Resumen: GRAN INVALIDEZ:La Entidad Gestora formuló recurso de casación unificador contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que estimó el interpuesto por el demandante frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de instancia y por la que se le declara afecto del grado de gran invalidez. Alega la Entidad Gestora que debe apreciarse la excepción de cosa juzgada con efecto negativo ya que se han dictado dos sentencias contradictorias sobre los mismos hechos con resultado diferentes, y como en el primer proceso se le niega el derecho que ahora en este se le reconoce, no habiendo variado la situación del actor en el segundo proceso se debe apreciar dicha excepción. Criterio que es compartido por la Sala que estima el recurso del INSS y casa la sentencia recurrida y desestima la demanda. VOTO PARTICULAR.
Resumen: Se plantea demanda de error judicial por considerar el demandante que tanto la sentencia de instancia como la de suplicación incurren en un error judicial subsumible en el artículo 236.2 LRJS por falta de motivación suficiente y error en la valoración de la prueba. La pretensión se desestima. En primer lugar, se aprecia que se cumple el requisito del agotamiento de recursos previstos en la norma procesal, pues no existía posibilidad real y efectiva de articular el de casación unificadora, dada la materia litigiosa. En segundo lugar, se recuerda doctrina acerca del significado del error judicial, su carácter excepcional en cuanto se dirige contra una resolución con autoridad de cosa juzgada. En el caso analizado, ninguna de las sentencias cuya declaración de error judicial se pretende en modo alguno incurren en la falta de motivación ni en el error craso, patente, indubitado e incontestable que sería necesario para así declararlo.
Resumen: Jubilación activa. El debate litigioso consiste en dilucidar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100%, cuando no desarrolla personalmente una actividad por cuenta propia ni ha contratado directamente y tiene a su cargo -contratados por la entidad de la que es administrador- uno o varios trabajadores por cuenta ajena. El Juzgado desestimó la demanda y la Sala de lo Social del TSJ revocó tal decisión, estimando la demanda. La sala IV estima el recurso del INSS por entender que el trabajador autónomo societario no es uno de los sujetos a los que la norma permite disfrutar de una jubilación activa, entender lo contrario rompería la necesaria conexión que la norma exige entre el jubilado y los contratos de trabajo que de él dependen, la cual solo la pueden tener los trabajadores autónomos no societarios, en tanto que si la finalidad de la norma (art. 214.2 LGSS) es favorecer la conservación del nivel de empleo, la jubilación de un trabajador societario (Consejero o Administrador) no cumple con ese presupuesto ya que no es causa de extinción de los contratos, no ha contratado directamente a sus trabajadores, ni además asume el mismo nivel de responsabilidad frente a sus trabajadores que el trabajador autónomo no societario. Sin que quepa aplicar el principio de igualdad, al no ser equiparables las situaciones de los autónomos societarios y los autónomos personas físicas.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en dilucidar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100 por ciento. La demandante es miembro del consejo de administración de una sociedad anónima; titular de un 50% de las acciones (otros dos miembros del consejo de administración son titulares del 45% y del 5% restante); se ha jubilado activamente, y la sociedad tiene contratados a 31 trabajadores por cuenta ajena. La sentencia recurrida, declaró el derecho de la actora a percibir la pensión de jubilación activa en la cuantía del 100%. Sin embargo tal parecer no es compartido por el TS, y tras recordar las modificaciones operadas en el art. 214.2 y 5 de la LGSS e incorporación de una DF sexta bis a la LGSS, declara que no se cumple con los requisitos exigidos para la jubilación activa, pues la jubilación de un miembro del consejo de administración en nada afecta a los vínculos laborales que se concertaron con la persona jurídica, al subsistir la sociedad limitada (el empleador no es el jubilado). Tampoco puede invocarse el principio de igualdad del art. 14 CE entre los autónomos societarios y los autónomos que no han constituido una sociedad porque no son términos homogéneos. Ni la jubilación del actor, que es autónomo societario, afecta al empleo; ni ostenta la condición de empleador, que tiene la mercantil; ni responde con su patrimonio personal de las deudas salariales y de SS.
Resumen: El demandante solicitó la jubilación activa por realización de trabajos por cuenta propia y el INSS le denegó la solicitud por no tener la condición de empresario físico, debiendo su inclusión en RETA a su condición de consejero. Se cuestiona si la ?actividad por cuenta propia?, requerida por el art. 214.1 LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al trabajador autónomo, persona física, o si incluye también al consejero o administrador de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta. Los objetivos, perseguidos por el art. 214.2.II LRJS ? compatibilización del 100% de la pensión de jubilación con los ingresos de actividades profesionales o económicas por cuenta propia, cuyos gastos se compensan con la creación de, al menos, un puesto de trabajo, o el mantenimiento del mismo ? solo son accesibles para el autónomo clásico y no al autónomo societario, porque su actividad se realiza por cuenta de la sociedad y no se compensa por el mantenimiento del empleo, puesto que los trabajadores están contratados por la sociedad y la jubilación del consejero o administrador no constituye causa de extinción de los contratos. La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en cuantía del 100% con la actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo del pensionista (art. 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse extensivamente.
Resumen: El actor, administrador solidario de una SL, es titular de un 25% de las participaciones, se ha jubilado activamente y la sociedad tiene contratados 11 trabajadores. La sentencia de instancia, revocando las resoluciones del INSS declara el derecho del actor a percibir la pensión de Jubilación Activa en cuantía del 100% de su base reguladora mensual. La sentencia de suplicación revoca en parte dicha sentencia, declarando que el derecho del actor a percibir la pensión activa en cuantía del 100% de su BR mensual es con efectos retroactivos del 31/07/2019. Se plantea en casación unificadora determinar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100 %. La Sala tras analizar las recomendaciones de la OIT, del Consejo y del Pacto de Toledo, y la normativa aplicable razona que la jubilación del actor, que es uno de los administradores solidarios y titular del 25% del capital social, en modo alguno podría afectar al empleo, al subsistir la SL y las recomendaciones efectuadas no permiten eludir la normativa vigente en la actualidad, que impide que los trabajadores autónomos que ocupan cargos de consejeros o administradores de una sociedad puedan continuar desempeñando la actividad en iguales términos antes y después de su jubilación, sin efectuar ellos mismos contratación alguna por cuenta ajena, ni aplicar ninguna otra fórmula de fomento de empleo, y percibir el 100% de su pensión de jubilación activa.
Resumen: JUBILACIÓN ACTIVA:El debate litigioso consiste en dilucidar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100%, cuando no desarrolla personalmente una actividad por cuenta propia ni ha contratado directamente y a su cargo uno o varios trabajadores por cuenta ajena. El Juzgado estimó la demanda y la Sala de lo Social del TSJ Rioja la confirmó. Ahora, se estima el recurso del INSS por entender que el trabajador autónomo societario no es uno de los sujetos a los que la norma permite disfrutar de una jubilación activa, entender lo contrario rompería la necesaria conexión que la norma exige entre el jubilado y los contratos de trabajo que de él dependen, la cual solo la pueden tener los trabajadores autonómos no societarios, en tanto que si la finalidad de la norma (art. 214.2 LGSS) es favorecer la conservación del nivel de empleo, la jubilación de un trabajador societario (Consejero o Administrador) no cumple con ese presupuesto ya que no es causa de extinción de los contratos, no ha contratado directamente a sus trabajadores, ni además asume el mismo nivel de responsabilidad frente a sus trabajadores que el trabajador autónomo no societario.
Resumen: Falta contradicción. No se entra a conocer de las tres cuestiones planteadas en casación para la unificación de doctrina por en relación a: 1) Incongruencia omisiva, por no haberse pronunciado la sentencia sobre la existencia de nexo causal entre enfermedad y fallecimiento, por no existir contradicción con la sentencia de contraste, ya que la sentencia recurrida sí se pronuncia sobre dicha cuestión, mientras que la sentencia de contraste no da respuesta a una de las cuestiones planteadas en relación a la calificación del despido; 2) Ausencia de requisitos para imponer responsabilidad civil derivada de incumplimientos empresariales en materia preventiva en relación con la muerte del trabajador por asbestosis trabajador que era fumador desde los 16 años, ya que la sentencia de contraste es inidónea al haber sido casada y anulada; 3) Minoración de las indemnizaciones reconocidas por concurrencia de patologías no laborales en la muerte del extrabajador de Uralita, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste ya que si bien ambas aplican el Baremo para accidentes de circulación, lo hacen sobre circunstancias fácticas distintas.
Resumen: Jubilación activa. El debate litigioso consiste en dilucidar si un autónomo societario tiene derecho a percibir la pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100%, cuando no desarrolla personalmente una actividad por cuenta propia ni ha contratado directamente y tiene a su cargo -contratados por la entidad de la que es administrador- uno o varios trabajadores por cuenta ajena. El Juzgado estimó la demanda y la Sala de lo Social del TSJ Rioja la confirmó. La sala IV estima parcialmente el recurso del INSS por entender que el trabajador autónomo societario no es uno de los sujetos a los que la norma permite disfrutar de una jubilación activa, entender lo contrario rompería la necesaria conexión que la norma exige entre el jubilado y los contratos de trabajo que de él dependen, la cual solo la pueden tener los trabajadores autónomos no societarios, en tanto que si la finalidad de la norma (art. 214.2 LGSS) es favorecer la conservación del nivel de empleo, la jubilación de un trabajador societario (Consejero o Administrador) no cumple con ese presupuesto ya que no es causa de extinción de los contratos, no ha contratado directamente a sus trabajadores, ni además asume el mismo nivel de responsabilidad frente a sus trabajadores que el trabajador autónomo no societario. No obstante, el actor tiene derecho a percibir el 50% de la pensión de jubilación, al ser compatible con su actividad de autónomo societario y cumplir las exigencias de cotización.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones se reclama por el actor a la empresa y a la aseguradora una indemnización por daños y perjuicios en concepto de responsabilidad civil por accidente de trabajo. La sentencia de suplicación confirmó la de instancia que estimó en parte la demanda. Recurre el actor en casación unificadora articulando 4 motivos de recurso en los que se denuncia: incongruencia extra petita de la sentencia de suplicación, improcedencia de la deducción de la indemnización reclamada de las cuantías abonadas al actor en concepto de mejora voluntaria de las prestaciones fijada en el convenio colectivo, indebida inaplicación del incremento de la indemnización por aplicación del baremo de accidentes de tráfico y solicitud de condena al abono de los intereses del art. 20 de la Ley de contrato de seguro. Sin embargo, la Sala IV considera que no concurre el requisito de la contradicción entre sentencias con respecto a ninguno de los motivos de recurso planteados, por ser dispares los debates planteados, ser coincidentes los fallos o las razones de decidir.
