Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en dilucidar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100 por ciento. La demandante es miembro del consejo de administración de una sociedad anónima; titular de un 50% de las acciones (otros dos miembros del consejo de administración son titulares del 45% y del 5% restante); se ha jubilado activamente, y la sociedad tiene contratados a 31 trabajadores por cuenta ajena. La sentencia recurrida, declaró el derecho de la actora a percibir la pensión de jubilación activa en la cuantía del 100%. Sin embargo tal parecer no es compartido por el TS, y tras recordar las modificaciones operadas en el art. 214.2 y 5 de la LGSS e incorporación de una DF sexta bis a la LGSS, declara que no se cumple con los requisitos exigidos para la jubilación activa, pues la jubilación de un miembro del consejo de administración en nada afecta a los vínculos laborales que se concertaron con la persona jurídica, al subsistir la sociedad limitada (el empleador no es el jubilado). Tampoco puede invocarse el principio de igualdad del art. 14 CE entre los autónomos societarios y los autónomos que no han constituido una sociedad porque no son términos homogéneos. Ni la jubilación del actor, que es autónomo societario, afecta al empleo; ni ostenta la condición de empleador, que tiene la mercantil; ni responde con su patrimonio personal de las deudas salariales y de SS.
Resumen: El demandante solicitó la jubilación activa por realización de trabajos por cuenta propia y el INSS le denegó la solicitud por no tener la condición de empresario físico, debiendo su inclusión en RETA a su condición de consejero. Se cuestiona si la ?actividad por cuenta propia?, requerida por el art. 214.1 LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al trabajador autónomo, persona física, o si incluye también al consejero o administrador de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta. Los objetivos, perseguidos por el art. 214.2.II LRJS ? compatibilización del 100% de la pensión de jubilación con los ingresos de actividades profesionales o económicas por cuenta propia, cuyos gastos se compensan con la creación de, al menos, un puesto de trabajo, o el mantenimiento del mismo ? solo son accesibles para el autónomo clásico y no al autónomo societario, porque su actividad se realiza por cuenta de la sociedad y no se compensa por el mantenimiento del empleo, puesto que los trabajadores están contratados por la sociedad y la jubilación del consejero o administrador no constituye causa de extinción de los contratos. La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en cuantía del 100% con la actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo del pensionista (art. 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse extensivamente.
Resumen: JUBILACIÓN ACTIVA:El debate litigioso consiste en dilucidar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100%, cuando no desarrolla personalmente una actividad por cuenta propia ni ha contratado directamente y a su cargo uno o varios trabajadores por cuenta ajena. El Juzgado estimó la demanda y la Sala de lo Social del TSJ Rioja la confirmó. Ahora, se estima el recurso del INSS por entender que el trabajador autónomo societario no es uno de los sujetos a los que la norma permite disfrutar de una jubilación activa, entender lo contrario rompería la necesaria conexión que la norma exige entre el jubilado y los contratos de trabajo que de él dependen, la cual solo la pueden tener los trabajadores autonómos no societarios, en tanto que si la finalidad de la norma (art. 214.2 LGSS) es favorecer la conservación del nivel de empleo, la jubilación de un trabajador societario (Consejero o Administrador) no cumple con ese presupuesto ya que no es causa de extinción de los contratos, no ha contratado directamente a sus trabajadores, ni además asume el mismo nivel de responsabilidad frente a sus trabajadores que el trabajador autónomo no societario.
Resumen: El actor, administrador solidario de una SL, es titular de un 25% de las participaciones, se ha jubilado activamente y la sociedad tiene contratados 11 trabajadores. La sentencia de instancia, revocando las resoluciones del INSS declara el derecho del actor a percibir la pensión de Jubilación Activa en cuantía del 100% de su base reguladora mensual. La sentencia de suplicación revoca en parte dicha sentencia, declarando que el derecho del actor a percibir la pensión activa en cuantía del 100% de su BR mensual es con efectos retroactivos del 31/07/2019. Se plantea en casación unificadora determinar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100 %. La Sala tras analizar las recomendaciones de la OIT, del Consejo y del Pacto de Toledo, y la normativa aplicable razona que la jubilación del actor, que es uno de los administradores solidarios y titular del 25% del capital social, en modo alguno podría afectar al empleo, al subsistir la SL y las recomendaciones efectuadas no permiten eludir la normativa vigente en la actualidad, que impide que los trabajadores autónomos que ocupan cargos de consejeros o administradores de una sociedad puedan continuar desempeñando la actividad en iguales términos antes y después de su jubilación, sin efectuar ellos mismos contratación alguna por cuenta ajena, ni aplicar ninguna otra fórmula de fomento de empleo, y percibir el 100% de su pensión de jubilación activa.
Resumen: Falta contradicción. No se entra a conocer de las tres cuestiones planteadas en casación para la unificación de doctrina por en relación a: 1) Incongruencia omisiva, por no haberse pronunciado la sentencia sobre la existencia de nexo causal entre enfermedad y fallecimiento, por no existir contradicción con la sentencia de contraste, ya que la sentencia recurrida sí se pronuncia sobre dicha cuestión, mientras que la sentencia de contraste no da respuesta a una de las cuestiones planteadas en relación a la calificación del despido; 2) Ausencia de requisitos para imponer responsabilidad civil derivada de incumplimientos empresariales en materia preventiva en relación con la muerte del trabajador por asbestosis trabajador que era fumador desde los 16 años, ya que la sentencia de contraste es inidónea al haber sido casada y anulada; 3) Minoración de las indemnizaciones reconocidas por concurrencia de patologías no laborales en la muerte del extrabajador de Uralita, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste ya que si bien ambas aplican el Baremo para accidentes de circulación, lo hacen sobre circunstancias fácticas distintas.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones se reclama por el actor a la empresa y a la aseguradora una indemnización por daños y perjuicios en concepto de responsabilidad civil por accidente de trabajo. La sentencia de suplicación confirmó la de instancia que estimó en parte la demanda. Recurre el actor en casación unificadora articulando 4 motivos de recurso en los que se denuncia: incongruencia extra petita de la sentencia de suplicación, improcedencia de la deducción de la indemnización reclamada de las cuantías abonadas al actor en concepto de mejora voluntaria de las prestaciones fijada en el convenio colectivo, indebida inaplicación del incremento de la indemnización por aplicación del baremo de accidentes de tráfico y solicitud de condena al abono de los intereses del art. 20 de la Ley de contrato de seguro. Sin embargo, la Sala IV considera que no concurre el requisito de la contradicción entre sentencias con respecto a ninguno de los motivos de recurso planteados, por ser dispares los debates planteados, ser coincidentes los fallos o las razones de decidir.
Resumen: INCAPACIDAD PERMANENTE: FALTA DE CONTRADICCIÓN. A pesar de ello, se señala que en la sentencia recurrida -al contrario de lo que sucede en la de contraste-, no se debate ni cuestiona si por el hecho de encontrarse el actor en situación de jubilación anticipada no pueda serle reconocida la incapacidad permanente solicitada, por lo que en vía de recurso de casación para la unificación de doctrina, se plantea una cuestión nueva en tanto que el INSS y la TGSS consintieron el recurso de suplicación formulado por el demandante, no impugnándolo, ni formulando recurso de suplicación autónomo.
Resumen: La sentencia de suplicación dejó sin efecto la resolución del INSS que suprimió el complemento de maternidad de la pensión de viudedad que tenía reconocida la actora. Recurre el INSS en casación unificadora alegando que dicho organismo está facultado para revisar actos declarativos de derechos relacionados con la gestión ordinaria de las prestaciones. Pero la Sala IV desestima el recurso de casación unificadora por considerar que no concurre la necesaria contradicción entre sentencias. Y ello porque son dispares las situaciones fácticas contempladas ni las cuestiones debatidas. Así, en la referencial no se debate la incompatibilidad de las prestaciones, mientras en el la recurrida la actora funda su pretensión en que los complementos son compatibles.
Resumen: PRESTACIÓN ECONÓICA POR CUIDADO MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE:se discute en caso de separación o divorcio si es un requisito ineludible para acceder a percibir el subsidio que ambos progenitores trabajen. El Juzgado y la Sala de lo Social del TSJ consideraron que no lo era. Recurrido en casación unificadora se estima el recurso de la Mutua y se considera que si la finalidad de la norma es compensar la pérdida de ingresos al tener que reducir la jornada con la consiguiente disminución de los salarios por la necesidad de cuidar a los hijos menores a su cargo durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad fuera del centro hospitalario, se exige que ambos progenitores trabajen, por lo que siendo esa la finalidad del subsidio en el caso de separación o divorcio no queda abierta la posibilidad de que sólo trabaje uno de ellos. Reitera doctrina STS 12 de junio de 2018 (rec. 1470/2017).VOTO PARTICULAR.
Resumen: ACCIDENTE DE TRABAJO:En esencia se discute quién se hace responsable de la prestación por enfermedad profesional cuando el riesgo al que ha estado expuesto el trabajador se ha producido antes y después del 1 de enero de 2008. El Juzgado desestimó la demanda de la Mutua. El TSJ la confirmó. Ahora el TS estima la casación unificadora, y considera que la prestación ha de ser imputada a las entidades aseguradoras en proporción al tiempo de aseguramiento de la prestación de servicios sometida al riesgo de enfermedad profesional. Reitera doctrina (STS de 10 de julio de 2017, recurso 1652/201; 21 de marzo de 2019, recurso 4300/2017; 21 de marzo de 2019, recurso 3901/2017 y 13 de octubre de 2020, recurso 3947/2017.
