Resumen: La beneficiaria tiene reconocida pensión de jubilación desde 2011, y derecho a percibir el complemento por mínimos. El INSS revisó de oficio la cuantía del complemento, regularizó su importe de 194,99€ a 92,67€, reclamando el reintegro de lo indebidamente percibito (511,60€). El JS estimó la demanda y fijo el tipo de cambio entre el peso y euros. El TSJ estimó el recurso del INSS, siendo recurrible aunque la cuantía sea inferior a 3.000€ por aplicación de la doctrina TS en materia de complemento, y declara que el tipo de cambio es otro. En cud. recurre el INSS para solicitar un factor de conversión de euro por peso argentino diferente. Indiscutido el derecho al complemento se debate la fórmula correcta del tipo de conversión. La sentencia de suplicación no refleja afectación general. Remite a su STS de 2/02/21 que declaró incompetencia funcional de la sala de suplicación. Aun no concurriendo las identidades de la contradicción correspondería examinar de oficio si la sentencia de instancia es recurrible en suplicación y se proyecta sobre la competencia del TS porque el rcud procede contra sentencias dictadas en suplicación. Resuelve que lo reclamado no es el derecho al percibo del complemento (cabe recurso si se cuestiona el derecho, por tener autonomía propia y diferenciada de la pensión) sino el importe de dicho complemento a mínimos, que en cómputo anual no alcanza los 3.000€. Debe estarse al importe cuando ya se reconoció, art. 192.3 y.4 LRJS.
Resumen: CESE LEGAL DE ACTIVIDAD:causa económica. Beneficios mensuales de menos de 100€. Falta de contradicción.
Resumen: RCUD. Sanción por infracción grave en grado mínimo de la normativa de salud y seguridad laboral (2046€ por insuficiencia de iluminación en escaleras). Efectos vinculantes de la sentencia firme dictada en procedimiento de recargo de prestaciones; con los mismos hechos y elementos probatorios en ambos procedimientos judiciales, declara no probada la insuficiente iluminación (doctrina constitucional sobre efectos de cosa juzgada positiva STC 16/2008). La sentencia recurrida no contiene ninguna motivación de las razones por las que se aparta del criterio fijado en la anterior. Lo resuelto en la sentencia firme en materia de recargo de prestaciones es vinculante en el posterior procedimiento. Recurribilidad aún no exceder de 18.000€ por invocación de derechos fundamentales ante autoridad laboral. Las discrepancias sobre la valoración de la prueba exceden del ámbito del RCUD, pero el efecto de cosa juzgada se aprecia de oficio por ser cuestión de orden público procesal. Casa y anula la sentencia recurrida, no en orden a unificar la doctrina aplicada por las sentencias comparadas, sino a efectos de dar cumplimiento al mandato impuesto por el art. 222.4 LEC, en relación con los arts. 9.3 y 24.1 CE, y resolver la controversia de acuerdo con lo ya decidido en sentencia firme, para estimar el recurso de suplicación formulado por la empresa Telefónica, revocar la sentencia de instancia, estimar íntegramente la demanda y dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada. Sin costas
Resumen: El actor estuvo en IT desde abril de 2016, fue prorrogada en abril de 2017 hasta el máximo de 6 meses, se resuelve no calificación de IP y por resolución de 26 de febrero de 2018 se deniega, la notificación se recibe el 22 de marzo de 2018. Reclama 1.9557,13€ de subsidio por IT entre la fecha de resolución y la de notificación. El JS desestimó, el TSJ inadmite la recurribilidad en suplicación por razón de la cuantía. La Sala Cuarta resuelve que la competencia funcional es cuestión de orden público, se debe conocer de oficio y no es exigible el requisito de la contradicción. Se remite a la jurisprudencia de las SSTS de 6 y 27 de abril de 2022, en el caso no está en juego el reconocimiento de una prestación de Seguridad Social (art. 191.3 c LRJS), ya reconocida, solo se está ante el alcance temporal del subsidio, siendo el objeto de la pretensión la fecha de efectos de su extinción. La notoriedad de la afectación general se produce por el elevado número de rcud interpuestos, suficientemente importante para activar la función unificadora del art. 191.3 b) LRJS y declara que la sentencia de instancia es recurrible en suplicación por el llevado nivel de litgiosidad de los que tiene constancia el TS que evidencian el carácter notorio de la afectación general. El debate se refiere a la fecha de abono del subsidio de IT. Se estima el recurso, anulando la sentencia del TSJ recurrida, repone las actuaciones al momento anterior a dictarla para que entre a conocer en suplicación.
Resumen: RCUD. Capitalización del desempleo por extranjero retornado. Sin reintegro de prestaciones indebidas. La persona que ostenta una nacionalidad extranjera(Ecuador), aunque esté casada con otra de nacionalidad española y amparada por el RD 2407/2007, tiene derecho a capitalizar la prestación por desempleo en las condiciones previstas por el RDL 4/2008 (retorno). El beneficiario de la prestación por desempleo aunque sea extranjero y posea los beneficios propios de su condición conyugal de una española la concede opciones o posibilidades adicionales, pero no le restringe las que son inherentes a su condición de persona extranjera. No hay discriminación por razón de matrimonio pues el mismo trato que a las personas casadas con persona de ciudadanía comunitaria se aplica a quien contrae matrimonio con ella, a su pareja de hecho, a los descendientes o a los ascendientes. Con el abono de esta modalidad de prestación se favorecerá la reinserción laboral y profesional en sus países de origen, se fortalecerá el desarrollo de estos países con el retorno de trabajadores con una cualificación y experiencia laboral enriquecida y formativa y permitirá reforzar la relación de nuestro país con los países de origen. (RDL 4/2018). Nuestra CE (art 41) y el canon interpretativo (art 53.3 CE) aconsejan esta solución.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es si resulta acreedora a la pensión de gran invalidez la trabajadora que, antes de empezar a prestar servicios para la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) tenía una agudeza visual inferior a 0,1 [0,05] en ambos ojos, y tiene reconocida desde el 15-10-2015 pensión de jubilacion. Frente a la sentencia que desestimó su pretensión, interpone la solicitante dos motivos de contradicción, el primero se inadmite por falta de contenido casacional al pretender la recurrente una nueva valoración de las lesiones. Por lo que atañe al segundo punto de contradicción, el TS, reiterando doctrina (TS 29-9-2020, Rec 4716/2018), declara que, si antes de la afiliación al sistema de la Seguridad Social y de la prestación de servicios en favor de la ONCE, la agudeza visual era ya inferior en ambos ojos al 0,1, esta agudeza visual, aunque empeore, no es acreedora de la gran invalidez, porque ya antes de la afiliación al sistema se requería la asistencia de otra persona desde una solución "objetiva" y no "subjetiva" al respecto. En consecuencia, se desestima el recurso.
Resumen: La cuestión suscitada se ciñe a determinar si procede reconocer la prestación de desempleo a un trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su padre, afiliado al RETA, en virtud de un contrato de trabajo y que no convive con el mismo. La Sala IV da una respuesta positiva, en interpretación de la DA 10ª de la Ley 20/2007, reiterando doctrina. Se argumenta que la DA 10ª de la Ley 20/2007 se ha limitado a destruir la presunción "iuris tantum" de no laboralidad de la relación existente entre el hijo y el trabajador autónomo que le contrata cuando convive con él, pero en nada ha alterado la situación contemplada en el art 1.3 e) del ET respecto a la existencia de relación laboral, tanto en los supuestos de convivencia si se demuestra la condición de asalariado del familiar, como en los supuestos de no convivencia, en los que no existe la presunción de que dicha relación es la de "trabajos familiares". Por lo tanto, un hijo no conviviente, cuando haya sido contratado laboralmente por su progenitor, no está excluido del ámbito de aplicación del ET. De la propia literalidad del precepto, se deduce que cuando los hijos menores de 30 años convivan con sus padres, quedarán excluidos de la cobertura de desempleo. Consiguientemente, no concurrirá dicha exclusión a los hijos menores de 30 años que no convivan con sus padres.
Resumen: Se cuestiona si procede reconocer al demandante en situación de gran invalidez. Cuando se afilió a la Seguridad Social tenía una agudeza visual en ambos ojos del 0,05. La profesión habitual del actor es Agente vendedor de cupón de la ONCE. El INSS a propuesta del EVI deniega la prestación de incapacidad permanente por ser las lesiones anteriores a la afiliación. Cuestión similar a la ahora examinada ha sido resuelta por la Sala Cuarta, argumentando que cuando la agudeza visual es inferior a una décima y las lesiones han evolucionado negativamente respecto a las presentadas en el momento de la afiliación, se ha reconocido la gran invalidez. Dicha calificación no se excluye respecto de quienes hayan llegado a adquirir habilidades adaptativas para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o puedan llegar a efectuar trabajos no perjudiciales con su situación. Pero el actor presentaba con anterioridad a su afiliación esa agudeza visual en ambos ojos del 0,05, que se considera legalmente como ceguera total. Y no se acredita que las lesiones, susceptibles de provocar una situación de gran invalidez, entre las cuales se encuentra la ceguera total, hayan evolucionado negativamente (agravado) respecto a las presentadas en el momento de la afiliación. Reitera doctrina; STS de 29 de septiembre de 2020, recurso 1098/2018 (Pleno); 19 de abril de 2022, recurso 2159/2019; y 26 de abril de 2022, recurso 902/2019.
Resumen: Se cuestiona el derecho a la prestación pública de asistencia sanitaria de una ciudadana que dispone de permiso de residencia temporal en España por reagrupación familiar. El INSS desestimó la solicitud alegando que debía contar con un seguro de enfermedad público o privado con cobertura en España, como requisito previo para la obtención de la residencia legal en nuestro país. La cuestión ha sido ya resuelta por la Sala IV. La regulación legal de esta materia se ha visto radicalmente modificada tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud; pero esta nueva normativa legal no es aplicable al caso, por razones temporales. A partir de la reforma operada por el RD Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones se introduce el concepto de asegurado y beneficiario por lo que el régimen de protección de la asistencia sanitaria, en el ámbito personal se hace depender de que el asegurado no tenga una cobertura obligatoria de la prestación, sean cual sea la vía por la que la misma se encuentre establecida. No cuestionándose la legalidad de que el familiar se encuentra residiendo legalmente en España por reagrupación familiar, la conclusión que se alcanza es que no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública.
Resumen: La Sala Cuarta reitera la doctrina según la cual la demandante, extranjera y con autorización de residencia en España como familiar de un ciudadano UE no tiene derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. El supuesto enjuiciado se encuentra bajo la normativa anterior al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio. La sentencia considera que para la concesión de la tarjeta de residencia deben darse los requisitos previstos en 7 RD 240/2007, precepto que exige que el reagrupante disponga de recursos para no convertirse en una carga para la asistencia social en España y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado. Por tanto, el familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal, y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida. Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa, de modo que el familiar no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública (Reitera SSTS, Sala de lo Social, Pleno 13/5/2019; rec. 3626/2017, 4622/2017, 1068/2018; 2022/2018).
