Resumen: La sentencia anotada, reiterando doctrina, declara en relación a la única cuestión suscitada en el recurso de casación unificadora por la Agencia Madrileña de Atención Social, que no procede el abono de la indemnización de 12 días por año, prevista en el art. 49.1.c ET para los contratos temporales, cuando se produce la válida finalización del contrato de interinidad por vacante debida a la cobertura reglamentaria de la plaza. Respecto al recurso deducido por la trabajadora, la Sala Cuarta no entra en el fondo del asunto al apreciar la falta de contradicción.
Resumen: La Sala IV aplica doctrina previa y reitera que no puede reconocerse la pensión de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta, a quien se encuentra en situación de jubilación anticipada por discapacidad. Del acceso a la prestación de incapacidad permanente se excluye a quien a la fecha del hecho causante ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación, prevista en el art. 205.1 a) y reúna los requisitos para su reconocimiento. Esta edad, o la que corresponda según el régimen transitorio (Disposición Transitoria 7ª de la LGSS), puede verse alterada configurando otra modalidad de protección de la contingencia. Así, tenemos los supuestos en que la edad ordinaria pasa a ser otra diferente en razón la situación física del trabajador - jubilación por discapacidad, del art. 206.2 de la LGSS -. Por tanto, la jubilación ordinaria no solo es la que establece el art. 205 sino que, junto a ella, hay otras que merecen igual calificativo al constituirse como jubilaciones propias y autónomas, como son las del art. 206 de la LGSS y sin coste en la protección. La remisión que hace el citado precepto al art. 205.1 a) no lo es a un simple guarismo, sino que dicho número, referido a la edad de una persona, se vincula también a una contingencia.
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior se confirma la sentencia de suplicación que confirmando la de instancia desestimó la demanda de despido presentado por el trabajador, controlador aéreo, de Enaire, que fue cesado por jubilación obligatoria cuando cumplió 65 años en aplicación de la DA 4 Ley 9/2010 y art. 4 Ley 27/2011. El argumento es que es conforme a derecho la jubilación forzosa de controladores aéreos, por estar amparada la medida legislativa en evitar las consecuencias negativas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre operaciones aéreas.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la responsabilidad solidaria de administrador acordada por la TGSS. Reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia aclarar si, a efectos de declarar la responsabilidad solidaria de los administradores de la sociedad que incurre en causa de disolución, las operaciones destinadas a corregir los déficits financieros y compensar pérdidas, (en particular, las aportaciones a fondos propios que devienen en no retornables), remueven la causa de disolución de la sociedad o, por el contrario, resulta ineludible la ampliación de capital.
Resumen: La trabajadora venía prestando servicios para el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) desde el año 2000 como auxiliar de hostelería con contrato de interinidad de una vacante vinculada a la oferta de empleo público correspondiente al año 2001. Por Orden de 3 de abril de 2009 se inició proceso de consolidación de empleo. Constituye el objeto del presente recurso determinar si el contrato de interinidad por vacante suscrito por el Servicio Madrileño de Salud con la actora debe ser considerado válido o, bien la relación laboral tiene el carácter de indefinida no fija, como sostuvo el Juzgado y confirmó la Sala. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3-6-2021 (Asunto C-726/19), desestima el recurso del Servicio Madrileño de Salud concluyendo que la relación laboral tenía naturaleza indefinida no fija en el momento de extinción del contrato. Tras indicar que la STJUE no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificarla relación de indefinida no fija.
Resumen: La Sala de Admisión plantea a examen si con base a la solicitud del informe de vida laboral, el trabajador puede impugnar su contenido ante la Tesorería General de la Seguridad Social por no comprender los periodos de cotización que acredita o debe acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la decisión de ENAIRE de extinguir el contrato de trabajo de un controlador aéreo por jubilación forzosa resulta o no ajustada a derecho. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda y califica la decisión de ajustada a derecho en aplicación de la DA 4ª de la Ley 9/2010, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, que establece que los controladores civiles del tránsito aéreo deben jubilarse de manera forzosa a los 65 años. Al efecto reitera doctrina argumentando que tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. Algunas actividades exigen unas condiciones físicas o intelectuales que el transcurso del tiempo puede menoscabar, por lo que en estos casos puede presumirse razonablemente que esa disminución de facultades resulta patente a una edad determinada y sobre esta base establecer la extinción de la relación.
Resumen: La trabajadora venía prestando servicios para el Sermas desde 2011 con contrato de interinidad por vacante vinculada a la oferta de empleo público del año 2003. En 2009 se inició proceso de consolidación de empleo, que fue resuelto en 2016, extinguiéndose el contrato de la trabajadora por haberse cubierto la vacante. Se examina la incidencia de la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19). El contrato de interinidad por vacante es un contrato a término y deberá persistir el tiempo que dure el proceso de selección; la licitud de la contratación está supeditada a la existencia de vacante, y se considerará fraudulenta por inexistencia de causa que la justifique aun cuando el contrato haya identificado la plaza. Una duración excesivamente larga del contrato debido a la falta de actividad dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe tenerse en cuenta en la configuración de la decisión judicial. Se concluye precisando y rectificando la doctrina, para afirmar que, aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998, la duración por un período inusual e injustificadamente largo, y el desempeño de forma constante y continuada las mismas funciones, lleva a considerar la relación como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que al personal interino que ocupaba la plaza vacante como indefinido no fijo.
Resumen: El actor sufría hemorragias digestivas como consecuencia de varices esofágicas, siendo remitido a un hospital de Santiago de Compostela para colocación urgente de TIPS como solución a su situación, pero el hospital desestimó su colocación y propuso como tratamiento alternativo el trasplante de hígado, solicitando el actor ser derivado a un hospital público de Barcelona donde no se descartó la colocación del TIPS, hospital al que acudió tras serle denegado el traslado y se intervino solicitando el reintegro de gastos médicos. Por sentencia de instancia, confirmada en suplicación, se denegó el reintegro de gastos médicos. La Sala 4ª no entra a conocer de la cuestión relativa a si procede el reintegro de gastos médicos, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste, ya que en la sentencia de contraste, en los centros hospitalarios de Castilla La Mancha, no fue posible realizar la intervención requerida, intentándose su derivación a dos hospitales públicos de la CAM con carácter de urgencia que no fue posible por saturación del servicio, siendo el propio hospital el que solicitó su derivación a un centro privado, y en la sentencia recurrida, aunque la urgencia era grave no era vital, habiendo optado el actor por la asistencia privada sin esperar la respuesta del hospital.
Resumen: Se cuestiona si la calificación del cese del trabajador, al cumplir 65 años de edad, constituye un despido nulo, discriminatorio por razón de edad. Se formulan dos puntos de contradicción: referidos a la nulidad del despido por discriminación y nulidad por no estar justificada la necesidad de garantizar el tráfico aéreo. El demandante viene prestando servicios en Aena con categoría profesional de Controlador de Tránsito Aéreo y se acordó el cese por jubilación obligatoria, con efectos desde el 31 de marzo de 2017 y en aplicación de lo establecido en el punto 3 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 9/2010 de 14 de abril. El actor comunicó su deseo de prolongar la actividad laboral. La sala aprecia una descomposición artificial del recurso al plantearse los dos puntos de contradicción sobre discriminación por razón de edad. Entre las sentencias no existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios. la sentencia recurrida no ha reposado su pronunciamiento en lo dispuesto en el II Convenio Colectivo de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública y los preceptos y principios que amparan el motivo ya han encontrado respuesta en aquella doctrina que se mantiene, en tanto que se ha encontrado y ofrecido una justificación objetiva a lo que se recogió en la Ley 9/2010, negándose con ello que exista el tratamiento discriminatorio que se invoca por quien recurre y que el principio de especialidad deba operar.
