Resumen: La Sala Cuarta reitera que la actividad por cuenta propia requerida por el art. 214.1 LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al trabajador autónomo, persona física, y no a quien debe su inclusión en RETA, como es el caso, a su condición de administrador único. La finalidad del art. 214.2. 2º LRJS es evitar que la jubilación de los empleadores que tienen la condición de personas físicas, cause la extinción de los contratos de sus trabajadores ex art. 49. 1g) ET. La compatibilización del 100% de la pensión de jubilación con los ingresos de actividades profesionales o económicas por cuenta propia, cuyos gastos se compensan con la creación de, al menos, un puesto de trabajo, o el mantenimiento del mismo, solo son accesibles para el autónomo clásico y no al autónomo societario, cuya actividad se realiza por cuenta de la sociedad y no se compensa por el mantenimiento del empleo, puesto que los trabajadores están contratados por la sociedad y la jubilación del consejero o administrador no constituye causa de extinción de los contratos. La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en cuantía del 100% con la actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo del pensionista (art. 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse extensivamente.
Resumen: COSTAS:Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina por tres razones: a) para impugnar la indemnización fijada en la sentencia por extinción del contrato temporal; b) para discutir las costas de suplicación; y c) por prescripción de las cantidades reclamadas. El tribunal antes de resolver esas cuestiones la adecuación del procedimiento ordinario para reclamar una indemnización por extinción de su contrato a la luz de la doctrina del TJUE de 14-09-2016, C-596/2014. Y llega a la conclusión que sí, en cuanto no se discute la ilegalidad de la extinción. Rechaza la primera y segunda cuestión por falta de contradicción. Con relación a las costas impuestas, se aprecia contradicción, con la STS 25.04.2017, rec. 4084/2015, con la STS 20.04.2018, rec. 56/2017, cuya doctrina aplica y reitera señalando que las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las Comunidades Autónomas para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al SNS les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria que les impone la Ley 16/2003, de 18 de mayo, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta y en la materia, costas por actuaciones en procesos judiciales, les resultan de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas.
Resumen: La Tesorería General de la Seguridad Social defiende que nos encontramos ante una clara circunstancia de "omisión", puesto que se trata de trabajadores extranjeros que al darse de alta en Seguridad Social omiten que carecen del preceptivo permiso de trabajo. Como regla general, la revisión de actos declarativos de derechos de la Seguridad Social no puede llevarse a cabo por vía administrativa, sino que habrá de ser instada en vía jurisdiccional presentando la oportuna demanda. Obsérvese que esto no es algo radicalmente diferente de lo que, como regla general para la revisión de los actos administrativos anulables, establece el art. 103 LRJ-PAC. Las únicas dos excepciones a dicha regla general son: que se trate de una mera rectificación de errores de hecho, materiales y aritméticos y que la revisión venga ocasionada por omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. En el presente caso, estamos ante un supuesto de omisión del preceptivo permiso de trabajo de trabajador extranjero. La Tesorería no puede ampararse en el privilegio de autotutela, debiendo solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente. Sin perjuicio de que esa omisión correspondiera al empleador, cabe rechazar la interpretación extensiva de la excepción contemplada en dicha disposición legal.
Resumen: Se cuestiona si, la realización por parte de una mercantil de actividades de vigilancia y control de la salud laboral, sin disponer de la preceptiva autorización administrativa, se subsume en el art. 13.11 LISOS y cuáles son los requisitos exigidos para analizar en suplicación la revisión de los hechos declarados probados. En esta 2ª cuestión se aprecia la falta de contradicción entre las sentencias comparadas. En cuanto a la cuestión de fondo, la Sala IV confirma la imposición de sanción por la comisión de falta muy grave, derivada del desempeño de funciones como servicio de prevención ajeno sin contar con la acreditación administrativa. La empresa no estaba acreditada por la Autoridad Laboral para realizar funciones de prevención de la salud de los trabajadores, pero se ha comprobado que realizaba con sus propios medios y recursos reconocimientos médicos a trabajadores de otras empresas, supliendo, a estos efectos, la actividad que correspondía a MPE, que sí era propiamente un servicio de prevención ajeno, acreditado por la Autoridad Laboral, quien había arrendado las instalaciones de la recurrente para efectuar con sus propios medios la actividad de vigilancia de la salud laboral. La actuación se subsume en lo dispuesto en el art. 13.11 LISOS. Es irrelevante que no se presente en el mercado como servicio de prevención ajeno, puesto que la norma no sanciona la publicidad empresarial, sino el ejercicio de funciones propias de un servicio de prevención ajeno sin autorización.
Resumen: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: lnterpretación del art. 7.1 d) del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre que debe entenderse por la limpieza de la ropa "después de cada utilización" a la que se refiere dicha norma. En este caso los afectados son los trabajadores de la empresa recurrente (Ambuibérica, S.L.), dedicados al transporte sanitario urgente de Guipúzcoa. El recurso casación ordinaria se estima parcialmente, y se declara que la ropa debe limpiarse tras cada utilización, ya sea o no a diario, pero solo la ropa que previamente se haya utilizado.
Resumen: En proceso de conflicto colectivo, se estimó la excepción de falta de legitimación activa de la parte actora y, sin entrar a resolver la cuestión de fondo, se absolvió a la parte demandada. La parte recurrente pretende introducir como hecho probado una valoración jurídica sobre la cuestión procesal que ha estimado la Sala de instancia. En el siguiente motivo la recurrente omite por completo cualquier argumentación sobre el precepto constitucional que invoca. La sentencia recurrida aprecia la falta de legitimación activa porque la actuación sindical del demandante tan solo afecta al centro de trabajo de Mérida y no del conjunto de trabajadores a los que extiende su pretensión y no ha acreditado ostentar poderes para representar a la organización sindical en cuyo nombre dice actuar. La recurrente no está combatiendo la falta de representación del Sindicato sino que centra su capacidad procesal sobre la Sección Sindical y por ostentar la condición de delegado sindical. Se desestima el recurso.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina y rechaza la demanda del trabajador por la que impugnaba la resolución administrativa que extinguía su derecho a la prestación desempleo y declaraba indebidas las cantidades percibidas en tal concepto. El demandante obtuvo el importe de la venta de un fondo de inversión en el mes de agosto de 2015. El SEPE justifica su resolución en la circunstancia de que el beneficiario de la prestación había dejado de reunir los requisitos para acceder a la misma por superación de las rentas propias. La sala iv, tras apreciar la concurrencia del requisito de la contradicción considera que no se trata de una obtención de rentas que haya de generar un efecto suspensivo y si, por el contrario de un incumplimiento del deber de comunicación que tiene consecuencias más gravosas (la extinción y la obligación de reintegro de lo indebidamente percibido desde que se produjo la infracción de aquel deber), según la previsión de los arts. 213 LGSS. Partiendo de que, en cualquier caso, sólo es computable la plusvalía o ganancia obtenida, se ratifica la extinción por sanción al incurrir el beneficiario en falta grave, ex arts. 25.3 y 47.1) de la LISOS, que tipifican como tal la ausencia de comunicación de datos relevantes en el ámbito del percibo de la prestación: obtención de rendimientos de la venta de un fondo de inversión. Por ello, se estima el recurso unificador formulado por el SEPE, declarando la firmeza de la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que previa desestimación de las excepciones de falta de legitimación activa y de caducidad y prescripción de la acción, desestima la demanda deducida por CGT en la que interesaba el derecho de los trabajadores a percibir el complementp salarial derivado del derecho a tickets restaurante desde el primer día de la baja por IT. La Sala IV tras recordar el alcance del escrito de impugnación, rechaza la falta de legitimación activa del sindicato actor al tener implantación en el ámbito de la empresa y haber sido reconocido por la empresa como interlocutor válido para suscribir acuerdos. Suerte desestimatoria corrieron asimismo las excepciones de caducidad de la acción y de prescripción. Sentado lo anterior, y admitida la corrección del escrito de interposición del recurso, señala que el Acuerdo de 21-4-2017 que alteró la naturaleza de los tickets restaurante convirtiéndolos en salario y acordó su no inclusión en el cálculo del complemento de IT, es ajustado a Derecho toda vez que los tickets en cuestión tienen naturaleza indemnizatoria y no salarial como dispone el art. 26.2 ET, por lo que su importe no ha de ser tenido en cuenta para establecer el importe del complemento de la prestación de IT ya que se complementan hasta el 100% de las percepciones salariales, pero no está establecido que hayan de computarse las percepciones indemnizatorias.
Resumen: El debate litigioso radica en determinar si la empresa principal contrató con otra un servicio correspondiente a su propia actividad y, en consecuencia, si responde solidariamente de los salarios adeudados por la empresa contratista. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 21 de julio de 2016, recurso 2147/2014, compendia la doctrina: ha de acogerse la interpretación que entiende por propia actividad las obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la empresa, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa. En el supuesto enjuiciado el ISE contrató con una empresa privada el servicio de comedor en los centros docentes públicos de la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El citado servicio de comedor en los centros docentes no es una actividad complementaria inespecífica de la empresa principal. El ente público ISE tiene atribuida la competencia relativa a la gestión de los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria, incluyendo los comedores en los centros docentes. El servicio de comedor constituye un servicio complementario pero inherente y estrictamente necesario para que el ISE pueda prestar el servicio público que tiene encomendado. Se trata de una labor que el ISE debe desarrollar para desempeñar adecuadamente las competencias que tiene atribuidas, por lo que debe concluirse que constituye propia actividad de la empresa principal.
Resumen: La cuestión planteada en este recurso de casación para la unificación de doctrina se ciñe a resolver si tiene derecho al percibo de diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría, en concreto de oficial administrativo, el trabajador que ha continuado realizando dichas funciones, a pesar de que había recibido una comunicación del Director Gerente del Hospital Gregorio Marañón, en el que prestaba sus servicios , advirtiéndole de que debía realizar las funciones que para su categoría de auxiliar administrativo se recogen en el anexo del convenio colectivo. La Sala 4ª, tras sistematizar la jurisprudencia en relación a cuándo existe cosa juzgada y en qué supuestos cabe apreciarla, casa y anula la sentencia de suplicación para reconocer el derecho de los actores al percibo de las cantidades reclamadas. Argumenta la Sala 4ª que la cuestión se centra en dilucidar si la orden dada por la dirección del hospital constituye obstáculo o no a la aplicación del efecto positivo de cosa juzgada, y resuelve que ello no tiene ninguna influencia, cuando no se constata que los demandantes se limitaran a realizar las funciones a las que se aludía en la carta, tolerando el hospital la realización de funciones superiores.
