Resumen: La actora tiene reconocida una pensión de IPT y la Consejería le reconoció un grado de discapacidad del 10%. El objeto del recurso es determinar si los beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez tienen derecho a que se les reconozca a todos los efectos, al amparo de lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, el 33% de discapacidad, o si el precepto incurrió en ultra vires en relación con la autorización normativa. La cuestión ha sido resuelta por sentencias de la Sala Cuarta. El RD Legislativo 1/2013 ha incurrido en un exceso en el mandato de legislación delegada llegando a reconocer un grado de discapacidad del 33% «a todos los efectos» a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, y no exclusivamente a los efectos de aquella Ley. La sustitución de la frase “a los efectos de esta ley” por la de “a todos los efectos” constituye una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera esencial el texto que debía refundir. Si el legislador quería mantener en sus términos la dicción literal del precepto que equiparaba al 33% de discapacidad a los pensionistas de IPT, IPA y GI a los exclusivos efectos de esa ley, no estaba en su espíritu la extensión de este beneficio a todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos que despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un grado de discap
Resumen: Recurre la Mutua la sentencia de suplicación que estimó el recurso de la parte demandante (pareja de hecho e hija del sujeto causante), revocando la de instancia y reconociendo, a la segunda, la pensión de orfandad absoluta (derivada de accidente de trabajo), con el consiguiente incremento. Se discute la pensión de orfandad absoluta (asimilada o impropia) del art. 38 del Decreto 3158/1966, con el consiguiente incremento del 52% de la base reguladora, ante la inexistencia de pensión de viudedad a favor de la pareja de hecho supérstite del causante por incumplimiento de los correspondientes requisitos legales. El TS estima el recurso, casa y anula la sentencia recurrida y desestima la demanda, ya que el incremento de la pensión de orfandad sólo procede en los supuestos de orfandad absoluta, tal como recogen los arts. 175 LGSS y 36 del Decreto 3158/66 (modificado por RD 296/2009). En efecto, dichos preceptos reconocen el derecho a incrementar la pensión de orfandad cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viuedad, pero siempre que se trate de orfandad absoluta. Sin embargo, en los supuestos de orfandad relativa, tal como ocurre en el caso presente, se exige siempre que el progenitor sobreviviente sea beneficiario de la pensión de viudedad, pues cualquier otra interpretación vulneraría la normativa referida y produciría un trato desigual injustificado respecto a los hijos de cónyuges que no acceden a la pensión de viudedad por cualquier otra causa.
Resumen: La sentencia anotada desestima la demanda de tutela de derechos fundamentales , y en la que se rechaza que la empresa demandada, adjudicataria del servicio de transporte y asistencia de emergencias sanitarias para la red de transporte urgente del País Vasco, esté obligada a realizar test rápidos o test de prueba PCR mientras dure la pandemia provocada por el Covid – 19, a los trabajadores con la categoría de técnico de transporte sanitario y técnico de transporte sanitario conductor que hayan estado en contacto directo o indirecto con pacientes Covid -19. No hay previsión legal de la que se desprenda la obligación de la empresa de realizar esa clase de pruebas diagnósticas.
Resumen: La cuestión planteada en la sentencia anotada es la de determinar si la superación del plazo de tres años contemplado en el artículo 70.1 del EBEP, convierte o no en indefinido no fijo el contrato de interinidad por sustitución desde el 31-01-2005, sin que conste que dicha plaza haya sido cubierta reglamentariamente. El TS, reiterando doctrina, declarara que el mero transcurso del plazo de tres años en el contrato de interinidad por vacante, vinculado a oferta pública de empleo, no convierte al contrato en indefinido no fijo. En todo caso, el citado plazo de tres años no puede entenderse como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación puede comportar; al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático. En definitiva, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta concesión.
Resumen: La sentencia reitera la doctrina dela STS de 25 de febrero de 2021 (rec. de casación núm. 4207/2019), donde se examinó la disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, para los PGE de 2007. El precepto legal relativo en su conjunto a la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ordena la utilización de la CNAE para determinar el tipo de cotización. Y con arreglo a dicha norma, el código de la CNAE a atribuir a cada empresa ha de ser el correspondiente a la actividad económica principal de la misma. La TGSS es la competente para determinar esa actividad económica, sin que conste en la citada disposición, el carácter vinculante de la información que obre al efecto en el Instituto Nacional de Estadística. Considera correcto el código 46.39 aplicado a la empresa por la TGSS, "comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco", aunque no conste en el Cuadro I. Finalmente la sentencia concluye, que la empresa no acreditó que fuese emprendedora, por lo que no se entiende infringido el artículo 20 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, sobre el único código de la CNAE que utilizan este tipo de empresas en las relaciones con las Administraciones Públicas.
Resumen: El recurso de casación para la unificación de doctrina tiene por objeto determinar si el escrito de interposición del recurso de suplicación, presentado vía Lexnet por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, está fuera de plazo. El 24/06/2016 se notifica a las entidades demandadas, por el sistema Lexnet, la Diligencia de 13/06/2016, por la que se tenía por anunciado el recurso de suplicación. El escrito fue presentado, por vía Lexnet, el 11/06/ 2016, a las 15,30 horas con sello de entrada en el Juzgado de lo Social de 13/07/2016. El TSJ dicta sentencia en la que considera, partiendo del art. 135.1 LEC, que la ampliación del plazo de gracia que aquel precepto establece - hasta las 15 horas del día siguiente hábil- es clara en cuanto al momento final de ese plazo, por lo que, si el plazo cumplía el día 8/07/2016 y el día de gracia seria el lunes siguiente, día 11/07/2016, hasta las 15, 00 horas, la presentación del escrito a las 15,30 horas de este día, supone que se presentó fuera del plazo marcado por la norma. La Sala IV, en relación con el art. 60.3 LRJS y el art. 151.2 LEC, ha venido señalando que el plazo para interponer el recurso correspondiente, cuando el recurrente es alguna de las entidades o personas a las que se refiere el apartado 3 del art. 60, se tiene por realizado al día hábil siguiente a la fecha de recepción. Esto significa que el día inicial del plazo para interponer el recurso comienza al siguiente del que se tiene por realizado. Se estima
Resumen: La Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción proponiendo la imposición de una sanción de 130.013 euros a la empresa Bonacasa Fruit por infracción muy grave en grado máximo consistente en obstrucción a la labor inspectora del art. 50.4.a) de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Se tramitó expediente administrativo y el Consejo de Ministros confirmó el acta de la Inspección y el recurso potestativo de reposición fue desestimado. La Administración pública declara la responsabilidad de la empresa por su deber de conocer la identidad de toda persona que se encuentra en su centro de trabajo y los hechos fueron percibidos directamente por los funcionarios actuantes, reflejándose en el acta que goza de presunción de certeza que no ha quedado desvirtuada por la prueba evacuada en el juicio. La sala no comparte la cuantificación de la multa. La falta de identificación de nueve trabajadores constituye una infracción por obstrucción a la labor inspectora tipificada como falta muy grave en la LISOS y estima la pretensión subsidiaria, declarando que la sanción propuesta está mal graduada. La sanción debe imponerse en su grado medio. No ha lugar a la pretensión de que se anule el procedimiento por conculcarse el derecho constitucional a la defensa. Voto particular.
Resumen: La sentencia anotada aborda el recurso deducido por el INSS frente a la sentencia dictada en suplicación que reconoce a la demandante el derecho a percibir la pensión de viudedad en el porcentaje del 52 % de la base reguladora de 937,08 euros mensuales, con las correspondientes revalorizaciones, sin la limitación de la pensión compensatoria. En el primer motivo se suscita por la Entidad Gestora que se vulneraron los criterios de valoración de la prueba, que la sentencia incurre en incongruencia al no atenerse al relato de la sentencia de instancia y haber valorado una prueba testifical que fue desatendida en instancia, fundamentando el fallo en un hecho no probado, pero el TS aprecia la falta de contradicción porque la referencial censura que la STSJ parta de hechos diversos a los declarados probados; la recurrida valora lo que el Juzgado considera acreditado de un modo distinto. Tampoco se declara concurrente la contradicción en el motivo segundo dirigido a determinar el momento en que debe acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si debe ser de forma necesariamente coetánea (a la separación o divorcio) o si puede estimarse de manera flexible, y ello porque tal y como tiene reiteradamente declarado la Sala IV, la coetaneidad de la violencia de género y la ruptura matrimonial no ha de interpretarse de manera mecánica, sino valorando todas las circunstancias del caso, lo que dificulta el contraste de sentencias a efectos de unificación.
Resumen: Se plantea en casación unificadora determinar si la situación clínica del actor, vendedor de cupones de la ONCE, permite o no reconocerle la situación de gran Invalidez. La sentencia recurrida, confirmó la sentencia de instancia que no le había reconocido la prestación por gran invalidez interesada con carácter principal ni tampoco con carácter subsidiario la pensión por incapacidad permanente absoluta. Para la sentencia recurrida no procede el reconocimiento de grado alguno de incapacidad permanente por ser la situación de ceguera legal del demandante anterior a su incorporación al mercado laboral en el año 1996. Antes de la incorporación al mercado laboral, en 1994, la agudeza visual del demandante era de 0,1 OD y 0,0 OI. En 2017 se determina un grado residual de secuelas de uveítis y atrofia del nervio óptico, indicándose que la patología era anterior al inicio de su actividad laboral en la ONCE. La Sala concluye que no concurre contradicción. En la sentencia recurrida no hubo agravación de la situación clínica del recurrente respecto a la que ya tenía en el momento en que accedió al trabajo remunerado, pues la situación del actor ya era de ceguera total antes de su afiliación. En la sentencia de contraste, no se parte, antes de la incorporación al trabajo de una situación que fuera calificada como de ceguera total; y se constata una agravación posterior a la afiliación, y al alta como vendedora del cupón de la ONCE e, incluso, a la previa declaración de IPA.
Resumen: Se recurre en casación la SAN que desestimó la demanda de impugnación de convenio colectivo de ASETRADIS, solicitando la nulidad del Título IV de Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera, y subsidiariamente, sus artículos 19.4-5-6, 20 y 21-C. La Sala IV desestima los cuatro motivos de recurso. El Título IV del AME se limita a regular los efectos que la sucesión convencional y la subrogación producen en los contratos de trabajo, sin que del contenido de los mismos resulte que crea barreras de entrada a nuevos operadores. No se observan indefiniciones, indeterminaciones e imprecisiones en el artículo 19.4.5 y 6, 20 y artículo 21 c) del AME. La regulación contenida en el AME no vulnera los principios generales de publicidad, igualdad y transparencia en la ordenación de la adjudicación de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular permanente de uso general de viajeros por carretera. La regulación del artículo 21 c) del AME no supone ventaja alguna para el empresario saliente ya que no le permite proceder de forma unilateral a la adscripción de trabajadores entre el momento de finalización de la vigencia de la concesión y el inicio efectivo de la siguiente. El AME no infringe las disposiciones legales de la libre competencia ya que, como se ha indicado con anterioridad, no impone limitación alguna a las empresas que quieran concurrir a las licitaciones ofertadas por la Administración Pública.
