Resumen: La cuestión suscitada es la de determinar si es válido el periodo de prueba que se ha pactado en el contrato de trabajo haciendo constar que su duración será "según convenio o art. 14 del ET". La trabajadora fue contratada el 2-1-2018 como Titulado Grado Medio, y con fecha 23-4-2018 se le comunica la finalización del contrato por no superar el periodo de prueba. El Convenio de aplicación se limitaba a establecer un plazo máximo de seis meses, al igual que el ET, lo que no es más que el límite temporal máximo previsto. La aludida decisión se calificó como despido (nulo por el estado de gravidez de la trabajadora), al tener por no establecido el periodo de prueba (art. 1288 CC). El TS comparte tal parecer y considera que tal pacto carece de eficacia porque si bien dicho periodo se ha pactado por escrito, no se ha consignado la duración máxima del mismo, lo que se erige en un derecho mínimo del trabajador, sin que la remisión al periodo regulado en el Convenio o art. 14 ET efectuada en el contrato satisfaga tal exigencia, porque no fijan una duración concreta del periodo de prueba, sino que establecen la duración máxima del mismo. Por lo tanto, al no establecer una duración concreta del periodo de prueba, se crea una grave inseguridad para la trabajadora ya que desconoce en qué momento, dentro de la horquilla de seis meses que fijan dichos preceptos, ha finalizado el periodo de prueba. El periodo de prueba pactado en el contrato es nulo.
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si incurre en incongruencia omisiva una sentencia en que se plantea si el demandante, controlador aéreo en situación de licencia especial retribuida que accedió a dicha condición antes del 05-02-2010, tiene derecho a que las retribuciones de 2017 y 2018 que reclama sean calculadas conforme a lo que percibió en 2010, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste, ya que: 1) Respecto de la alegación de incongruencia omisiva, la sentencia recurrida resuelve sobre una valoración jurídica lo que no acontece en la sentencia de contraste; 2) Respecto de la alegación de fondo en relación a la aplicación del art. 124 II CC, por cuanto ni lo reclamado ni la razón de pedir se realiza en similares términos
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: reclamación de la indemnización por finalización de contrato de interinidad por vacante que supera los tres años de duración (10 años). Extinción por cobertura de dicha plaza. Consideración de indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato.Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE y de la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19). Reitera doctrina SSTS de 28 de junio de 2021, recurso 3263/2019 (Pleno). También se examina la adecuación del procedimiento de reclamación de cantidad y se llega a la conclusión que es el adecuado en cuanto no se cuestiona la indemnización, sino únicamente si procede o no dicha indemnización, no planteándose cuestión alguna respecto a los parámetros para fijar su importe. Reitera doctrina: STS de 4 de diciembre de 2019, recursos 3053/2018, entre otras.
Resumen: La sala Cuarta reitera la doctrina de la STS, Sala de lo Social, 13/10/2021, (rec. 5108/2018), y con estimación del recurso del actor confirma la sentencia de instancia sobre reconocimiento de IPA. Considera que para la determinación del grado de incapacidad han de tomarse en cuenta las dolencias que invocó la parte actora en el acto de juicio, que no figuraban en el dictamen del EVI. Recuerda que no son hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias que sean agravación de otras anteriores, ni las lesiones o enfermedades que ya existían con anterioridad y se ponen de manifiesto después, ni siquiera las que existían durante la tramitación del expediente pero no fueron detectadas por los servicios médicos. En el caso, las dolencias en las que se ha apoyado la sentencia de instancia para justificar el grado de IPA (lesión radicular medular) estaban presentes antes del dictamen del EVI, 10 de febrero de 2015, y han ido evolucionando en el sentido que refieren los informes emitidos que actualizan la situación a abril de 2015.
Resumen: La sentencia de suplicación recurrida confirma la de instancia que, estimando la demanda, condenó al INSS y a la TGSS a invitar al actor al pago del descubierto de cotización debiendo, una vez efectuado el pago, reconocerle la prestación de incapacidad permanente total. Recurre el actor planteando que, ante el incumplimiento por el INSS del requerimiento de pago de las cuotas impagadas, el derecho a la prestación de incapacidad solicitada es automático. La sala IV desestima el recurso por falta de contradicción entre sentencias. En efecto, mientras que en la sentencia recurrida no se debate la declaración de incapacidad permanente total del actor, en la sentencia de contraste se deniega la prestación por no anular las lesiones que la actora padece la capacidad para el desempeño de su profesión habitual y por descubiertos en la cotización. Ello determina que los debates sean dispares, pues en el supuesto de contraste se alegaba en el recurso que no procedía la invitación al pago de las cuotas omitidas porque las lesiones no eran constitutivas de incapacidad permanente. Y tal debate es inédito en la sentencia recurrida.
Resumen: Se cuestiona el encuadramiento en la Gran Invalidez por pérdida de visión (ceguera). Una trabajadora que presenta una agudeza visual en el ojo derecho de 0,10 y en el ojo izquierdo de 0,15,pero que es superior en todo caso a los parámetros que determinan la ceguera legal en los términos que expone el criterio jurisprudencial reproducido (agudeza visual debe ser inferior a 0,1 en ambos ojos, a 1/10 en la escala de Wecker. En consecuencia, no hay ceguera absoluta porque la actora conserva 1/10 de visión en un ojo y 1/15 en el otro, lo que ciertamente imposibilita realizar cualquier tipo de trabajo y corresponde por ello una incapacidad permanente absoluta, pero no alcanza la situación de ceguera legal.Reitera doctrina (SSTS de 8 de marzo de 2018, Rcud. 1442/2016; de 22 de mayo de 2020, Rcud. 192/2018 y de 29 de septiembre de 2020, Rcud. 1098/2018).
Resumen: Interesante sería este pronunciamiento de no ser porque RD-L 4/2020, derogó el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el art. 52.d) ET. La supresión de este precepto, respondió a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes, que son, en su mayoría, mujeres. La cuestión que se debate en dicha resolución es la relativa a determinar si a los efectos de desactivar la causa objetiva cabe la posibilidad de sumar la duración de varios periodos de IT para que sean considerados como uno solo superior a veinte días, y por lo tanto, no cumputable en aplicación de los previsto en el art. 52.d) ET. Y el TS confirma la improcedencia del despido, pues atendiendo a las circunstancias del caso, fecha del alta médica primera y la fecha de la nueva baja, existe un único día laborable, en el que la trabajadora tuvo que comparecer ante la empresa a prestar declaración en relación a un anterior expediente disciplinario, de forma que no puede considerarse que exista intermitencia. Constando expresamente que la segunda baja tras un día laborable en las circunstancias citadas, es consecuencia de una recaída, es claro que nos encontramos ante un único proceso de incapacidad temporal, por lo que no deviene computable a los efectos previstos en el art. 52 d) ET.
Resumen: Se plantea si la extinción del contrato de una trabajadora contratada como interina por vacante comporta la indemnización de veinte días por año de servicio, en un supuesto en el que la sentencia recurrida calificó el referido contrato como fraudulento y consideró que la relación de la trabajadora era de indefinida no fija. La sala IV no entra a conocer del fondo del asunto al no concurrir la contradicción entre las sentencias comparadas. En la recurrida, la relación entre el organismo demandado y la trabajadora se califica expresamente de indefinida no fija, circunstancia que no concurre en la de contraste. Y es aquel dato el que propicia que considere que la extinción del contrato producida por la cobertura reglamentaria de la plaza implique la obligación de abono de la indemnización discutida. Tal extremo y el razonamiento al mismo inherente no constan en la sentencia de contraste que no consideró que la trabajadora fuese indefinida no fija, sino que estábamos ante la extinción válida de un contrato de interinidad por vacante y razonando que la no concesión de la indemnización se debe a la posterior contratación a través de un nuevo contrato.
Resumen: Por sentencia de suplicación se confirmó la sentencia de instancia que había estimado la demanda de la trabajadora en materia de recargo de prestaciones, confirmándose la imposición del recargo en porcentaje del 30%. Se plantea en casación unificadora una posible incongruencia omisiva de la sentencia de suplicación, por cuanto no se dio respuesta a la denuncia del art. 110.3 LGSS planteada de modo subsidiario, relativa a que la constitución del capital coste del recargo agota cualquier posible ampliación a otra distinta prestación que duplique el ingreso ya efectuado del capital coste. La Sala 4ª, tras sistematizar la jurisprudencia en relación a la existencia de incongruencia omisiva, rechaza que la sentencia impugnada haya incurrido en dicha incongruencia, teniendo en cuenta que se argumentó que no existía razón alguna para aislar el incremento de la prestación básica que se expande sobre el resto de prestaciones, en el caso, respecto de la prestación de viudedad.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la decisión de ENAIRE de extinguir el contrato de trabajo de un controlador aéreo por jubilación forzosa resulta o no ajustada a derecho. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda y califica la decisión de ajustada a derecho, en aplicación de la DA 4ª de la Ley 9/2010, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, que establece que los controladores civiles del tránsito aéreo deben jubilarse de manera forzosa a los 65 años. Al efecto reitera doctrina argumentando que tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso. La Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. Algunas actividades exigen unas condiciones físicas o intelectuales que el transcurso del tiempo puede menoscabar, por lo que en estos casos puede presumirse razonablemente que esa disminución de facultades resulta patente a una edad determinada y sobre esta base establecer la extinción de la relación.
