Resumen: Situación de insolvencia como presupuesto de la declaración de concurso. Distinción entre el conocimiento del estado de insolvencia por el administrador de la sociedad del hecho de que el concurso pueda originar la disolución de la sociedad. Distinción entre el estado de insolvencia y la situación descrita en el art.363 e) TRLCSP como causa de disolución. Necesidad de que concurra causa de disolución para exigir la responsabilidad del administrador. Se declara que es suficiente que la sociedad incurra en causa de disolución para que el administrador tenga la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta que adopte el acuerdo de disolución, siendo la consecuencia del incumplimiento de dicha obligación la responsabilidad solidaria de los administradores.
Resumen: DESEMPLEO: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el demandante ostenta el derecho a la prestación por desempleo por suspensión de la relación laboral que lo era a tiempo parcial, por pasar a jubilación parcial, habiendo acumulado y realizado las horas de servicio con anterioridad a la suspensión que acordó la empresa. La Sala de casación resuelve que el trabajador que acumuló toda la prestación de servicios a la que estaba obligado y que la realizó en un momento en el que no existía ninguna situación afectada por ERTE, cuando se produce el ERTE, no está en situación legal de desempleo. De no haber acumulado la jornada si lo estaría al no poder llevarla a cabo en caso de haberse suspendido y no poder prestar los servicios ni percibir su salario. Y en esa línea se ha dicho que "no concurre el requisito de la prestación por desempleo exigido por el art. 203.2 de la LGSS de 1994 consistente el cese de la actividad del trabajador.
Resumen: Se cuestiona la pretensión de que se declare que se ha producido una supresión y simultánea creación de plazas mediante la modificación que en la empresa Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir opera a modo de RPT y que por entenderla unilateral habría vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical en sus vertientes de derecho a la negociación colectiva y a la acción sindical. La sentencia de instancia declara que la acción ejercitada -tutela de derechos fundamentales- es adecuada y que el demandante ostenta legitimación activa, y desestima la demanda por entender que la elaboración de las RPT es una competencia de la Administración empleadora. La Sala cuarta desgrana los datos cronológicos de la litis, bajo la modalidad de tutela de derechos fundamentales, para poder determinar si se ha producido un adecuado ajuste procesal y concluye que el iter pone de relieve el incumplimiento de los plazos marcados por el legislador para enervar el rechazo del recurso y la declaración de firmeza de la resolución que se pretendía impugnar (arts. 208 y 209 LRJS). El incumplimiento alcanza, por tanto, a la preparación del recurso de casación -la notificación de la sentencia acaeció el 12 de marzo de 2020 y el anuncio el 15 de abril-, circunstancia que determinaba la declaración de tenerlo por no preparado y la firmeza aparejada.
Resumen: Tres son las cuestiones suscitadas en el recurso de casación unificadora. Con respecto a las dos primeras - valoración del daño y aplicación del factor de corrección- la Sala IV aprecia la falta de contradicción. Finalmente, el tercer motivo se dirige a determinar la fecha desde la que se devengan los intereses que, derivados de la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia del accidente de trabajo fijada en favor de la demandante, corresponden a la aseguradora de la responsabilidad civil de la demandada. La recurrida entiende que se devengan desde la notificación de la sentencia y la de contraste, desde la fecha en que se produjo el accidente. Y el TS, tras considerar que concurre la necesaria contradicción y contra del parecer de la Sala de origen, opta por esta última solución al no concurrir justificación alguna para que no se aplique la mora desde la fecha del siniestro. En efecto, la Sala IV tras repasar didácticamente la doctrina de la Sala 1ª y de la 4ª sobre los intereses por mora del art. 20 de la LC, concluye que en el caso, no puede apreciarse ninguna dificultad para que la aseguradora hubiera avanzado una cuantificación económica mínima del daño, sabedora, como era, de su obligación desde la fecha del siniestro. En consecuencia, debió partirse en todo caso de la indicada fecha del siniestro en los términos prescritos por el art. 20.6 LCS. Se estima dicho motivo de recurso.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si debe declararse la responsabilidad empresarial en el pago de la prestación de jubilación parcial, cuando la empresa extingue por causas objetivas los contratos del trabajador relevista y del jubilado que ha seguido percibiendo la prestación. La Sala IV reitera doctrina en interpretación de la Disposición Adicional 2ª del RD 1131/2002, que establece que si la empresa mantiene su actividad, no hay razones que justifiquen la resolución del contrato del relevista, lo que determina la activación de la cláusula de responsabilidad empresarial que contempla la citada disposición. Sin embargo, no se atribuye ninguna responsabilidad empresarial en los casos en los que se extingue el contrato del jubilado parcial por despido colectivo que afecta además a la totalidad de la plantilla como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación de empleo. Pero este no es el supuesto ahora examinado puesto que la empresa procede al despido colectivo de una parte de sus trabajadores, entre los que incluye al jubilado parcial y al relevista, sin afectar a la totalidad de la plantilla, por lo que subsiste la obligación empresarial de contratar a otro relevista mientras el jubilado parcial perciba la pensión de jubilación
Resumen: RCUD. La cuestión que resuelve la sentencia comentada - una vez superado el juicio de contradicción - consiste en decidir si un trabajador jubilado parcial anticipado puede resultar afectado por una suspensión colectiva de los contratos de trabajo (ERTE) y causar de esta forma derecho a la prestación por desempleo, en los periodos en que no se halla prestando servicios por haber cumplido ya con la jornada pactada. La sentencia considera que no cabe suspender un contrato de trabajo en relación con una jornada no debida por el trabajador, de modo que no se encuentra en situación de desempleo quien ningún efecto sufre por la existencia de la decisión suspensiva. La jornada parcial se ha computado en términos anuales y la medida de regulación de empleo afecta a un periodo en que ya no existe deuda de prestación por parte de la persona trabajadora por haber satisfecho ya tal obligación contractual esencial. Reitera doctrinas; sentencias del TS de 6 de julio de 2020, recurso 941/2018; 4 de noviembre de 2020, recurso 3375/2018 y 11 de noviembre de 2020 (cuatro), recursos 3247/2018, 3337/2018, 3376/2018 y 3385/2018.
Resumen: SUBSIDIO DE DESEMPLEO:acceso para mayores de 55 años cuando en la fecha de la solicitud tiene cumplido la edad, pero no en la que agotó la prestación de desempleo. Falta de contradicción.
Resumen: Se cuestiona si adquieren la condición de indefinidas no fijas las personas trabajadoras, unidas a la empleadora -Comunidad de Madrid- por contratos de interinidad por vacante que superan los tres años de duración sin que concurra justificación de tal duración. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 28 de junio de 2021, R. 3263/2019, ha rectificado la doctrina sobre los contratos de interinidad por vacante, de conformidad con la sentencia TJUE de 3 de junio de 2021, C-726/19. La Sala Cuarta considera, a la vista de la sentencia del TJUE, que una duración excesivamente larga debida, exclusivamente a la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe ser tenida en cuenta, rectificando asimismo la doctrina jurisprudencial sobre la incidencia de las leyes de presupuestos en los contratos de interinidad por vacante, al manifestar que consideraciones puramente económicas ( crisis económica) no pueden justificar la inexistencia de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Aunque el contrato de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998 la ocupación del puesto durante un período inusual e injustificadamente largo debido al incumplimiento por el empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo ha de ser considerada como fraudulenta e indefinido no fijo al personal interino que ocupaba la plaza vacante
Resumen: Se cuestiona si es compatible la percepción de la pensión de jubilación reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con las retribuciones que se perciben en la situación adva. de segunda actividad sin destino en el Cuerpo Nacional de Policía. El INSS reconoció el derecho a la pensión de jubilación con cargo al Reg. Gral. y efectos de 20/02/2014. El recurrente había trabajado para un banco cotizando desde 1985, causando baja por prejubilación el 30/06/2013. El derecho a la pensión de jubilación del Régimen General le fue revocado al haber continuado en la situación de segunda actividad cotizando a clases pasivas hasta el 19/02/2016. La resolución consideró indebidas las prestaciones por jubilación desde 20/02/2014 a 31/05/2016, que debían reintegrarse. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación o retiro. El art. 213 LÓG.. Es aplicado por la sentencia recurrida para declarar la incompatibilidad de las retribuciones abonadas durante la situación de segunda actividad. En la situación de segunda actividad se permanece «hasta el pase a la jubilación» (arte. 2.1 Ley 26/1994) y durante la situación de segunda actividad se perciben retribuciones, permaneciendo en esa situación «hasta el pase a la jubilación». En consecuencia, la sentencia recurrida debe ser confirmada porque no se puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas.
Resumen: La cuestión en la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en revisar, precisar y, en su caso, confirmar la jurisprudencia sobre la responsabilidad por sucesión de empresas, respecto a débitos para con la Seguridad Social, en supuestos de empresas a las que se atribuye la condición de integrar un grupo empresarial en el que se integran las que han dado lugar a los débitos reclamados, tal y como se acordó en el ATS de 3.2.2022 (RC 4003/2020), análogo al presente.
