a una trabajadora que, con anterioridad a su afiliación a la Seguridad Social, presentaba una agudeza visual en ambos ojos inferior a 0,1 % y que, con posterioridad a la citada afiliación, ve agravadas sus lesiones. La demandante está afiliada en el Régimen General de la Seguridad Social, de profesión Vendedora Cabina (ONCE). En el año 1.999 presentaba una agudeza visual de OD - 0 y OI - 0,08 (distancia 3 metros). La demandante presenta el siguiente cuadro clínico residual: Ceguera completa. Hipoacusia bilateral. Trastorno adaptativo mixto de ansiedad y depresión con predominio depresivo. La actora se encuentra actualmente trabajando y en activo. En el asunto ahora sometido a la consideración de la Sala la actora, con anterioridad a su afiliación a la Seguridad Social, presentaba una grave deficiencia visual ya que sus limitaciones consistían en una agudeza visual de -0 en ojo derecho y -0,08 en ojo izquierdo, es decir, presentaba ceguera legal al ser su agudeza visual inferior a una décima en ambos ojos por lo que, aunque dichas lesiones se hayan visto agravadas con posterioridad a su afiliación a la Seguridad Social, no procede reconocerle la situación de gran invalidez, en aplicación de lo establecido en el artículo 193.1 de la LGSS, anteriormente artículo 136.1 de dicho texto legal.
Resumen: DESEMPLEO:acceso al subsidio por desempleo mayores de 55 años desde el agotamiento de renta activa de inserción. Costas impuestas al SEPE. La sentencia casacional declara que es una situación asimilable a la de otros subsidios por desempleo que permiten el acceso. No procede imponerle las costas por que el SEPEE tiene la condición de entidad gestora de la seguridad social y goza del beneficio de justicia gratuita.
Resumen: RCUD. La sentencia trae causa de demanda deducida por la Mutua Fremap interesando al SAS el reintegro de gastos, al considerar que la asistencia sanitaria prestada no había tenido origen en accidente de trabajo. La Sala de suplicación estima en parte la demanda, condenando al SAS al reintegro de 43,50 €. La Sala Cuarta tras apreciar la existencia de afectación general, y en cuanto al fondo de la cuestión debatida, sigue el criterio de la STS, Sala de lo Social, 20-11-2019, rec. 3255/18. Como en dicha sentencia, del relato de hechos probados se deduce que la reclamación se corresponde con los gastos por la asistencia sanitaria realizada por la Mutua. Tal asistencia se prestó antes de la calificación de la contingencia y de las pruebas se desprende el origen común y no profesional de las dolencias. En consecuencia, los gastos de la asistencia sanitaria prestada por Fremap deben ser satisfechos por el SAS como apreció la Sala de suplicación.
Resumen: La cuestión planteada consiste en determinar si tiene o no derecho a la prestación por desempleo contributivo la trabajadora que, finalizado un período de excedencia voluntaria, pide el reingreso en la empresa, no readmitiéndole ésta y procediendo a su despido, el cual fue conciliado judicialmente como improcedente, y, en concreto, si tal situación puede configurarse como de alta en la seguridad social al sobrevenir la contingencia. La STSJ da una respuesta positiva, revocando la SJS, entendiendo que la actora estaba en alta o asimilada al sobrevenir la contingencia o situación protegida. La Sala IV, comienza por declarar que el recurso cumple el requisito de fundamentar la infracción legal, al amparo de la doctrina anti rigorista y flexibilizadora de las exigencias formales del RCUD. Recuerda la doctrina iniciada en la STS/IV 19-11-2011 (R. 218/2011) y reiterada posteriormente, de acuerdo con la cual la situación del trabajador excedente no readmitido injustamente desde la fecha en que debería haberse cumplido la obligación de readmitir es análoga a la del trabajador injustamente despedido a partir de la fecha del despido, por lo que la empresa debía de haberlo mantenido de alta en la Seguridad Social desde la fecha de incumplimiento de la obligación de readmitir hasta la fecha de efectos del despido, con la consecuencia que el demandante despedido tenía derecho a estar en alta en el RGSS al sobrevenir la contingencia o situación protegida.
Resumen: Se discute si existe el derecho a la pensión de jubilación anticipada al amparo del art 161 bis.2 LGSS (procedente de la Ley 27/2011, pero redactado por el art 8 del RDL 5/2013). La relación laboral inicial (de considerable duración) finalizó mediante despido enmarcado en un ERE, pero posteriormente el demandante ha tenido otros empleos. La Sala entiende que el acceso a la jubilación anticipada para quienes (al entrar en vigor la Ley 27/2011) habían visto suspendida o extinguida su relación laboral como consecuencia de expedientes de regulación de empleo está contemplado en el apartado b) de la referida Disposición Final Duodécima de la Ley 27/2011 (actual apartado 5 de la Disposición Transitoria Cuarta de la LGSS). No resulta aplicable, por tanto, la regla del apartado a) de la citada DF Duodécima, conforme a la cual la legislación anterior a la Ley 27/2011 se aplica a las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seg. Soc. Así lo ha entendido también el Ministerio Fiscal cuando expone que el supuesto de hecho sometido a consideración tiene mejor encaje en el apartado b) pues tiene su origen en un ERE, y tal apartado b) no contiene el límite excluyente que si contiene el apartado a) referente a que “siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de Seg. S
Resumen: El sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el caso de los inmuebles de que es titular la Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, es la Comunidad Autónoma. Remisión a la sentencia de 25 de abril de 2022, pronunciada en el recurso de casación nº 5283/2020.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si es recurrible en suplicación la sentencia del juzgado de lo social que reconoce el derecho de la beneficiaria de una pensión de viudedad a incrementarla en la parte que venía percibiendo el cónyuge histórico divorciado, una vez que se produce su fallecimiento. Se trata del reconocimiento de una pensión de viudedad con beneficiarias concurrentes, consecuencia del fallecimiento de la excónyuge del causante. La viuda reclama el derecho a percibir la prestación de viudedad reconocida a la fallecida, que le ha sido íntegramente denegado por el INSS. Se argumenta que no se trata de un supuesto en el que el objeto del litigio verse únicamente sobre la diferencia económica entre la cuantía de la prestación reconocida y la reclamada por el beneficiario, y si, por el contrario, está en juego el propio reconocimiento del derecho a la prestación que hasta el momento estaba atribuida a una tercera beneficiaria. Dado que está en juego el reconocimiento de una prestación de seguridad social, cabe recurso de suplicación con independencia de la cuantía.
Resumen: La sentencia anotada reitera que para demandar por despido a un ayuntamiento tras la supresión de la exigencia de la reclamación administrativa previa por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tampoco ha de intentarse la conciliación previa del art. 63 LRJS. Pero, de conformidad con la doctrina de la Sala Cuarta, la notificación del acto de despido por la administración, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía procedente, como ha sido el caso, por lo que la acción no estaba caducada.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es si resulta acreedora a la pensión de incapacidad permanente absoluta (IPA) la trabajadora que, antes de empezar a prestar servicios para la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) tenía una agudeza visual de 0,1 en ambos ojos y, con posterioridad a dicha incorporación, pasa a tener una agudeza visual de 0,047 en el ojo derecho y de 0,000 en el izquierdo. El TS, reiterando doctrina (TS 29-9-2020, Rec 4716/2018), y en contra del parecer de la Sala de suplicación, acoge el recurso de la demandante, y la declara en situación de IPA, al haberse aquietado al no reconocimiento de la gran invalidez.
Resumen: Se plantea en proceso de conflicto colectivo si la empresa debe complementar la prestación por desempleo hasta el 100% de salario durante la suspensión contractual provocada por la pandemia Covid19. Consta que en el convenio guipuzcoano de hostelería, vencido en 2013, se preveía dicho complemento. Tras la contractualización, se han publicado 3 convenios sectoriales de ámbito estatal que no lo contemplan. La sala IV en la sentencia anotada, tras rechazar la modificación del relato fáctico por no darse los presupuestos jurisprudencialmente establecidos, resalta que no es de aplicación las doctrinas sobre la contractualización ni sobre el mantenimiento de las condiciones más beneficiosas, dado que no concurre vacío regulador de las condiciones de trabajo, por resultar de aplicación el convenio superior sectorial. En el caso de autos debe estarse a lo recogido en la d.ad. 2ª del I convenio colectivo estatal de restauración colectiva, relativa a las reglas de concurrencia de normas paccionadas. El citado convenio es aplicable a la empresa desde enero de 2015 y ha sustituido en su totalidad al provincial fenecido, y en el mismo no se contempla el complemento de las prestaciones de desempleo. Por todo lo cual, se desestima el recurso del sindicato actor y se confirma la sentencia desestimatoria de la demanda.
