Resumen: En la demanda de revisión se solicita la revisión de una sentencia que confirmó la resolución del INSS que denegó las prestaciones de orfandad reclamadas. Se apoya el recurso revisión, al amparo del art. 510 de la LEC, en un ato de 11/6/2018 del juzgado de 1ª instancia nº4 de Gavá, relativo a la adopción de los solicitantes por el fallecido. El TS rechaza la revisión pretendida, de acuerdo a reiterado criterio jurisprudencial, porque el documento no es eficaz a efectos de la revisión de la sentencia. En primer lugar, es de fecha anterior incluso a la sentencia de instancia, sin que los recurrentes acrediten, a pesar de incumbirles tal carga probatoria conforme al art. 217 LEC, que el mismo les fuera notificado en fecha posterior a la firmeza de la sentencia cuya revisión se pretende. Además, se ha superado el plazo de 3 meses recogido en el art. 512.2 de la LEC, pues la demanda de revisión se presentó una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha del auto citado. En consecuencia, la demanda es extemporánea.
Resumen: RECURSO DE REVISIÓN:se rechaza por cuanto no es posible apreciar la existencia de causa alguna de revisión puesto que ninguna causa, de las legalmente establecidas, ha sido alegada como fundamento de la solicitud revisora. También se alegó la existencia de error judicial, a lo cual contesta la Sala de revisión que, de existir, tampoco podría fundar la revisión de la sentencia a la que se achaca el error por esta vía de revisión de sentencias firmes prevista en el apartado 1 del artículo 236 LRJS. El apartado 2 de este mismo precepto se refiere, en cambio, al proceso de error judicial destinado a reparar el daño producido por una resolución firme errónea que carece de la posibilidad de rectificación por la vía normal de los recursos. Tal posibilidad no es, desde luego, la pretendida en estas actuaciones.
Resumen: Se presenta demanda solicitando el abono del subsidio de incapacidad temporal entre el 4 de junio de 2019 (fecha en que se le deniega al actor la incapacidad permanente), y el 12 de junio de 2019 (fecha de notificación de la resolución del INSS), con base reguladora diaria de 23,58 euros brutos. Fijación de efectos económicos del subsidio de incapacidad temporal y si aquellos se extienden o no a la fecha en que se notifica al interesado la resolución administrativa, que deniega la incapacidad permanente o desde el momento en el que se califique la incapacidad permanente. Por sentencia de instancia confirmada en suplicación se estimó la demanda. La sentencia tras recordar que las cuestiones relativas a la competencia funcional son apreciables de oficio, sin que sea precisa la existencia de contradicción, declara la incompetencia funcional, y señala que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, puesto que lo que se reclaman son 9 días de prestación de IT que es cantidad inferior a los 3.000 a que refiere el art. 191.2 g) y 192.3 LRJS. Considera igualmente, tras sistematizar la jurisprudencia sobre la cuestión, que no puede apreciarse la existencia de afectación general que no es notoria y ni siquiera ha sido alegada o probada en el proceso por ninguna de las partes. Reitera doctrina STS 20-1-2021 R. 618/2019.
Resumen: El objeto del litigio es la reclamación de cantidad por diferencias en las cuotas abonadas en el convenio especial de seguridad social suscrito tras la extinción de la relación laboral. La Sala IV analiza de oficio la competencia funcional de la Sala de Suplicación y del TS. La aplicación de la doctrina unificada lleva a declarar que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación. El derecho en litigio es cuantificable económicamente, por lo que ha de estarse al importe anual de la suma reclamada, que no alcanza la cifra de 3.000 euros en cómputo anual. Es irrelevante la circunstancia de que la reclamación de cantidad se anude a la declaración del reconocimiento de ese mismo derecho en posteriores anualidades, o que afecte a una prestación económica de periodicidad mensual o que traiga causa de un contrato de seguro para el sostenimiento de un plan de pensiones, puesto que se trata de reclamar a la empresa el pago de unas determinadas cantidades mensuales. No hay dato alguno que permita valorar la posible existencia de una litigiosidad real y actual calificable como afectación general, sin que la sentencia recurrida o la de instancia contenga la menor referencia a tal respecto. Y por último, el hecho de que la empresa no hubiere suscitado esta cuestión en su escrito de impugnación en la fase de suplicación, no impide que la haya planteado expresamente como único motivo de recurso en casación, pues se trata de una cuestión de orden público.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la extinción del subsidio por incapacidad temporal, tras haberse denegado en vía administrativa la existencia de incapacidad permanente, debe tener como fecha de efectos la de la resolución administrativa denegatoria, o la de su notificación a la interesada. La Sala IV reitera doctrina y estima que no se debió admitir el recurso de suplicación por razón de la cuantía, al no superar los 3.000 €, y por no concurrir la afectación general. La recurribilidad de la sentencia no viene determinada porque la cuestión en litigio venga referida a la interpretación y aplicación de una norma que, potencialmente, pueda estar en juego en otros pleitos de similar contenido en materia de SS. Se exige una afectación de hecho, en el sentido de que todos o un gran número de beneficiarios de la SS estén afectados por la cuestión debatida, lo que precisa de la constatación de un nivel de litigiosidad real y acreditado. Y estas exigencias no se dan: ni tal afectación es notoria, ni siquiera ha sido alegada o probada en el proceso por ninguna de las partes o posea, un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. Al contrario, se trata de una mera reclamación de unos pocos días de prestación, para cuya resolución ha habido que interpretar la norma aplicable como ocurre en la práctica totalidad de los conflictos, pero sin que tal circunstancia determine, por si misma, la afectación general.
Resumen: Son dos las cuestiones a dilucidar en la sentencia anotada: decidir si la acción de despido está caducada, analizando la incidencia de la reforma del art. 69 LRJS operada por la Ley 39/2015, y si la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva al rechazar el examen de los demás motivos planteados tras apreciar el citado instituto procesal. La sentencia recurrida declaró caducada la acción. Interpuesto recurso de casación unificadora, el TS declara que la sentencia invocada de contraste para el motivo referido al caducidad de la acción, no resulta idónea la carecer de la condición de firme al momento de finalización del plazo para recurrir (art. 224.3 LRJS). Suerte favorable obtuvo el dirigido a denunciar el vicio de incongruencia omisiva al no pronunciarse la sentencia recurrida sobre la reclamación de cantidad formulada en demanda, y tras descartar la necesidad de articular previamente el complemento de sentencia, entra a señalar lo que ha de entenderse por incongruencia omisiva o ex silentio, para concluir con la falta de enjuiciamiento en la sentencia impugnada de una de las peticiones de la parte actora. Sentado lo anterior y en aplicación del art. 228.2 LRJS entra a decidir sobre el punto concernido al contar con los elementos para ello, no obstante lo cual, y atendiendo a la defectuosa formulación del recurso de suplicación, conduce a la Sala IV inexorablemente a la confirmación de la sentencia recurrida, en el sentido de desestimar el recurso de tal clase formulado.
Resumen: La sentencia anula la recurrida por negar acceso a la suplicación en base a la materia de impugnación de alta médica y cuantía, cuando se denunciaba infracción procesal con indefensión (art 191.3 d y 193 a LRJS). El recurso de suplicación por infracciones procedimentales cabe contra todo tipo de sentencias, aunque sean materias no susceptibles de suplicación (impugnación de alta médica) y no alcancen la cuantía legalmente impuesta. Pero su objeto se constriñe al examen de la infracción de normas o garantías del proceso, sin que quepa aducir ni conocer otro tipo de motivos. Reitera doctrina: SSTS de 28 de mayo de 2008, Rcud. 813/2007 y de 28 de febrero de 2011, Rcud. 297/2010.
Resumen: La Sala IV confirma la estimación parcial de las demandas de conflicto colectivo y declara que la empresa ha incumplido la obligación recogida en el Plan de Igualdad al establecer objetivos colectivos correspondientes al personal con reducción de jornada en concordancia con el trabajo efectivamente realizado. De los hechos probados se desprende que existe una adaptación de objetivos. Por otra parte, se rechaza la alegación de discriminación indirecta respecto del colectivo de mujeres, por el mayor perjuicio que se causa a dicho colectivo, con la indeterminación e inadecuación de los objetivos. En interpretación del Plan de Igualdad, sostiene que lo peticionado en demanda es que se declare el derecho de quienes disfrutan de jornada reducida - con independencia de que dicho personal sea hombre o mujer- a que sus objetivos se reduzcan en igual proporción, pero no así "la base total de incentivos", con alusión a que la base salarial para su cálculo no ha de verse mermada; así como que se declare que la empresa incumple el Plan de Igualdad por no establecer estos objetivos adaptados. Pues bien se estima que los objetivos constan adaptados, atendiendo a la literalidad del Plan de Igualdad, resultando ajenas al presente procedimiento las alegaciones de discriminación indirecta vertidas por el recurrente, pues la dimensión de género que no niega la sentencia de instancia, ciertamente deviene inhábil para modificar la pretensión, concediendo aquello que no se ha peticionado.
Resumen: La cuestión planteada en la sentencia anotada consiste en decidir si corresponde a la trabajadora demandante percibir el premio de vinculación del art. 24 del Ccol del sector de hospedaje de la CAM, según el cual “cuando un/a trabajador/a de sesenta o más años y con una antigüedad mínima de diez años en la empresa cese en la misma por cualquier causa a excepción hecha del despido procedente por sentencia firme, muerte, baja por invalidez permanente total o absoluta y gran invalidez, sin perjuicio de otras indemnizaciones que pudieran corresponderle, tendrá derecho al citado premio en la cuantía que se señala en la tabla adjunta, en función de sus años de antigüedad y de la edad en el momento del cese". La Sala de suplicación entendió que la actora no reunía los requisitos para causar derecho al citado premio, ante la falta de impugnación del despido objetivo. Pero, el TS no comparte tal parecer y declara que el contrato de trabajo de la actora se extinguió por despido individual por causas objetivas, derivado de despido colectivo autorizado por auto del juzgado de lo mercantil de fecha de 09/09/2015, sin que el despido objetivo sea imputable a la voluntad de la trabajadora, al tratarse de una medida que trae causa en la situación empresarial. En consecuencia, el cese fue por voluntad empresarial, y no entra dentro de las exclusiones al derecho fijadas en el Ccol (despido procedente por sentencia firme, muere, baja por invalidez ...).
Resumen: Se cuestiona si el acceso al recurso de suplicación en un supuesto de infracción administrativa en materia de seguridad social se rige por la regla del artículo 192.1 g) LRJS o, por el contrario, por la regla del artículo 191.3 g) LRJS, en un supuesto en el que el importe de la sanción ascendía a 6.215 euros. La demanda se interponía contra el Ministerio de Trabajo que había impuesto una sanción administrativa por importe de 6.251 euros por considerar acreditado que se produjo la infracción prevista en el artículo 23.1 e) LISOS consistente en “Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones”. El recurrente alega que el acto impugnado es en materia de Seguridad Social y que, por tanto, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 €, art. 191.2.g) LRJS. La cuestión debatida ha sido resuelta por la Sala. Se estima que la restricción que se establece en el art. 191.3 g) LRJS sobre la recurribilidad en suplicación de las sentencias de instancia, limitada a la cuantía de 18.000 €, únicamente afecta a las que se impongan en materia laboral, no de Seguridad Social. El acceso al recurso únicamente vendrá limitado por la cuantía general de 3000 euros, calculada en la manera prevista en el artículo 192.4 LRJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretend
