Resumen: Los actores prestaron servicios para la empresa Deoleo SA, causando baja pasando a situación de prejubilados como consecuencia de la aprobación de un ERE del año 2003 en el que se elaboró un plan social de acompañamiento y un convenio de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía, encomendando a este la gestión de las ayudas, suscribiéndose una póliza de seguro de renta o seguro de jubilación garantizada, existiendo primas pendientes de cobro por importe de más de 300.000 euros, aunque los actores no vieron reducida en dicha proporción sus rentas presentando propuesta de novación de póliza que no se ha producido, de forma que la prima asegurada correspondiente a la póliza anterior no está siendo abonada por ninguna de las partes. Por sentencia de instancia se declaró la responsabilidad solidaria de la empresa Deoleo y la Consejería de Empleo, sentencia confirmada en suplicación. Ante la cuestión de si debe responder solidariamente la Junta de Andalucía, la sentencia anotada, casa y anula dicha sentencia y exime de responsabilidad a la empresa, por entender que la empresa asumió los compromisos adquiridos, ya que abonó la parte correspondiente de la póliza, sin que tenga que responder la empresa aseguradora, puesto que no percibió las primas por parte de la Junta de Andalucía, que era la que, habiendo manifestado su consentimiento, se convirtió en deudora del abono de parte de las primas del contrato, por lo que la empresa no puede ser considerada responsable.
Resumen: RECLAMACIÓN CANTIDAD MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES (MIR): conceptos que integra el cálculo de las pagas extraordinarias. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda. La Sala de suplicación revocó la sentencia de instancia, y reconoció el derecho a percibir a las trabajadoras las diferencias que por dicho concepto reclamaban. La Sala de casación examina su competencia funcional llegando a la conclusión que cabe recurso de casación para la unificación de doctrina. En cambio no supera el examen de contradicción de las sentencia aportadas por la demandada. Se inadmite el recurso, que se transforma en causa de desestimación.
Resumen: Se cuestiona si resulta ajustada a derecho la pretensión formulada por el FOGASA en reclamación por revisión de prestaciones indebidas formulada al amparo de lo previsto en el art. 146 LRJS, cuando dichas prestaciones han sido reconocidas a la trabajadora por sentencia firme que estimó su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado organismo en el plazo de tres meses la petición de prestaciones que le formuló la trabajadora. La Sala IV desestima la demanda. Sostiene que no cabe apreciar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, ex art 222.1 LEC. Resuelve en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada, ex art 224.4 LEC, al considerar que lo resuelto en el primer proceso, en el que se discute sobre la validez del acto administrativo presunto que se produjo porque el organismo demandado dejó transcurrir el plazo previsto normativamente para dar contestación a la petición formulada por un trabajador, aparece "como antecedente lógico" de lo que es objeto del pleito actual, siendo los mismos los litigantes. Por ello no se trata de una prestación indebida, pues es una prestación reconocida por una sentencia firme y, por lo tanto, intangible, salvo los limitados supuestos de la LEC. Lo contrario supondría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, el trabajador está vinculado con la Comunidad de Madrid mediante contrato de interinidad por sustitución, transformado en contrato de interinidad por vacante, desde el año 2003. La sentencia de suplicación, confirma la de instancia, en cuanto a la calificación de la relación de indefinida no fija por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y condenó a la Comunidad de Madrid a las consecuencias inherentes a tal declaración. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la Junta de Andalucía. Tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si el demandante puede acceder a la prestación que solicita -renta activa de inserción-, para lo que es necesario determinar si, a efectos de fijar los ingresos de la unidad familiar, los del cónyuge, que percibe como trabajador autónomo, deben tomarse en rendimiento neto o sobre la base de cotización al RETA, y si el cobro de la incapacidad temporal que percibió aquel debe fijarse en cómputo anual o calificarse de esporádico. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto, en el primer punto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas al ser diferentes los supuestos de hecho. Así, en recurrida se acude a las bases de cotización ante la ausencia total de acreditación de los ingresos y gastos que hubiera tenido la esposa del demandante, lo que ha obligado a acudir a la base de cotización. Circunstancia que no se produce en la sentencia de contraste en la que hay una especificación de los ingresos disponibles (ingresos brutos menos gastos) y, por tanto, lo que allí se pretende por el SEPE es que, a pesar de constar probados los ingresos de la unidad familiar, se esté a las bases de cotización. El segundo punto se trata de una cuestión novedosa que la parte no planteo en suplicación, lo que es incompatible con el extraordinario recurso unificador.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es si la acción formulada por el INSS y la TGSS iniciadora de expediente de revisión de actos declarativos de derechos estaba o no prescrita en el momento en que se inició. El TS recuerda que la acción revisoria prevista en el art. 146.1 LRJS permite a la Seguridad Social obtener la tutela judicial cuando pretende revocar sus actos firmes declarativos de derechos, en perjuicio de sus beneficiarios, habida cuenta de que la ley le impide la revisión de oficio y le obliga a acudir a la vía judicial para conseguirlo; para lo cual se establece un plazo de prescripción de 4 años, que es distinto al previsto art. 45.3 (actual 55.3) LGSS, que se refiere a la obligación reintegro que pueda tener el beneficiario por haber percibido indebidamente una prestación, y que puede estar precedida o no de una revisión de un acto declarativo de derecho. La sentencia aprecia la prescripción porque transcurrieron más de 4 años desde la fecha de la resolución que reconoció la pensión de viudedad en porcentaje del 52 por ciento, sin tener en cuenta que existía otra persona beneficiaria, hasta que la entidad gestora acordó iniciar expediente de revisión de actos declarativos de derechos.
Resumen: Se recurre en casación unificadora la sentencia que estima que los vínculos de trabajo, contrato de interinidad, se habían transformado en indefinidos no fijos por superación del plazo establecido en el art 70 EBEP, declarando la valida extinción de la relación por cobertura reglamentaria de la vacante, con reconocimiento de la indemnización de 20 días de salario por año de trabajo a una de las trabajadoras y con desestimación respecto a la otra al entender que carece de sentido conceder la indemnización que pretende al mantenerse la relación sin interrupción. El recurso unificador de esta última, que fue recontratada al día siguiente de su cese, es desestimado por falta de contradicción respecto de las sentencias invocadas que no afrontan similar problema. El del SERMAS se desestima por cuanto la consideración de las actoras es de indefinida no fija con acomodo a la nueva doctrina, que rectifica la anterior, a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19) y que se obtiene por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato, y de la falta de provisión de la vacante. En consecuencia, la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza ocupada implica el derecho a percibir una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades, según reiterada jurisprudencia.
Resumen: Se cuestiona la aplicación del art. 70 del EBEP a efectos de consideración como indefinida no fija la relación, por superación del plazo de tres años de duración del contrato, y el reconocimiento de indemnización por extinción asimilable a la condición de indefinida no fija. La Sala IV ha tenido ocasión de examinar la incidencia en la resolución de asuntos como el actual de la STJUE de 3 de junio de 2021 (C-726/19) que resuelve una decisión de cuestión prejudicial para un asunto muy similar. En la STS (Pleno) de 28.06.2021, RCUD 3263-2019, y posteriores se ha entendido, conforme a la resolución del TJUE, que las consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis de 2008, no pueden justificar la inexistencia de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada; así, aun cuando el contrato de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/98 durante un período inusual e injustificadamente largo, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo, con derecho a la indemnización por cese.
Resumen: El primer presupuesto para exigir responsabilidad solidaria a los administradores de las sociedades de capital es claramente la concurrencia de una causa de disolución, sin que la simple insolvencia suponga la existencia de una causa de disolución. Así se desprende también del Criterio Técnico 89/2011 dictado por la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al amparo del artículo 18.3.7 de Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que comprueba la necesidad de que exista causa de disolución de la sociedad para la derivación de responsabilidad a los administradores de sociedades de capital. Según lo expuesto, el acta de liquidación o el informe en el que se derive la responsabilidad a los administradores por las deudas sociales deberá hacer constar en todo caso la existencia de una causa legal de disolución de la sociedad de las contempladas en el art. 363.1 de la LSC, que deberá justificarse por los medios apropiados, no bastando con constatar la situación fáctica de insolvencia. En particular, la existencia de las pérdidas deberá considerarse acreditada mediante el examen del balance. En el muy frecuente supuesto de que ese examen no sea posible, la insuficiencia patrimonial deberá justificarse por vías indirectas.
Resumen: Se estima el recurso de casación deducido por el INSS y se anula sentencia de suplicación que confirmó el reconocimiento del derecho de la actora la asistencia sanitaria. La demandante, de nacionalidad argentina, tiene concedida tarjeta de residencia temporal por reagrupamiento familiar. En el recurso de casación unificadora instado por el INSS se denuncia infracción del art. 2.1.b del RD 1192/2012. La sala IV, tras remitirse a la normativa aplicable en materia de asistencia sanitaria y de reagrupación familiar, centra la cuestión debatida en la determinación de la aplicabilidad o no del artículo 7 del RD 240/2007 a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles. A tales efectos, se citan varias sentencias de la Sala III del TS. Concluye la sala IV que la concesión de la tarjeta de residencia no supone el reconocimiento inmediato del derecho a la asistencia sanitaria, sino que debe darse los requisitos previstos en el citado art. 7, esto es, que el reagrupante disponga de recursos para no convertirse en una carga para la asistencia social en España y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado. Todo ello, a la luz de los principios de universalidad, financiación pública y sostenibilidad que rigen el sistema nacional de salud y sin que pueda invocarse desprotección del familiar reagrupado, pues debe tener cubierta la asistencia sanitaria por vía distinta a la pública. En consecuencia, se estima el recurso y desestima la pretensión.
