Resumen: Precisar quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en relación con los inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, si las Comunidades Autónomas o la mencionada Tesorería. Suscita las mismas cuestiones que los autos de 19 de septiembre de 2019 (RC/2977/2019; ECLI:ES:TS:2019:9028A) y 5 de diciembre de 2019 (RRCA/4166/2019; ECLI:ES:TS:2019:12945A y 4174/2019; ECLI:ES:TS:2019:12941A).
Resumen: Consta que el causante se separó de su 1ª esposa en 1986, contrayendo matrimonio con la actora en 1989, distribuyéndose la pensión proporcionalmente por resolución del INSS de 1996. En abril de 2017 fallece la primera esposa y la viuda reclama la pensión íntegra, lo que resulta denegado. En la demanda reclama la actora el abono íntegro de la pensión de viudedad. La sentencia de suplicación revoca la sentencia de instancia estimatoria de la demanda. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción a pesar de aplicar las sentencias comparadas normas diferentes y exhaustiva remisión a la evolución normativa sobre la materia, interpreta sistemáticamente el art. 174.2 LGSS 1994 en la redacción dada por la ley 26/09- razonando que en la misma se consagra la percepción proporcional de la pensión por la viuda y la 1º esposa, sin perjuicio de los mínimos establecidos para la viuda, y se establece que la subida o bajada de la pensión para uno de los beneficiarios repercute en el otro. Ello conduce a estimar el recurso de la actora y declarar que, cuando la pensión del excónyuge se extingue, la parte de su pensión se traslada a la del viudo o conviviente. Sin que ello implique que la muerte de la excónyuge constituya un nuevo hecho causante, ni se trate de una revisión de los porcentajes de pensión atribuidos, ni de un acrecimiento de la pensión. Sin que esta solución no es aplicable a supuestos de fallecimiento del viudo o de reparto de la pensión entre excónyuges.
Resumen: Se resuelve si las empresas del sector turístico y asimilado que cumplan con las condiciones fijadas en la DA 110.1 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, disponen de un plazo de 3 meses (art.20.4 del TRLGSS) para aplicarse las bonificaciones previstas, o del plazo de 4 años del artículo 26.4 del mismo texto legal previsto para solicitar ingresos indebidos o reembolso de los costes de las garantías y pago de las cantidades declaradas por sentencia. Determinación de la aplicación del plazo de tres meses establecido en el art.20.4 del TRLGSS, que se computará desde la fecha de publicación de la Ley 3/2017, como plazo aplicable para solicitar las bonificaciones que prevé la DA 110.1 de la referida Ley. Con base en ello se determina la extemporaneidad de una solicitud de devolución presentada correspondiente a los beneficios no practicados en la liquidación de los meses de febrero y marzo de 2017. Consideración delart.20.4 del TRLGSS como norma específica. El retraso en la publicación de la LGP tiene como consecuencia el retraso del inicio del cómputo del plazo, pero no la aplicación de una diferente regulación, como sería la relativa a la devolución de ingresos indebidos. Distinción de las diferentes regulaciones: reintegro de beneficios en la cotización y devolución de ingresos indebidos.
Resumen: Se debate la procedencia o no del recargo de prestaciones de SS derivadas del accidente sufrido por el trabajador. La sentencia de suplicación confirma la resolución que impuso a las empresas recargo del 30% por falta de medidas de seguridad. Se debate ante la Sala IV el alcance del efecto positivo de cosa juzgada que tiene la previa sentencia firme del orden Social que anuló la sanción administrativa sobre la pretensión de recargo de prestaciones. Se considera que la posible eficacia vinculante de lo resuelto en el primer litigio dimana del art. 222 LEC (efecto positivo), a lo que no es óbice la diversidad de objetos de uno y otro proceso, siendo lo trascendente si lo decidido en el primer proceso actúa como condicionante del segundo. En el caso, acreditado en la SJS que el accidente se produjo sin mediar infracción alguna por parte de las empresas, tal pronunciamiento ha de ser respetado en el presente proceso para dar cumplimiento al art. 222.4 LEC, y resolver de acuerdo con lo ya decidido en sentencia firme. Se estima el recurso de las empresas y se declara la firmeza de la sentencia de instancia que dejó sin efecto las resoluciones del INSS que impusieron el recargo.
Resumen: Al trabajador le fue denegada la solicitud de pensión de jubilación al no encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. El demandante figura de alta en la SS en los períodos que constan no habiendo abonado las cuotas correspondientes al período de 10/2008 a 06/2013. Estuvo percibiendo subsidio por desempleo desde el 26/09/2015 a 10/07/2017. La sentencia aplicó el artículo 47.1 de la LGSS que establece el requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la SS, que también regula el mecanismo de la invitación al pago previsto en el art. 28.2 del R:D. 2530/1970, de 20 de Agosto para los trabajadores autónomos. Se plantea en casación unificadora la cuestión de determinar si para considerar a un trabajador afiliado al RETA, que solicita pensión de jubilación, que se halla al corriente en el pago de sus cuotas exigibles en la fecha en que se entienda causada la correspondiente prestación, le es exigible el abono de las cuotas ya prescritas en el momento del hecho causante. La Sala IV reiterando doctrina concluye que es requisito exigible para causar derecho a las prestaciones en el RETA que el trabajador se encuentre al corriente en el pago de las cuotas exigibles en el momento del hecho causante, aunque estuvieran prescritas, estando previsto el mecanismo de invitación al pago por parte de la entidad gestora, salvo que, como ocurre en este caso, las cuotas impagadas estaban prescritas al acaecer el hecho causante.
Resumen: No entra a conocer la sentencia de las dos cuestiones planteadas en casación unificadora en relación: 1) A si las empresas responsables de los daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional deben serlo de forma mancomunidad (sentencia recurrida) o solidaria (sentencia de contraste); y 2) Si se ha vulnerado el art. 24 CE por incongruencia al suponer reformatio in peius, puesto que no cabe que por la vía de la impugnación del recurso de suplicación se revoque parcialmente una sentencia que la parte impugnante no recurrió, puesto que se adiciona una condena al importe de lo establecido en la instancia sin que hubiera recurrido la sentencia por la parte que vio desestimada dicha pretensión, por no apreciar la existencia de contradicción con las dos sentencias de contraste. Considera la Sala que: 1) La sentencia invocada de contraste para el primer motivo no resuelve el debate sobre la existencia de solidaridad o mancomunidad, por cuanto no se planteó en instancia; 2) Respecto de la sentencia invocada de contraste para el segundo motivo, no existe identidad en los hechos relativos a las infracciones procesales denunciadas ni en los debates planteados en ambas sentencias, ya que en la recurrida se discute la aplicación del efecto de cosa juzgada, mientas que la sentencia de contraste resuelve que la condena al abono de intereses exige una solicitud previa
Resumen: La Sala IV declara la nulidad de la sentencia recurrida tras apreciar de oficio la falta de competencia funcional de la Sala de lo Social del TSJ para conocer del recurso de suplicación interpuesto. En el caso se trata de una reclamación contra la resolución del SPEE que declara la extinción del subsidio y ordena un reintegro en cuantía inferior a 3.000 €. Se reitera doctrina que establece, respecto a la recurribilidad relativa a la impugnación de una resolución sancionadora de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, que hay que estar a los efectos del recurso, al contenido económico de la prestación o del acto objeto del proceso, en su caso, en cómputo anual y al contenido económico del acto cuya anulación se pretende, incluidos los actos de carácter sancionador, como el que nos ocupa, ex art 192.4 LRJS. Pues bien, se cuestiona la extinción de un subsidio por importe de 1.817,60 €, por lo que la cuantía reclamada no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación y, la cuestión debatida no tiene el alcance general exigido, pues dicha circunstancia, ni es notoria ni ha sido tampoco alegada y probada en juicio ni se aprecia dato alguno que permita deducir que posee claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, toda vez que lo debatido es la extinción del subsidio por desempleo de un beneficiario en atención a sus concretas circunstancias personales.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si procede declarar la responsabilidad empresarial respecto de la base reguladora de la pensión de IPT, derivada de accidente de trabajo, haciendo responsable a la empresa en la diferencia entre la reconocida y la que resultaría de tomar la cotización realizada por aquella. La Sala IV declara que no existe responsabilidad empresarial en el pago de la prestación al haber cumplido en el pago de la cotización correspondiente al contrato para la formación y el aprendizaje conforme a las reglas propias del mismo. No se le puede hacer responsable al empresario de una prestación cuando no ha incurrido en incumplimiento alguno en relación con sus obligaciones con la SS. Esto es, se han cumplido por la empresa con todas las normas generales y particulares que permiten al trabajador el acceso a la prestación de invalidez, con lo cual la responsable en el pago es la Mutua Colaboradora. Además, no es posible mantener que la empresa haya incurrido en infracotización generadora de la responsabilidad exigida. No está declarado probado que lo cotizado en relación con el trabajador fuera incorrecto, esto es que lo que cotizado en el año de referencia fuera inferior a lo marcado por las respectivas normas en la materia.
Resumen: La sentencia anotada reitera la doctrina relativa a la interpretación y aplicación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al 27/12/2013 y que continúen vigentes a la entrada en vigor del RDL 17/14 ( el 31/12/2014), pueden seguir desarrollándose válidamente cualquiera que sea la actividad, temporal o permanente, que haya sido contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Partiendo de la definición de los trabajos de colaboración social se analiza la evolución de la jurisprudencia en la materia y que concluye con que que la exigencia de temporalidad va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación de desempleo, de suerte que se exige a la administración pública contratante la acreditación de la obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su exacta localización, así como la duración prevista del total de la obra, trabajo o servicio. Aquella disposición se trata de una norma legal con vocación transitoria.
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación que, confirmando la de instancia, estimó la demanda y reconoció el derecho a pensión por jubilación anticipada, considerando acreditado el abono de la indemnización por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido documento privado, careciendo de relevancia la ilegalidad del pago en efectivo tras Ley 7/2012. Ante la cuestión de si para el acceso a la jubilación anticipada cabe acreditar el cobro de la indemnización mediante documento privado, la Sala 4ª, siguiendo su propia jurisprudencia en que se determinó que en los supuestos de jubilación anticipada por cese producido como consecuencia de reestructuración empresarial (art. 161 bis 2 A) d) LGSS), debe acreditarse haber percibido la indemnización correspondiente mediante transferencia bancaria o documentación equivalente, concluye que el documento privado no lo es, ya que el legislador modificó la norma para eliminar la posibilidad de alegar que se había percibido la indemnización cuando ello no fuera cierto, de ahí que la transferencia bancaria sea el referente, ya que lo que se pretende es que exista constancia de que efectivamente se ha percibido la indemnización, siendo instrumento inadecuado aquél que únicamente consigne una manifestación de voluntad de las partes de saldar el débito indemnizatorio, sin que exista una justificación efectiva y contable de que se ha producido el percibo de la misma.
