Resumen: Se cuestiona si debe declararse al actor en situación de gran invalidez por agravación de las dolencias desde su afiliación al sistema de Seguridad Social. El demandante comenzó a prestar servicios como ayudante de cocina y posteriormente se incorporó a la ONCE como vendedor de cupones. La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la pretensión principal, reconociendo la existencia de gran invalidez. La Sala de lo Social considera que no procede tal reconocimiento pues la pérdida de visión equiparable a la ceguera existía cuando se incorporó a la ONCE en el año 1989. La Sala Cuarta reitera doctrina en relación con la gran invalidez por ceguera total, situación en la que se encuentra quien tiene una agudeza visual inferior a una décima, sin que quepa excluir de su calificación las circunstancias de algunas personas que, por diversos factores, hayan podido adquirir determinadas habilidades adaptativas para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda. En este caso se acredita que el demandante ejerció las funciones de ayudante de cocina con agudeza visual suficiente, habiendo empeorado el cuadro de dolencias a partir del momento de incorporarse a la Once hasta el punto de que el actor pasó a padecer una ceguera total, como se desprende de los informes médicos obrantes en las actuaciones. En consecuencia, se estima el recurso del actor y se confirma la sentencia de instancia, pues las lesiones padecidas justifican la declaración de gran invalidez.
Resumen: Se cuestiona si un trabajador puede ser considerado en situación de gran invalidez, en un supuesto en el que en el momento de su afiliación al sistema de SS no presentaba dolencias invalidantes pero se encuentra, posteriormente, antes de empezar a trabajar para la ONCE en situación de ceguera legal. La STS de 19 de abril, Rcud. 5046/2018 reiteró que las reducciones anatómicas o funcionales que presente el trabajador antes de su afiliación al sistema no puede ser consideradas para causar la protección de aquella contingencia y no pueden ser las que determinen grado alguno de invalidez. Lo relevante, a efectos de la aplicación del artículo 193.1 párrafo segundo LGSS, es la situación en el momento de la afiliación al sistema, tal y como el TS ha reiterado en relación al posible agravamiento de las reducciones anatómicas y funcionales, específicamente para temas de ceguera absoluta. En el caso de autos el actor, al momento de su afiliación, no presentaba el cuadro de dolencias que se ha advertido en el informe médico de síntesis de forma que la dolencia visual debe ser tomada en total extensión a la hora de calificar el grado pretendido porque cuando se incorporó a la Once ya precisaba de dicha asistencia y el hecho de haber estado trabajando como vendedor de cupones no impide que se otorgue la prestación interesada cuando tras la incorporación al sistema de SS ha sufrido un cuadro de padecimientos que han ido evolucionando hasta generar la necesidad de ayuda de tercera persona.
Resumen: INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA: La cuestión que se plantea en casación para la unificación de doctrina consiste en resolver si para el cálculo de la prorrata temporis a cargo de la seguridad social española de la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora, que ha prestado servicios en España y Reino Unido, se han de considerar las cotizaciones ficticias tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la prestación de incapacidad. La Sala de suplicación confirmó la sentencia del Juzgado por la que se desestimaba la demanda. Ahora la Sala de casación estima el recurso aplicando la doctrina Barreiro (STJUE 3.10.2002) y considera que que las cotizaciones ficticias reconocidas en dicho régimen son computables para el cálculo de la prorrata temporis como periodo de seguro. Reitera doctrina de las SSTS de 29 de abril de 2009, recurso 4519/2007; de 3 de junio de 2008, recurso 687/2007 y 30 de septiembre de 2008, recurso 1044/2007.
Resumen: DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA: el núcleo casacional contemplado en el recurso consiste en determinar si la patología sufrida por el causante ha de ser determinada como Accidente de Trabajo cuando existe concurrencia entre la causa de tipo profesional (exposición profesional a agentes cancerígenos) y una causa de tipo personal (haber sido fumador), sosteniendo las actoras que el hecho de que el trabajador hubiera sido consumidor de tabaco, no conlleva que se rompa el nexo causal entre la enfermedad padecida y el accidente de trabajo ocurrido, para postular que la contingencia de las prestaciones de viudedad y orfandad deben entenderse derivadas de accidente de trabajo. Se desestimó la demanda el recurso de suplicación y el de casación unificador. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: Desempleo. Derecho a la prestación contributiva. Trabajadora excedente voluntaria que solicita el reingreso y le es denegado, por lo que demanda por despido. Conciliación reconociendo la improcedencia del despido. La empresa debería haberla mantenido de alta en la Seguridad Social desde la fecha de incumplimiento de la obligación de readmitir hasta la fecha de efectos del despido. La trabajadora no puede verse perjudicada por el incumplimiento de dicha obligación por parte del empresario. Estado de alta en el momento de la situación legal de desempleo.
Resumen: Se solicitó ante la Mutua prestación de incapacidad temporal que fue denegada por apreciar la entidad colaboradora que el actor tenía en el momento de la afiliación las mismas lesiones que determinaron su baja. La sentencia de instancia estimó la demanda, declarando el derecho de la actora a percibir la prestación y la sala de suplicación entiende que contra la sentencia de instancia no cabía recurso porque no se trata de una denegación inicial de la prestación, sino únicamente una desestimación parcial, cuya cuantía no alcanza la cuantía de 3000 €. La sala de casación, tras recordar la doctrina reiterada que establece que la cuestión del acceso al recurso de suplicación es examinable de oficio y con independencia de la existencia de contradicción entre sentencias, al tratarse de una cuestión de orden público, estima el recurso porque del examen de la demanda se desprende que lo que se pretende es el reconocimiento de la prestación de incapacidad temporal, por lo que resultaba aplicable el art. 193.1 LRJS. Se casa la sentencia de suplicación y se devuelve a la sala de instancia para el dictado de la pertinenente sentencia.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es la de determinar si procede la indemnización de 20 días de salario por año de servicio cuando se extingue válidamente un contrato de interinidad por vacante, dándose la circunstancia que, tras ser cesada la actora, es de nuevo contratada por la CAM como personal indefinido, a lo que la Sala de suplicación da una respuesta negativa. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso. Así, en la sentencia recurrida consta que la actora en el mismo proceso de consolidación de empleo obtuvo plaza como personal indefinido no fijo, con efectos de-10-2016, lo que conduce a la sentencia a razonar que en ningún momento se ha roto su vínculo laboral por lo que no procede reconocerle indemnización alguna. En la sentencia de contraste no consta que la actora obtuviera plaza alguna tras su cese. Por lo tanto, al ser distintos los hechos de los que parten cada una de las sentencias enfrentadas, aunque su resultado sea diferente, no son contradictorias. Y respecto a la inadecuación de procedimiento alegada por el MF, la Sala IV sostiene que al no cuestionarse el importe de la indemnización, sino únicamente si procede o no dicha indemnización, es adecuado el procedimiento por reclamación seguido.
Resumen: La SAN recurrida desestima la excepción de falta de agotamiento de la mediación previa y desestima las demandas acumuladas sobre conflicto colectivo interpuestas por UGT-FICA y la Federación de Industria de CCOO y ATP-SAE. El objeto del recurso de casación tiene por objeto determinar si los trabajadores de determinados puestos de trabajo de las empresas cumplen con los requisitos para acceder a la jubilación parcial establecidos en el apartado 6, letra a), de la DT 4ª LGSS sobre acceso a la jubilación parcial, añadido por el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre. La Sala entiende que recurso no proporciona datos fácticos (no hay motivos de revisión fáctica) ni argumentos para cambiar la convicción alcanzada por la AN que afirma que de la prueba y el relato fáctico se desprende que, aunque hay trabajadores de los puestos controvertidos con gran especialización técnica que son responsables de que estas tareas se realicen adecuadamente, y que supervisan y coordinan lo necesario para que así sea, no se puede concluir, respecto de los trabajadores de esos puestos, que exista una dedicación directa, ni que sea habitual, ni que requiera alta atención en todo momento, teniendo en cuenta, además, que no debe olvidarse que es al INSS a quien compete reconocer o no la jubilación parcial. Y concluye que la sentencia recurrida no ha infringido el apartado 6, letra a), de la disposición transitoria cuarta LGSS sobre acceso a la jubilación parcial, por lo que desestima el recurso.
Resumen: Se levanta acta de infracción por la ITSS frente a Mutua Cyclops, imponiendo sanción de 756.310 euros, reducida a 753.185 euros por Consejo de Ministros, por: 1) Destinar recursos a fines ajenos a la SS que las Mutuas tienen atribuidos; 2) Concesión de beneficios a empresarios asociados; 3) Falta de autorización previa para operaciones arrendamiento financiero o inversiones; 4) No completa segregación Mutua respecto servicio de prevención; 5) Falta verificación requisito de que quien preste asistencia sanitaria acredite volumen facturación prestaciones. Se presenta demanda de impugnación de sanción del Consejo de Ministros. La sentencia declara la nulidad del Acta de infracción por haber caducado las actuaciones inspectoras, ya que se otorgó un plazo adicional al de 9 meses del art. 21.4 LOISS para entregar documentación, sin que la Mutua haya provocado dilaciones indebidas. El dies a quo del cómputo del plazo es cuando se entrega la documentación requerida, no cuando se aporta la complementaria ya dada en soporte digital.
Resumen: La Sentencia de la Audiencia Nacional recurrida desestima la demanda deducida por UGT, CCOO, SIE Y CIG frente a las empresas integradas en el Grupo ENDESA. La demanda solicitaba que se declarase el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo al mantenimiento de los derechos sociales que venían disfrutando hasta el 31/12/2018. Recurren separadamente CCOO, y por otro UGT, SIE y CIG. La Sala IV desestima los recursos, razonando que, contrariamente a lo que defienden los recurrentes el convenio no es fuente de condiciones más beneficiosas en tanto que el carácter normativo del convenio impide considerarle como tal al no tratarse de un acto de voluntad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja o un beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación de trabajo que se incorpora al nexo contractual. Concluye, asimismo que, desaparecida de la normativa que regulaba aquellos beneficios, dejan de ser exigibles. Los beneficios sociales del artículo 78 del Convenio Colectivo no desaparecen porque los jubilados o familiares hayan dispuesto de ellos o hayan renunciado a los mismos; dejan de aplicarse porque, al desaparecer el convenio que constituía su fuente de creación y regulación, dejan de ser exigibles y el grupo empresarial ya no tenía obligación de aplicarlos.
